Durante la crisis financiera a fines del 2008, los afiliados a las AFPs llegamos a perder casi 50% de nuestro fondo. El haber jugado las pensiones a una ruleta financiera altamente riesgosa, no es el único problema causado por la privatización del sistema de pensiones. Hay otros problemas igual de serios.

¿Jubilación anticipada =problemas postergados? El gobierno ha promulgado recientemente la ley que crea el régimen especial de jubilación anticipada para desempleados en el Sistema Privado de Pensiones (SPP). (Ver reglamento) Esta ley establece que tendrán derecho a la jubilación anticipada, los afiliados al SPP que cumplan con: a) tener 55 años de edad si son hombres y 50 si son mujeres al momento de presentar su solicitud; b) estar desempleados 12 meses o más; y c) que la pensión calculada resulte igual o mayor al valor de una remuneración mínima vital. Este régimen especial estaría vigente sólo hasta el 31 de diciembre del 2012 y brinda el derecho al cobro anticipado del bono de reconocimiento. Además, esta ley menciona también que, si la pensión calculada no resulta igual o mayor a la Remuneración Mínima Vital (RMV) –que asciende a 550 nuevos soles- las AFPs devolverán los aportes que el afiliado tiene en su cuenta individual de capitalización. Hay varias críticas que hacer a esta ley. En primer lugar, la protección a una situación de desempleo, debería ser previsto y resuelto por otro instrumento de la seguridad social que podría ser un seguro por desempleo. No utilizando los fondos de jubilación. Además, se estaría promoviendo la desigualdad en la protección social, dado que quienes tuvieron mayores ingresos obtendrían una mayor protección social con relación a los trabajadores temporales y de bajos ingresos. Es también sorprendente que se proponga devolver los aportes de la cuenta individual al afiliado cuando este no alcance o supere los 550 soles referida a la Remuneración Mínima Vital. Esto significaría dejar sin pensiones a todos estos peruanos y peruanas. Cobren ahora, pero quédense en el desamparo durante su vejez, es la alternativa que da el gobierno con esta ley. Ello va en contra de lo dispuesto en los artículos 26°, 28°, y 30° del Convenio N° 102 de la OIT que garantiza una pensión periódica por vejez que cubra las necesidades del pensionista hasta una edad indeterminada. Toda ley que lesione o vulnere las normas mínimas sobre seguridad social previstas en el Convenio N° 102 de la OIT implica también una vulneración de las leyes peruanas. Por eso es indispensable una revisión de la ley. Artículos del convenio N° 102 de la OIT que garantizan una pensión por vejez Artículo 26.1: “La contingencia cubierta será la supervivencia más allá de una edad prescrita”. Artículo 28: “La prestación consistirá en un pago periódico (…)” Artículo 30°:”Las prestaciones mencionadas en los artículos 28 y 29 deberán concederse durante todo el transcurso de la contingencia.”   ¡Lastima que no hayan elecciones cada tres meses! Acabaríamos cobrando unas pensiones dignas

El primero es que para el 65% de los asalariados, sus empleadores evaden las contribuciones a los planes de pensiones.

El segundo: las pensiones apenas alcanzan S/. 620 en promedio (modalidad de retiro programado, que es la mayoritaria), con lo que más del 42% de la población continúa trabajando luego de la edad establecida para la jubilación (65 años).

Hay un tercer problema: las AFPs ha desfinanciado el Sistema Nacional de Pensiones (19990), reduciendo las pensiones de los jubilados y obligando a un aporte del Tesoro Público del orden de los 3 mil millones de soles anuales. Este problema se debe a que, al introducirse las AFPs, una enorme proporción de trabajadores cotizantes se traspasó al Sistema Privado de Pensiones (SPP). De esta manera, aunque el número de jubilados no se redujo, sí disminuyó el número de quienes aportan para sostener sus pensiones, creándose un enorme desbalance financiero. Este desbalance ha sido cerrado de dos maneras: con aportes del tesoro y con recortes de las pensiones reales.

Finalmente, las comisiones cobradas por las AFPs peruanas están entre las más altas de Latinoamérica. El funcionamiento del sistema privado de pensiones en el Perú refleja una relación asimétrica e injusta: a la par que la rentabilidad de los fondos de los trabajadores es incierta, las administradoras AFPs obtienen grandes utilidades. Es decir: los afiliados no ganan con seguridad en sus cuentas individuales -sobre las cuales se determinarán sus pensiones en el futuro- pero las AFPs -gracias a las altas comisiones que cobran por administrar esas cuentas- si tienen seguras sus ganancias.

