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Solo 2% de pobres accede a los servicios de la justicia

Solo 2% de pobres accede a los servicios de la justicia

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Por Silvia Mendoza Martinez

La palabra ‘inclusión’ debe ser una de las más usadas últimamente. A partir del lenguaje político del actual gobierno, ahora es parte del discurso cotidiano. ¿Pero de qué inclusión hablamos? Sin duda de una que no necesariamente prevé el acceso al sistema de justicia y de seguridad para los quintiles más pobres, asegura el profesor de Economía de la Universidad del Pacífico Gustavo Yamada.

Un estudio liderado por el catedrático detectó que urge que estos temas ingresen a la agenda pública porque esos son los servicios públicos más restrictivos para los hogares con menores ingresos y los que presentan el mayor número de trabas burocráticas, así como de corrupción.

El investigador explica que ser pobre en el Perú implica recibir un triple castigo: se tienen menores posibilidades de acceder a los servicios públicos, se enfrentan mayores barreras burocráticas que reducen la posibilidad de terminar con éxito un trámite y se pagan coimas más altas en proporción a los ingresos.

Por ejemplo, solo el 2% del quintil más pobre accede a los servicios de seguridad de la Policía Nacional y, lo que es peor, el 26% de esos pobres tiene que pagar una coima que puede llegar a representar el 11,8% de sus ingresos.

En cambio, el estudio dice que en el quintil de mayores ingresos, el acceso sube al 11%, mientras que el pago de coima también crece a 32%. Es decir, a mayor coima, más acceso. Yamada estima que cada año se destinan más de S/.2.000 millones solo a coimas para malos policías.

Un escenario similar se ha detectado en los resultados del Poder Judicial, al que accede apenas el 2% del segmento más pobre. Además, de este grupo solo el 54% termina su gestión. “En servicios como el judicial, la burocracia va de la mano con la corrupción porque el incentivo perverso es que el usuario quede atrapado en el sistema para que siga pagando coimas”, comenta el economista.

PASO ADELANTE
Para Liz Meléndez, abogada de la ONG Flora Tristán, la desigualdad de oportunidades en nuestro país es el lastre que causa la sensación de anomia social que padecemos y que podría complicar la gobernabilidad del país.

Por eso, señala Yamada, la simplificación administrativa y el gobierno electrónico sería un primer gran paso para comenzar a revertir esta situación de inequidad, pues transparenta el sistema y le quita discrecionalidad al funcionario público.

Aunque coincide con lo dicho, Doris Blas, abogada de la ONG Manuela Ramos, añade que se debe humanizar el sistema porque “no es posible que una persona pobre y abusada físicamente tenga que esperar tres años para lograr una sentencia, que podría no ser favorable”.

La jurista sostiene que otra medida que también ayudaría en el corto plazo es darle predictibilidad al sistema judicial, pues las posibilidades de que un usuario sea víctima de la burocracia y la corrupción se elevan con la proliferación de los jueces provisionales y el exceso de carga procesal.

No cabe duda de que la inclusión es necesaria, pero debería estar claro que no solo se trata de una cuestión económica o de infraestructura.

LAS CIFRAS
6
INSTITUCIONES PÚBLICAS
adicionales fueron analizadas por Yamada: aduanas y migraciones, ministerios, gobiernos municipales, colegios, centros de salud y servicios básicos.

93.000
CASOS DE VIOLENCIA
física, psicológica y sexual se denuncian cada año en nuestro país, estima la ONG Manuela Ramos. El grueso de las víctimas está constituido por mujeres y menores.

51%
DICE QUE LA CORRUPCIÓN
creció en el último año, según el Barómetro Mundial de Corrupción 2010, elaborado por Transparencia Internacional. En la muestra peruana la percepción sube al 79%.

4,4
EN LA ESCALA DEL 1 AL 5
de corrupción le dan los peruanos al Poder Judicial, según el estudio de Transparencia Internacional. La cifra coincide con el estudio de la Universidad del Pacífico.

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