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Notas para un espacio de memoria

Notas para un espacio de memoria

op-1memoria_04Por Salomón Lerner

La necesidad de que el país cuente con un lugar consagrado a la memoria de las víctimas de la violencia armada es una idea que goza de amplia aprobación. Esta se apoya en la convicción de que una práctica del recuerdo fomentada desde el Estado constituye un acto de  reconocimiento y justicia, a la vez que una forma sensata de expresar y ampliar el aprendizaje colectivo logrado en esos años. Resulta conveniente, sin embargo, considerar con algún cuidado qué implican estos fundamentos conceptuales a fin de aclarar, también, qué cabe esperar y reclamar del importante esfuerzo que se ha puesto en marcha.

De una parte el  reconocimiento alude a la importancia de hacer presente el recuerdo de las personas que fueron muertas o afectadas por los actores armados, sin distinción de su origen. Implica rescatar los nombres y las memorias de las víctimas, lo cual significa restituirles su condición humana. Hay que recordar que durante el desarrollo de la subversión senderista y la política contrasubversiva estatal, los actores armados hicieron uso de una violencia que pretendían fuera “ejemplarizante” o intimidatoria.

Es decir, mataron y torturaron a hombres y mujeres concretos para infundir así miedo en otros hombres y mujeres indeterminados. Sus víctimas fueron, pues, reducidas a la calidad de “cosas”, de “instrumentos”. Y ello se mantiene y se prolonga por medio de los varios caminos y coartadas del olvido. Frases como “dar vuelta a la página” o aquella que alude al “costo social de la paz” no hacen sino reeditar en nuestro tiempo la misma ideología materialista y antihumanista en que coincidieron, viniendo desde orillas opuestas, el senderismo y cierto militarismo.

Frente a ello, el empeño en reconocer memorias y rescatarlas tiene la cualidad de un acto radical de rechazo a la ideología y las bases culturales de la violencia armada. Y posee, además, otra importante significación: se trata de quebrar esa tendencia a la exclusión de clase, de etnia y de género, que ha prevalecido secularmente en nuestro Estado y en la sociedad, para sustituirla por una cultura de inclusión. El reconocimiento del que hablamos, si tiene como su centro a las víctimas, es, al fin y al cabo, un gesto de fraternidad y respeto a los familiares y allegados a ellas.

De otro lado la noción de aprendizaje colectivo –el otro fundamento de este esfuerzo de memoria– no debe ser entendida como la presentación de un conjunto de verdades o de lecciones que deban ser repetidas dócilmente. En la historia de nuestra violencia, la falta de espíritu crítico y dialogante sobresale como un factor gravitante. Aprender no es repetir ideas sino cotejarlas; es someter a examen preconcepciones y prejuicios, iniciarse en la práctica del diálogo colectivo, repensar crítica y constructivamente los valores por los que queremos vivir. En el ámbito de la memoria de la violencia, hablamos de aprender de las fallas de nuestra historia y de la insuficiencia de nuestras instituciones, y de comenzar a mirar con menos complacencia el orden social en el que nos encontramos inmersos. La ausencia de una reflexión seria sobre la exclusión y el maltrato en la feria electoral de estos días es una señal estruendosa de que todavía nos hallamos muy lejos del camino del aprendizaje.

A nuestro juicio, las bases que justifican, sostienen y hacen imprescindible la creación de un lugar de memoria deberán  pues cumplir con ciertas condiciones y características que esperamos sean tomadas en cuenta. Una vez más, es imperativo escapar del fetichismo de lo material para entender que esas condiciones no se refieren únicamente a las calidades del edificio y de la muestra que este albergará. Toda memoria es un acto de relación humana. Y así, en la creación de un lugar de memoria, el proceso por el cual este se constituye es tan importante como el resultado final.

La rememoración colectiva es, por naturaleza, una experiencia de diálogo, una combinación de lenguajes y de experiencias. A esa naturaleza plural y convocante debería responder, también, el futuro espacio de memoria. Pero no se debe confundir diversidad con relativismo ni mucho menos con una repartición de cuotas que satisfagan a los actores que tuvieron responsabilidades por los crímenes del periodo de violencia. Tampoco hay que pensar en una celebración o una exaltación de protagonismos, sino en una conmemoración y un homenaje a quienes fueron las víctimas.  Su  memoria  debe  ser el centro del esfuerzo y, también, un doloroso pero efectivo punto de inicio para los aprendizajes que lamentablemente no hemos realizado aún.

