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Las perdidas superar el millón de doláres

USO INADECUADO DE BIENES PÚBLICOS

30S-policias11

Las pérdidas superan


el millón de dólares

La auditoría determinó que en algunos destacamentos había granadas y más municiones que las registradas. No se detectó faltantes, a pesar de que el 30-S se utilizó materiales de la entidad.

30S-policias12A un año de los acontecimientos del 30 de septiembre de 2010 no se ha logrado establecer cuánto le costó al país la insubordinación policial. En un intento por determinar si existió o no un uso inadecuado de los bienes públicos, la Contraloría investigó el periodo comprendido entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre de 2010; pero fue poco lo que se avanzó.

La auditoría comparó los inventarios de armas, municiones, personal, vehículos y blindados asignados a la institución con las imágenes captadas por los medios de comunicación; pero fueron más las dudas que las certezas. Sobre los incidentes en la Asamblea Nacional, por ejemplo, el miembro de la escolta legislativa a cargo del rastrillo (bodega) informó que por disposición de sus superiores entregó 18 bombas lacrimógenas y una carabina lanza gases truflite, pues le notificaron que había "manifestantes frente al edificio". A las 20:00 del mismo día todos los bienes fueron restituidos, por lo que la auditoría concluyó que no se registró ningún faltante.
Otra de las inconsistencias evidenciadas en el informe es que se halló municiones y artículos antimotines en exceso, es decir, que no constaban en los registros de la institución. En la Jefatura de Seguridad de Pichincha habían 15 granadas de mano, 14 proyectiles de gas de corto alcance y 2.350 municiones 9 mm. En el Comando de Tránsito se encontró 54 granadas de mano, 95 proyectiles de gas de largo alcance y 12.910 municiones. El Grupo Aeropolicial tenía 100 municiones 9 mm, la Escolta Legislativa 63 escudos antimotines y la Dirección Nacional Antinarcóticos 5 fusiles, entre otras dependencias.
También se determinó que después de la jornada del 30-S los uniformados no devolvieron sus armas en dotación y demás material antimotines asignados, como corresponde después de concluir un turno. El ex director general de la Policía justificó el hecho diciendo que por la gravedad de la situación todos los rastrillos fueron asegurados desde temprano, por lo que no se podía recibir el material como en una jornada regular. Pese a ello, la auditoría recomendó
establecer controles más estrictos y realizar verificaciones físicas del material que ahí reposa.
Además, sugirió tomar acciones correctivas si se llegare a determinar responsabilidades . La noche del 30-S, después de que el Presidente de la República
fue rescatado del Hospital de la Policía, un blindado de la misma institución circuló por la avenida Mariana de Jesús para repeler a los militares que participaron en el operativo, lo que quedó registrado en las tomas de televisión y fotografías de aquel día.
La Contraloría intentó identificar al conductor, pero fue inútil. Uno de los policías asignados a la vigilancia en el Regimiento Quito aseguró que cerca de las 21:00 "personal desconocido" violentó las seguridades del blindado de placas SU-216 desde el parqueadero de esa dependencia, para llevarlo a las manifestaciones y luego abandonarlo frente a la prevención. Aunque se identificó a todo el equipo de uniformados que laboró esa noche, ninguno vio cuando el vehículo antimotines fue "sustraído", pero en lo que sí coinciden es que sólo personal capacitado podría utilizarlo.
Los auditores constataron que el vehículo recibió varios impactos de bala en la corona, parabrisas y cristales laterales, pero no se determinó el costo de los daños. Durante la jornada del 30-S los policías sublevados se desplazaron en motos y vehículos de la institución, tanto en Quito como en otras ciudades. Incluso en el Regimiento Quito los motociclistas se tomaron la pista para evitar que aterrice el helicóptero que debía rescatar al presidente Rafael Correa. No obstante, la auditoría no logró determinar responsabilidades. En recintos policiales no se registró el ingreso o salida de los vehículos. Los nombres del personal eran incorrectos o no coincidían con el vehículo asignado.
Lo que sí estableció la investigación es que el día en que la Policía no laboró, representó un costo de 1'386.732,38 dólares. Hasta fines de noviembre de 2010, 19 uniformados fueron sancionados con detención preventiva, 23 con medidas cautelares y 98 a órdenes de los consejos de Generales, Superior y de Clases y Policías. El informe también detectó inconsistencias en la entrega de dotaciones al personal y que los registros de los rastrillos se realizan de forma manual, es decir, que no se verifica físicamente los materiales, equipos y municiones que ingresan y salen de la institución. La norma establece, por ejemplo, que un policía debe recibir 50 municiones como dotación y 80 para la práctica de tiro; pero la realidad es diferente. Según el ex director de Logística, consultado por la auditoría, ello se aplica de acuerdo a la tarea del policía: "Los de Tránsito no son iguales a los de Antinarcóticos, ni estos a los de la Policía Judicial". Por eso era común que los uniformados adquieran por su propia cuenta municiones de diferentes características a las entregadas oficialmente, por lo que el informe
concluyó que además de las unidades de rastrillo oficiales existían "mini rastrillos" individuales.
El mismo mecanismo operaba con la dotación de esposas, toletes y pistolas. No todos los tenían y los controles eran mínimos cuando alguien reportaba una pérdida. La investigación tomó más de seis meses, pero del informe final se establece que el obstáculo para determinar responsabilidades fue la falta de documentos que respalden la gestión policial. 

Comments  

 
#1 Louwecem 2015-10-08 22:54
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