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¿Reparaciones sin escuchar a las víctimas?

 ¿Reparaciones sin escuchar a las víctimas?

bll-articulo10-24-06-2011

Por Jairo Rivas Belloso - Noticias SER

En las últimas semanas se viene produciendo un intercambio de opiniones respecto a la implementación del programa de reparaciones económicas. Los planteamientos han permanecido ocultos tras los acontecimientos de la coyuntura electoral, pero su importancia amerita un recuento y una reflexión.

Todo se inicia con una reunión fallida, realizada el 27 de mayo, entre un grupo de dirigentes de la CONAVIP, instancia que agrupa a organizaciones de afectados de todo el país, y la CMAN, entidad estatal encargada de coordinar la implementación de los programas de reparación definidos en la Ley. Por un lado, quienes levantan la demanda y exigen su cumplimiento, por otro quienes tienen la responsabilidad de atenderla.

En esa reunión, los dirigentes de CONAVIP no lograron que su principal propuesta sea acogida: participar en la determinación de los criterios y montos de reparación económica. Lo peor es que salieron con la sensación de haber sido maltratados, acusando incluso haber recibido calificativos personales que no venían al caso en una reunión oficial. Ello los llevó a plantear una queja formal a la Presidenta del Consejo de Ministros, comunicación que fue remitida también a los delegados de la CMAN, la Defensoría del Pueblo y el Consejo de Reparaciones.

Frente a las afirmaciones señaladas, comunicaciones de la Defensoría del Pueblo a la CMAN y del Consejo de Reparaciones a la propia CONAVIP insistieron en la necesidad de otorgar un carácter participativo al proceso de diseño e implementación del programa de reparaciones económicas. En ambos casos, no era la primera vez que emitían una opinión en dicho sentido, lo que revela el valor que dicho principio tiene para ambas entidades. En respuesta, el Secretario Ejecutivo de la CMAN señaló que eran falsas las acusaciones contra su persona y reiteró el compromiso del gobierno por llevar adelante las reparaciones individuales. Ni una palabra sobre el pedido de hacer más participativo el proceso.

Lo anterior podría quedar como una escena más de la historia de desencuentro entre la CMAN y las víctimas, repetida a lo largo del último quinquenio, salvo que en esta oportunidad las repercusiones podrían afectar la principal demanda y expectativa de las organizaciones de víctimas: las reparaciones económicas.

Dirigentes de CONAVIP han solicitado que se detenga el proceso, habida cuenta del poco tiempo que resta para el inicio de un nuevo gobierno, y demandan que sea este el que le otorgue un nuevo impulso. Los delegados de la sociedad civil ante la CMAN (representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y de la Asociación Nacional de Centros) señalan que no apoyarán ninguna propuesta que no contemple la participación de las víctimas. Por su parte, la CMAN insiste en el inminente inicio de este programa, haciendo eco de recientes declaraciones del Presidente García en Ayacucho.

La CMAN tenía el encargo de culminar la propuesta de reparaciones económicas individuales. A la fecha no ha presentado públicamente los alcances de este programa. Sus contenidos tampoco son conocidos por los delegados de las instituciones que participan en esta instancia. Y en todo este tiempo no se han respondido ni discutido los cuestionamientos formulados a la propuesta presentada en febrero ni se han hecho esfuerzos por consensuar la propuesta con los beneficiarios directos de la misma. En estas circunstancias cabe preguntarse si debe iniciarse la entrega de reparaciones económicas, faltando mes y medio para el cambio de gobierno, y sin haber procedido a un genuino proceso de diálogo con las víctimas.

Hay quienes piensan que el programa debe iniciarse, pues al dar el primer paso ahora se obliga al siguiente gobierno a continuar el cumplimiento de este compromiso. En esa lógica, las imperfecciones del actual programa podrían ser corregidas posteriormente. Además, se aleja el riesgo de que las nuevas autoridades decidan revisar lo avanzado, lo que produciría nuevos retrasos. Finalmente, indican que los recursos están asignados.

Quienes plantean pasar la responsabilidad al próximo gobierno confían que tendrán mayor opción a intervenir en la revisión de la propuesta actualmente existente. Asimismo, señalan que resultará difícil subsanar los problemas ocasionados por un programa cuestionado una vez que se inicia su implementación, especialmente en lo que se refiere al monto de las reparaciones.

En cualquier caso, cabe tener en cuenta que un programa público no dialogado con los actores involucrados, especialmente con quienes se benefician del mismo, corre el riesgo de carecer de legitimidad social. Tal es el caso de la propuesta de reparaciones económicas que ha merecido sucesivas críticas de las organizaciones de afectados. En estas condiciones, resultaría poco ajustado a la realidad que la actual CMAN incluya como logro de su gestión el inicio de las reparaciones económicas cuando este programa no cumple los estándares mínimos que deben caracterizar una política pública (y, se puede añadir, cuando ha obstaculizado su avance en los últimos años).

Espero, eso sí, que si se diera inicio al programa en las semanas que restan antes del cambio de gobierno no incurran en el despropósito de organizar ceremonias para la foto, con cheques gigantes y discursos grandilocuentes, que no se me ocurre nada más atentatorio contra la dignidad de las víctimas.

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