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Decreto Supremo no repara sino daña a las víctimas

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DEMUS

Más de 400 mujeres víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado interno no tendrán derecho a la reparación económica individual. Exigimos su derogación.

DEMUS expresa su preocupación y rechazo al Decreto Supremo N° 051-2011-PCM publicado el día de ayer en el Diario El Peruano, porque atenta contra los principios y las normas internacionales y nacionales que regulan el derecho a las reparaciones, el modo mediante el que se determina y entrega, así como el monto al que se tiene derecho:

El proceso de reparaciones debe dignificar, ser participativo y concertado. Las encuestas a las víctimas no suplen auténticos procesos de consulta y concertación. Las organizaciones de afectados/as y de sociedad civil han remitido propuestas1 a la Comisión Multisectorial de Alto Nivel CMAN y a la Comisión Técnica Multisectorial creada por Resolución Ministerial 171-2010-PCM encargada de desarrollar lineamientos técnicos y metodologías para la determinación de los montos, procedimientos y modalidades de pago que debían regir la implementación del programa de reparaciones económica, las que no han sido tomadas en cuenta. Asimismo, han observado públicamente el informe emitido por dicha Comisión, con relación al proceso y criterios para establecer los montos de las reparaciones económicas individuales. El monto de 10 mil nuevos soles para personas desaparecidas, asesinadas, víctimas de violación sexual y con discapacidad, ha sido rechazado por las propias víctimas en varias oportunidades. No han tomado en cuenta los principios y directrices sobre reparaciones de Naciones Unidas. Esa cantidad no cubre los múltiples daños ocasionados y los tratamientos y medidas para repararlos. Esta norma atenta contra la dignidad de las víctimas.

El proceso de reparaciones culmina cuando el universo de las víctimas ha sido reparado. Esta norma señala que la determinación e identificación de los beneficiarios del programa de reparación económica terminará el 31 de diciembre del 2011. Esto contradice lo señalado en el reglamento de la Ley PIR respecto al Registro Único de Víctimas y su carácter permanente2 . El cierre del registro afectará mayoritariamente a las personas afectadas por diversas formas de violencia sexual ya que son las víctimas que más tardarán en solicitar su registro, al tener que enfrentar la vergüenza, el temor y estigma social que viven injustamente.

428 víctimas de diversas formas de violencia sexual no podrán ejercer su derecho a la reparación económica individual 3 . El Congreso de la República y la CMAN no tomaron las medidas en sus manos para que se apruebe el Proyecto de Ley N° 2906-2008/CR Ley que hubiera ampliado el Plan Integral de Reparaciones, incluyendo como víctimas y beneficiarias a las personas que hayan sufrido otras formas de violencia sexual durante el conflicto armado interno, a pesar de las demandas y alertas de las organizaciones de mujeres. Esto puede ser corregido por un decreto supremo que regule el derecho a las reparaciones económicas con criterios incluyentes.

Demus estará presente hoy, al medio día, llevando la voz de las mujeres víctimas de violencia sexual durante conflicto armado interno que representa, en la conferencia de prensa convocada por la CNDDHH para alertar a la opinión pública sobre este Decreto Supremo y a su vez manifestar el malestar de los afectados y las víctimas ante el monto indigno que se consigna en él.

[1]El 14 de Enero de 2011, Demus entregó a la Comisión Multisectorial de Alto Nivel CMAN y a la Comisión Técnica Multisectorial encargada de desarrollar lineamientos técnicos y metodologías para la determinación de los montos, procedimientos y modalidades de pago que debían regir la implementación del programa de reparaciones económica, la propuesta en casos de violencia sexual durante conflicto armado interno.

[2]El art. 68 del Reglamento de la Ley PIR, aprobado mediante DECRETO SUPREMO Nº 015-2006-JUS, señala que “El RUV (Registro Único de Víctimas) es un instrumento público… de carácter nacional, inclusivo y permanente…”.

[3]El Consejo de reparaciones ha registrado a más de 2,070 personas víctimas por violación y otras formas de violencia sexual. Además, tienen 550 casos en proceso de calificación.

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