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Llegará la hora en que cada quien tenga lo que merece

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¿Qué sentido tiene que una investigación para esclarecer la pérdida de información clave en el caso más importante de corrupción del gobierno no llegue a ninguna conclusión importante ni identifique responsables? ¿Para qué tanto tiempo y recursos invertidos por la Comisión del Congreso si al final de cuentas se llega al mismo punto de donde se partió? No cabe duda que el poder político de los principales corruptos de este régimen es muy fuerte.

Y es así que la semana pasada se presentó el Informe de la Comisión del Congreso de la República que investigó la pérdida de los USB en el Caso BusinessTrack (BTR), que oscurece más de lo que aclara luego de dos años de idas y vueltas desde que todos conocimos los faenones de Rómulo, Don Bieto y el Tío George.

Dicho informe fue aprobado por solo dos de los siete integrantes de la Comisión, el congresista aprista José Vargas y el de Solidaridad Nacional y presidente de la comisión Walter Menchola, quien en una maniobra hizo valer por dos su voto para obtener la mayoría. Es que a pesar que los miembros eran siete, solo cuatro estuvieron presentes en el momento de la votación.

Además de Vargas y Menchola, quienes votaron a favor, y, Alejandro Aguinaga del fujimorismo y Yhony Lescano de Acción Popular quienes votaron en contra del informe, eran miembros de la comisión pero estuvieron ausentes Fredy Otarola del nacionalismo, Juan Carlos Eguren de Unidad Nacional y Luis Falla del partido aprista. Es que de manera extraña la votación se hizo la misma semana de viajes de representación en la que la mayor parte de los congresistas se encontraba en las jurisdicciones donde fueron elegidos, al menos ese fue el caso de Eguren y Otarola.

Luego de todo este jaleo de componendas para no señalar responsabilidades podemos decir que se ha hecho un enorme esfuerzo por desaparecer las pruebas decisivas que comprometerían al ex premier Jorge Del Castillo y otros ministros de su defenestrado gabinete, y que por tanto se pretende hacer creer a la opinión pública que la responsabilidad de los faenones solo es de operadores de nivel medio como Rómulo León y Alberto Quimper, pese a que éstos, como lo demuestran los audios, respondían a "Jorge" y tenían relaciones estrechas con el poder político dentro del propio palacio de gobierno.

Además del vergonzoso peloteo de la responsabilidad de la pérdida de las pruebas, entre la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, no se termina de aclarar porque fue la Dinandro (dirección policial especializada en drogas) la que se encargó de intervenir e incautar los audios que tenía en su poder los miembros de la empresa Bussines Track. Siendo que el General Hidalgo, en aquel entonces jefe de la Dinandro y responsable por el operativo y hoy Director General de la policía nacional, es muy cercano al presidente García. Peor aún, que la fiscal que estuvo presente en la incautación de los audios era compañera de estudios y amiga de Rómulo León. Es decir, una historia plagada de detalles que es necesario desenmarañar.

Con todos estos hechos se evidencia que la "investigación" del caso que remeció la política peruana y que dejó, entre otros saldos, la caída de un gabinete, fue calibrada desde un principio para ocultar responsabilidades del más alto nivel, y sabotear desde el inicio, la investigación, que probaría el real alcance de la corrupción del gobierno de García.

Sin duda, estamos una vez más frente a un capítulo bochornoso de la actual dirigencia de la política que nos gobierna, en donde la impunidad es fundamental para mantener el modelo del país "que avanza". Pero quienes piensan que la gente es boba se equivoca, pues estamos seguros que los peruanos saben bien quienes están en el poder y ya llegará la hora en que cada quien tenga lo que merece.

 

Por Elvis Mori
Equipo Editorial
Grupo Bajo La Lupa 

 

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