La mejor evidencia de lo poco atractivo que son las AFPs para los trabajadores es el escasísimo número de independientes que cotizan efectivamente. Si el sistema es tan bueno, ¿Por qué casi todos los cotizantes están entre quienes deben asegurarse obligatoriamente, y quienes no tienen esta obligación, no cotizan?

De continuar con este sistema de AFPs que privilegia la capitalización individual y no contempla una pensión básica universal financiada solidariamente, las perspectivas para el año 2050, cuando la población mayor de 65 años sea 16% del total (en vez del 6.5% que es hoy), serán dramáticas. La baja cobertura y pequeños montos de pensión obedecen a que el diseño del sistema de protección social se limita al trabajo dependiente en un país con altos niveles de informalidad laboral.

EN LATINOAMERICA, MIENTRAS TANTO

Varios países de Latinoamérica, incluso con sistemas de pensiones privados, han establecido mejores sistemas y reformas importantes.

En Uruguay, se mantiene un sistema público obligatorio y las AFPs solo son complementarias, y hay una AFP estatal que regula en el mercado las comisiones, registrando la mitad de los afiliados.

En Chile, una reciente reforma ha reforzado sustancialmente las pensiones públicas, asegurando una pensión mínima a todos los chilenos y aumentando – con aporte del Tesoro – las pensiones a los sectores de bajos ingresos. Otros países, como Argentina, han optado por una solución radical: desaparecer el sistema privado de pensiones y regresar a un sistema público. (Ley 26.425)

La creación de un sistema universal no contributivo, como parte de un sistema de pilares múltiples, sería la principal reforma que se requiere. Así lo reconocen organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo o el Banco Mundial.

MEJORANDO EL SISTEMA PRIVADO

Además, hay que hacer mejoras sustanciales en el diseño del sistema privado de pensiones con el objetivo de hacerlo más equitativo, competitivo y eficiente. Entre otras:

1. Permitir e incentivar la participación de los afiliados en la administración del sistema. El Convenio 102 de la OIT (norma mínima de seguridad social), ratificado por el Perú, establece que cuando la administración de la seguridad social no se encuentre a cargo de “una institución reglamentada por las autoridades públicas o un departamento gubernamental responsable ante un parlamento”, representantes de las personas protegidas deberán participar en su administración o estar asociados a ella con carácter consultivo.

2. Para reducir las comisiones, se pueden tomar medidas para reducir los costos de las AFPs. La centralización de actividades como la recaudación y el otorgamiento de prestaciones mejoraría la eficiencia del sistema y reduciría los costos de administración por economías de escala. En Chile se ha centralizado la gestión y otorgamiento de prestaciones del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia en un único ente elegido por mecanismos de licitación. En México, la recaudación está centralizada.

3. Reducir las comisiones también puede lograrse con una mejor competencia entre AFPs. Esa competencia hoy es limitada porque los afiliados tenemos muy poca información para saber cuál AFP es mejor. En Bolivia se llevaron a cabo licitaciones para asignar la administración de los fondos a las AFPs que otorguen las mejores condiciones, y obtuvieron comisiones mucho menores. Eso mismo aprobó el actual gobierno en la ley para el nuevo régimen para microempresas, que ha quedado sin implementación. Otra opción es simplemente establecer una comisión tope, como se hizo en Argentina. En Uruguay, la AFP estatal funciona como reguladora del mercado. En cualquier caso, aumentar la competencia permitiendo que los bancos ofrezcan el servicio de qué AFP es conveniente.

4. El monto de las pensiones en las AFPs hoy se determina sobre la base de tablas de esperanza de vida diseñadas para realidades distintas a la peruana. El problema es que considerar una esperanza de vida mayor a la real lleva a determinar cuantías menores de pensión. Estudios que consideren una esperanza de vida acorde a la realidad peruana tendría un efecto positivo en los montos de las pensiones. Tampoco debe aceptarse la discriminación entre hombres y mujeres, debiendo usarse una tabla de vida única para evitar que las mujeres obtenga pensiones menores solo porque tienen mayor esperanza de vida.

Pero cabe una pregunta mayor: ¿por qué no simplemente desaparecemos las AFPs y se establece un sistema de ahorro para pensiones de jubilación estrictamente voluntario, con ventajas tributarias que lo promueva? Muchos países que tienen sistemas básicos de pensiones solidarias, permiten sistemas complementarios de este tipo, como en Estados Unidos, Brasil o Australia. Esta alternativa tiene la ventaja de permitir que cada persona ahorre para su vejez de acuerdo a sus propias preferencias, dentro de una cartera más amplia (que incluye vivienda, Compensación por Tiempo de Servicios CTS, inversión en capital humano de uno mismo y de los hijos, posible migración, inversión en la propia empresa, además de toda la gama de inversiones financieras). Complementada con un sistema solidario.