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Tía María: 432 millones de razones

Tía María: 432 millones de razones

op01-ambiPor Humberto Campodónico

En lo que concierne a Tía María, la empresa ha enviado al gobierno peruano información adicional sobre este proyecto, lo que incluye la posibilidad de usar agua de mar. Se espera que el gobierno tome una decisión acerca del Estudio de Impacto Ambiental en abril del 2011, después de lo cual comenzará la construcción en el II Trimestre del 2011 y la producción comenzará en el IV Trimestre del 2010. La inversión estimada asciende a US$ 934 millones, de los cuales, al 31 de diciembre del 2010, ya se han desembolsado US$ 432.5 millones.

 Es lo que dice el Informe Financiero del IV Trimestre del 2010 del Grupo México (1), propietario de Toquepala y Cuajone, que ahora desarrolla el proyecto Tía María, en Cocachacra, Arequipa. SPCC, subsidiaria del Grupo México, ya ha comprado, entre otros, 20 volquetes de 240 toneladas, 2 palas de 60 yardas de capacidad, 2 perforadoras, tractores, motoconformadores, cisternas para el riego de caminos, además de insumos para las chancadoras primarias, secundarias y terciarias.

Es necesario saber que, de acuerdo con la legislación vigente, cualquier proyecto minero —incluido Tía María— solo puede desarrollarse si, previamente, se ha aprobado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) del Ministerio de Energía y Minas (MEM).
El proyecto ha generado un fuerte y masivo rechazo de los agricultores, por diversos motivos que son de público conocimiento y que van desde la oposición a que la nueva mina utilice el agua de la zona hasta el rechazo puro y simple a la actividad minera en la zona (“Tía María: la plata es lo de menos”, www.cristaldemira.com, 19/04/2010).

La idoneidad del EIA (elaborado por una consultora contratada por SPCC) y la imparcialidad para su aprobación generan desconfianza porque hay aquí un evidente conflicto de intereses. En efecto, el MEM tiene como política, de un lado incentivar las inversiones en el sector minero y, de otro, aprueba los EIA a través de la DGAAM.

Dicho de otro modo, los agricultores no confían en la DGAAM porque sospechan que “desde arriba” los empujan a la aprobación del EIA, sí o sí. Debido a esa presión, en diciembre pasado el MEM le encargó a la Oficina de Naciones Unidas para el Servicio de Proyectos (UNOPS) que evalúe el EIA de Tía María “a fin de mejorar los procedimientos ambientales”.

Pues bien, el informe de la UNOPS indica que hay 138 observaciones que deben ser subsanadas. Dice la UNOPS que el EIA no considera la historia regional y local de la zona ni los últimos conflictos suscitados, entre otras informaciones que permitirían interpretar mejor la realidad. Agrega que la elaboración de un mapa de vegetación y otro de hábitats permitiría cuantificar las pérdidas —ambientales y a la población de la zona— que causaría Tía María.
Lo reseñado nos indica que quienes alientan la inversión minera tienen la sartén por el mango. Recordemos que en los países vecinos los EIA petroleros y mineros son aprobados por el Ministerio del Medio Ambiente, lo que no sucede aquí porque los “lobbies” desean una “luz verde” permanente para los sectores extractivos.

En Tía María la empresa ya ha desembolsado US$ 432 millones (seguro pensó que el EIA se lo aprobaban sí o sí) y probablemente está haciendo todo lo que puede para no perder ese dinero. Un tema clave, entonces, es que las inversiones no pueden venir antes que se apruebe el EIA porque presiona a la aprobación sí o sí. Otro tema clave es que la aprobación del EIA la realice el Ministerio del Medio Ambiente.

El fondo del asunto es que tengamos un Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, elaborado con la participación de las regiones, que nos diga dónde puede haber explotación minera y petrolera y dónde no. Nada más, pero tampoco nada menos. Si eso fuera así, no estaríamos en el décimo día de huelga indefinida en Cocachacra.

(1)http://www.gmexico.com/files/CEO%20Reporte%204Q10%204feb11.pdfs.

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