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El derecho a ser diferente

El derecho a ser diferente

bll-articulo04-21-07-2011

 Por Giovanny Romero Infante

Todos somos (o deberíamos ser) iguales ante la ley. Sin embargo, la experiencia cotidiana de miles de peruanas y peruanos está marcada por insultos, golpes y hasta la muerte. Más del 60% de peruanos cree que las parejas homosexuales no deben tener los mismos derechos que las heterosexuales y menos del 20% cree que lesbianas y gais logran hacer valer sus derechos. Es decir, la igualdad ante la ley no pasa de ser una mala broma para lesbianas, travestis, gais y bisexuales. Pero, ¿realmente tenemos derecho a ser “diferentes”?

Nuestra Constitución indica que todos tenemos derecho “a la igualdad ante la ley” (artículo 2), y agrega que “nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole”. Y como este artículo no es cerrado, la orientación sexual e identidad de género de las personas puede (y debe) ser comprendida en esas otras índoles. El mimo espíritu porta el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).

Pero como la interpretación de las normas parece ser una materia para iniciados y queda a criterio de los operadores de justicia, el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó que “se debe estimar que la referencia al ‘sexo’ incluye la inclinación sexual”, refiriendo los artículos 2 y 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Desde ese momento, la orientación sexual de las personas está protegida explícitamente por nuestro ordenamiento jurídico ya que la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución señala su concordancia con la DUDH, los tratados internacionales ratificados por el Perú y “una adhesión a la interpretación que hayan realizado los órganos supranacionales de protección de los atributos inherentes al ser humano”, según el Tribunal Constitucional (expediente 0217-2002-HC/TC).

¿Por qué la DUDH de 1948, la PIDCP de 1966 e incluso nuestra Constitución de 1993 no refieren explícitamente la orientación sexual de las personas? Porque responden a un momento histórico determinado e “incluyen disposiciones que implícita o explícitamente prevén la expansión de los derechos en ellos contenidos (…) para alcanzar un nivel de vida mínimo para todos”, según la Comisión y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, son irreversibles y progresivos. Recordemos que antes de la DUDH existió, desde 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Del hombre, mas no de la mujer.

En ese sentido, el artículo 37.1 del Código Procesal Constitucional reconoce explícitamente el derecho a la igualdad y no discriminación por orientación sexual desde 2004 y permite presentar acciones de amparo para protegerlo.

El Tribunal Constitucional ha señalado que “la Constitución peruana no distingue a las personas por su opción y preferencias sexuales (…) El carácter digno de la persona no se pierde por (…) ser homosexual o transexual” (expediente 2868-2004-AA/TC) y ha declarado inconstitucional un artículo de la justicia militar porque “no existe razón objetiva ni base razonable, para que se sancione sólo las [prácticas deshonestas] efectuadas entre personas del mismo sexo” (expediente 0023-2003-AI/TC).

Pero nuestro ordenamiento constitucional no se limita al reconocimiento de la igualdad. La Carta Andina de Derechos Humanos señala que los Estados suscriptores “combatirán toda forma de discriminación a individuos por motivos de su orientación u opción sexuales” a través de la prevención, sanción y reparación (artículo 53). Y el Perú en la OEA ha decidido “condenar la discriminación contra personas por motivos de orientación sexual e identidad de género, e instar a los Estados a (…) adoptar las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar dicha discriminación” en reiteradas oportunidades (AG/RES.2435 XXXVIII-O/08; AG/RES.2504 XXXIX-O/09; AG/RES.2600 XL-O/10 y AG/RES. 2653 XLI-O/11).

Ya algunos pasos hemos dado. El Plan Nacional de Derechos Humanos (OE6), el Plan Nacional de la Juventud 2006-2011 (enfoque de equidad de género), el Manual de Derechos Humanos Aplicados a la Función Policial (IV.B.6), el Plan Estratégico Multisectorial de Prevención y Control del VIH 2007-2011 (OE7) y el Plan Nacional de Lucha Contra la Violencia Hacia la Mujer 2009-2015 (visión) comprometen explícitamente al Estado a luchar contra la homofobia y garantizar la no discriminación por orientación sexual. Incluso el INDECOPI ha señalado que “constituye un acto de discriminación que se establezca un trato o pautas de comportamiento prohibitivas distintas en función de que las personas protagonistas sean heterosexuales u homosexuales” (resolución 0665-2006/TDC-INDECOPI).

También tenemos medio centenar de ordenanzas regionales, provinciales y distritales que prohíben la discriminación, y varias de ellas incluyen explícitamente la orientación sexual e identidad de género como categorías protegidas, fortaleciendo nuestro ordenamiento jurídico y acercando a la cotidianidad de millones de peruanos el principio de igualdad contenido en todos los instrumentos referidos. Hoy se debate una propuesta de ordenanza metropolitana que erradique la discriminación contra lesbianas, travestis, gais y bisexuales en Lima, y en los próximos meses deberá suceder lo mismo en el nuevo Congreso. Y eso, lejos de ser un capricho, es un paso para construir un país donde todos tengamos derecho a ser diferentes, pero iguales ante la ley.

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