La política peruana ha terminado por convertirse  –si es que no siempre lo fue– en el reino de lo efímero y de lo insustancial; es decir, en un territorio donde solamente parecen tener lugar preocupaciones pasajeras y carentes de densidad y gravitación positiva sobre la vida de los peruanos. Habrá quienes sostengan que ello no es una situación exclusiva del Perú sino que refleja una tendencia mundial. No niego la amplitud internacional de ese síndrome contemporáneo; recalco, sin embargo, cómo es que él se ha exacerbado en el Perú a juzgar por un proceso electoral en el que la discusión de cuestiones significativas es una excepción casi inexistente.
Existe, pues, un escaso espesor temporal en la política nacional. Vivimos en una sociedad que casi no acumula experiencias para aprender y discutir alrededor de ellas. El presente, que es siempre una apertura a lo posible, se ha convertido paradójicamente en nuestra cárcel. Liberarnos de ella demanda, entonces, construir una distinta relación con nuestro pasado y, en particular, con sus  zonas más turbulentas y, por lo mismo, más desafiantes y aleccionadoras.

A todas luces, los años de violencia armada (1980-2000) sobresalen entre los periodos del pasado que necesitamos recapturar. Esos años, entre otras experiencias, colocan  ante nosotros una cantidad abrumadora de nombres y rostros de víctimas, procedentes, mayoritariamente, de los sectores más excluidos por el Perú oficial. Sin duda, ellos y ellas deben ser el referente más poderoso de nuestro recuerdo; sin embargo, la violencia tuvo, tiene, innumerables aristas que también han de ser rescatadas por la memoria y la inteligencia: fallas institucionales, graves desequilibrios regionales, vacíos del Estado,  historias previas de conflictividad, intolerables desigualdades étnicas, entre  otras.

Por lo señalado, el espacio de memoria que se está planificando por la Comisión de Alto Nivel creada para ese fin debe cumplir un papel decisivo en el posible rescate de nuestra civilidad política. Como se planteó en su momento, lo ideal hubiera sido que la creación de un espacio (necesario en sí mismo) se hubiera acompañado también del diseño de toda una política nacional de memoria. Ello quiere decir que, ante la efervescencia del impulso conmemorativo en muchas partes afectadas del país, ante la orfandad, que nace de la ignorancia, del sector escolar en lo tocante a este tema, frente a la escasez de oportunidades para seguir investigando al respecto, y, fundamentalmente, frente a  la inercia de una porción considerable de la sociedad sobre el cultivo del recuerdo, era necesario un desarrollo institucional más abarcador al respecto.

Tocará a un futuro gobierno encarar la tarea con ese ánimo. Al margen de ello, no se puede desconocer la importancia que tendrá el lugar que hoy se está planeando, y por ello se hace necesario que la sociedad mantenga sus ojos y haga oír su voz sobre la marcha de este proyecto. Cabe enfatizar que ningún proceso valedero de memoria podrá cumplirse prescindiendo de un amplio escenario de diálogo en el que los principales afectados puedan expresar sus expectativas, al tiempo que sus formas particulares de recordar. Eso es tanto más necesario en un país pluricultural como el nuestro, donde, además, el 75% de las víctimas fueron indígenas.

Todavía no está cumplida la tarea de oír todas las voces de los afectados por la violencia. El futuro lugar de memoria debería ser entendido, por ello, antes que como un museo, como un organismo vivo, dispuesto a seguir oyendo y a seguir construyendo y relatando esa historia. Ello implicaría dar el debido lugar –en el mismo proyecto ya en marcha– a organizaciones empeñadas en el mismo esfuerzo, tales como el Consejo de Reparaciones o las Asociaciones de Familiares Víctimas de la Violencia. De igual manera, tener un espacio vivo significaría dotarlo de salas de estudio, de repertorios de investigación accesibles, de espacios interactivos, de propuestas didácticas para el mejor aprovechamiento de la población que lo visite, de la existencia de una oficina del Consejo de Reparaciones.

Pero, sobre todo, es indispensable que tal espacio permanezca fiel a su idea inspiradora: la presencia de la muestra fotográfica Yuyanapaq, y de la escultura El Ojo que Llora, manifestaciones que en su momento condensaron desde una perspectiva incluyente y honesta el complejo relato que reconstruyó la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Tomando como punto de partida ese esfuerzo de integración y de objetividad, y otorgándole objetivos más abarcadores, podríamos sentar un ejemplo de cómo recuperar el pasado para, entendiéndolo, darle una vida más significativa a nuestro presente.

 

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