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Una cadena de líos y mandos irrespetados

LA CRISIS INTERNA DE LA POLICÍA LLEVA VARIOS AÑOS

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Una cadena de líos y

mandos irrespetados

En la última década se acumularon muchos problemas. Todos no tuvieron una respuesta oportuna y estructural. Rencillas internas y denuncias de corrupción aceleraron el deterioro institucional

30S-policias15Desde el 2007, la crisis institucional de la Policía se evidenció en el descontento no solo de la tropa, sino también de los oficiales. Había problemas acumulados, rencillas entre los mandos, disputas entre los grupos operacionales y hasta actos de corrupción no procesados. La llegada del nuevo Gobierno, en 2007, puso en alerta a algunos de sus generales. Más de uno advirtió que la llegada de Rafael Correa traería consecuencias. "Imaginamos un escenario de conflicto, pues los principales dirigentes, de algún modo, habían sido señalados como subversivos y hasta fichados", dice un general en servicio pasivo.
En el mismo año se crea una Comisión de Modernización de la Policía, con el objetivo de renovar la institución en los campos operativos, administrativos y también en la imagen frente a la sociedad. Una sospecha también se sembró entre los policías: la creación de la Comisión de la Verdad apuntaba a quienes supuestamente habían violado los derechos humanos. Hubo reuniones entre los generales en servicio pasivo y ellos apelaron a los del servicio activo a pronunciarse directamente con las autoridades.
En 2008 se crea el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, diseñado pa ra ser desarrollado durante dos años, al que se le asignó 320 millones de dólares para cubrir las necesidades logísticas. Aparentemente resolvería algunos problemas y se ahogaría cualquier presión desde los mandos hacia abajo y viceversa. Algunos oficiales se quejan de que ese dinero no se invirtió adecuadamente y no cumplió a cabalidad el propósito fijado.
En medio de esas circunstancias ocurrió el ataque a Angostura (marzo de 2008) y reveló el trabajo que realizaban ciertas unidades de la Policía: coordinaban con entidades extranjeras, cumplían órdenes y no reportaban a las autoridades civiles. Ahí se destituye a Bolívar Cisneros y se nombra a Jaime Hurtado como
comandante general, quien en mayo de 2009 es reemplazado por Freddy Martínez.
Con esa designación comenzaron a circular rumores, había sospechas entre los mandos y hasta se hicieron evidentes los correos y panfletos que circulaban entre los cuarteles y regimientos. Una de las supuestas acusaciones era que la cúpula policial no gozaba del prestigio ni el reconocimiento con la tropa y los oficiales más jóvenes, como se evidenció en la reunión del 16 de septiembre de 2010 en el mismo Regimiento Quito, en la que se trataron esos temas y sobre los cuales Martínez hizo una evaluación autocrítica. Con la aprobación de la nueva Constitución también llegaron otros problemas y reclamos.
Uno fue el paso de las competencias del tránsito a los municipios. Según el asambleísta Virgilio Hernández, ese cambio se sustentaba en una serie de problemas que se acumularon: corrupción en el trámite de licencias, en la revisión vehicular, semaforización y entrega de permisos, regularización de taxis ilegales, entre otros. Algunos policías aprovechándose de los trámites de regularización de vehículos habrían invertido en cooperativas de taxi ejecutivo. Y cuando en junio de 2010 se hace público el Informe de la Comisión de la Verdad, al interior de la Policía hubo reuniones y hasta elaboraron manifiestos de protesta. Según el Informe, la Policía fue responsable de 32 ejecuciones extrajudiciales, 9 desapariciones forzosas, 214 privaciones ilegales de libertad, 275 víctimas de tortura y 72 hechos de violencia sexual, desde 1988 hasta 2007. 
Desde esos meses, además también se iniciaron acciones de inteligencia para verificar la vinculación de ciertos policías con bandas del crimen organizado y acciones delictivas usando personal y arma - mento policial. Uno de los principales casos fue el de la desaparición de Jordi Cedeño, ocurrida el 30 de octubre de 2009, en el sector El Inca, en Quito. Y eso dio lugar a una decisión trascendental y dura contra la Policía: la desarticulación del Grupo de Apoyo Operacional (GAO), además de la detención de varios de sus miembros, algunos son señalados como impulsadores de varias acciones del 30-S. A eso se suman otros eventos que generan más dudas entre ciertos mandos y autoridades civiles: el incremento de la inseguridad, la aparición del sicariato, como la primera forma de homicidio en el Ecuador. Pero había una pista que todavía no tiene una indagación completa y tampoco sanciones: en algunos de esos delitos habrían participado gendarmes. 
Pero lo que más sacudía a la institución en los últimos meses, previo al 30-S, fue la intensidad de las denuncias y acusaciones publicadas en los correos y panfletos. Y hasta había rumores de que la salida del comandante general Freddy Martínez era inminente. Igual se decía que había aspirantes al cargo que hacían contactos, lanzaban mensajes y hasta que uno de ellos se mandó a hacer tarjetas de presentación con el nuevo cargo. Igualmente, denuncias de corrupción los pases, manejos arbitrarios de fondos de las entidades ligadas a la Policía, como empresas y comisariatos, sembraron la discordia, los malos entendidos y hasta rencillas con tintes de venganza. La llegada de Gustavo Jalkh puso en otro escenario la situación policial: al plantear una definición institucional sobre la base de ciertos principios, todos supeditados al mando civil, para transformar a la Policía en una entidad moderna, pero comunitaria, al servicio de la ciudadanía, respetando los derechos humanos de los ciudadanos y también de sus miembros, no gustó del todo a varios mandos. Y en ese momento se pide hablar con el Presidente para expresar sus reclamos. Pero eso ya no ocurrió. 

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