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¿Cambios constitucionales necesarios?

¿Cambios constitucionales necesarios?

bll-articulo9-28-05-2011

Por Germán Alarco Tosoni

Gana Perú ha declarado que de ser gobierno no convocaría a una Asamblea Cons-tituyente. Esta Asamblea no aparece en el compromiso con el pueblo peruano, ni en los lineamientos centrales de política económica y social para un gobierno de concer-tación nacional. Está desecha-da. El capítulo económico de la Constitución Política tiene problemas, pero no sería nece-sario modificarlo. La ruta para cualquier cambio sería difícil por el fraccionamiento del nuevo Con-greso. Estos sólo se podrían reali-zar, de acuerdo a los artículos 206 y 32 de la Cons-titución, por 2/3 de los congresis-tas en dos legis-laturas, mayoría absoluta de los congresistas con ratificación en referéndum y a través de referén-dum con el 0.3% de la población electoral.

La existencia de la econo-mía social de mercado previs-ta en el artículo 58 no cancela la posibilidad de una interven-ción más activa del Estado en áreas como la ciencia y tecno-logía, el desarrollo de mejores encadenamientos productivos-clusters, mejora de la compe-titividad o la lucha contra la desigualdad, entre otros. En el texto se manifiesta la voca-ción orientadora del Estado y sólo sus funciones principa-les. El siguiente artículo sería aparentemente limitativo al señalar que brinda oportuni-dades para reducir desigualda-des, pero no para disminuirlas efectivamente. Se promueven las pequeñas empresas, pero se olvidan de los campesinos, pueblos aborígenes y otras co-munidades marginadas. Sin embargo, nada excluye, por el artículo anterior que se imple-menten políticas específicas. 
La subsidiaridad en la acti-vidad empresarial del Estado del artículo 60 es una restric-ción respecto de lo que hacen muchos países, donde no exis-te tal prescripción. Sin embar-go, su modificación no sería necesaria en tanto que se ha declarado que no habrá nue-vas empresas públicas. El re-forzamiento del Banco de la Na-ción, de COFIDE o PETROPERU ya existentes, no necesitaría de un marco normativo adi-cional. En el caso extremo, una ley expresa debidamente justificada sería menos difícil que un cambio constitucional. 
El artículo 63 impediría la reserva parcial o total de una actividad económica para los inversionistas nacionales, tal como ocurre ahora en mu-chos países como Brasil, Méxi-co, EE.UU., entre otros. Sin embargo, una modificación en las reglas actuales reque-riría del interés y consenso de los sectores empresariales nacionales. Esto es lamenta-blemente poco probable. Con el adecuado cumplimiento de las normas actuales, limitar posibilidades de arbitraje na-cional e internacional y apli-car criterios de reciprocidad, entre otros, se podrían obte-ner buenos resultados

Comments  

 
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