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Las comunidades campesinas también son pueblos indígenas

Las comunidades campesinas también son pueblos indígenas

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Por Pedro Castillo Castañeda - CEPES

¿Las comunidades campesinas son pueblos indígenas? Esta es una pregunta que muchos se han hecho, incluso antes de la aprobación de la Ley de Consulta Previa, el 7 de setiembre último. Para la gran mayoría, no se trata de una cuestión importante, es más una cuestión de nombre o denominación y, mientras cumplan una serie de requisitos, se les puede considerar como tales. Esta sutileza no ha sido pasada por alto por el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Pedro Martínez, quien señala que la ley es solo para los pueblos amazónicos. Pero ¿por qué las diferentes interpretaciones? Pensemos.

Dispersión legislativa

Diferentes nombres y denominaciones legales han traído consigo una serie de confusiones e interpretaciones disímiles respecto de quiénes son los pueblos indígenas en el Perú. La Constitución vigente no menciona a los pueblos indígenas; reconoce a las comunidades campesinas, nativas y a los pueblos originarios como sujetos de derechos colectivos. A ello se suma que las comunidades campesinas y nativas tienen una legislación diferente y específica entre sí. Un caos legislativo.

Bagua

La promulgación de decretos legislativos que facilitaban la inversión privada en tierras de las comunidades, tanto campesinas como nativas, otorgó razones legítimas para que estas reclamen por la vulneración de sus derechos, sobre todo el derecho a la consulta respecto a normas que las afectaban directamente. Las organizaciones indígenas amazónicas tuvieron un papel destacado en esta protesta, mientras que las campesinas jugaron un rol menos activo. Finalmente, la tragedia del 5 de junio de 2009, en Bagua, que dejó como saldo 34 personas muertas, es un episodio difícil de olvidar y, dado que sucedió en la selva, en muchas personas quedó la idea de que el derecho a la consulta sólo es para las poblaciones amazónicas.

Mestizaje

Entendida como mezcla de culturas que dan origen a una nueva, las comunidades campesinas no son, en puridad, pueblos indígenas, pues están sustantivamente vinculadas a la ciudad, al comercio, a los servicios del Estado y no conservan sus tradiciones ancestrales. Con el desarrollo de la civilización, las comunidades campesinas, ahora, son mestizas. En el gobierno anterior, desde el presidente de la República, los congresistas y los procuradores —que en los tribunales defienden los intereses del Estado peruano— han utilizado estos argumentos para excluirlas de la discusión.

Apropiación de los recursos naturales

Actualmente, el aprovechamiento de los recursos naturales tiene una importancia muy grande y compromete particularmente a las tierras de las comunidades. Por ejemplo: la minería, que con frecuencia se desarrolla en tierras comunales, tiene concesiones sobre aproximadamente 21 millones de hectáreas para sus actividades.

¿Cuántos procesos de consulta tendrían que realizarse para cumplir con lo previsto en el Convenio 169 de la OIT? Las concesiones mineras son medidas administrativas, y si estas afectan a tierras comunales, no se les consultaría a las comunidades si no se las considera como pueblos indígenas.

Pero ¿qué son las comunidades campesinas para que cueste tanto reconocerles, abierta y expresamente, sus derechos? Veamos.

Quiénes son

Son una de las instituciones y formas de organización más antiguas en el espacio rural peruano. Son fruto de una serie de transformaciones de los diversos grupos originarios: retomando la experiencia de los ayllus, formando comunidades de indios, luego comunidades de indígenas y, finalmente, comunidades campesinas. En total, son 6,069 comunidades ubicadas en todo el territorio nacional. Son propietarias de casi 24 millones de hectáreas, que equivalen al 18.4 % de ese territorio. En sus tierras se ubican grandes yacimientos de minerales, ríos, lagos y bosques.

Cuáles son sus características

Entre las características principales de las comunidades campesinas está el manejo parcialmente colectivo de una serie de recursos naturales dentro de su territorio (tierras, agua, bosques, etc.), se regulan por medio de sus propios órganos, se presentan y relacionan con el exterior por medio de autoridades elegidas internamente y son poseedoras de un legado histórico y cultural vigentes hasta el día de hoy.

Entonces, ¿las comunidades campesinas son pueblos indígenas?

Sí. Pero previamente hay que pasarlas por el tamiz que el Convenio 169 establece para su reconocimiento como tales: ser descendientes de pueblos originarios, preservar total o en parte sus instituciones y cultura (criterio objetivo), y poseer la conciencia de sentirse indígena (criterio subjetivo).

Así, las comunidades existen desde la experiencia de los ayllus hasta la actualidad, manteniendo sus instituciones con modificaciones (elección de autoridades y distribución de recursos naturales) a través del tiempo, como es lógico en toda sociedad viva. Pretender que sean instituciones muertas y que se mantengan como se hallaban sus antepasados es un despropósito. Las comunidades evolucionan, se han adaptado al cambio permanente y no por ello pierden su esencia. El mestizaje no es un problema. El criterio subjetivo tiene que ver con la identidad de las propias comunidades.

A río revuelto, ganancia de pescadores

En principio, los nombres que pueden asumir los pueblos indígenas puede parecer un tema secundario. Pero, en un país como el nuestro, extremadamente legalista, estos detalles no deben pasar por alto tan fácilmente. Las declaraciones del presidente de la SNMPE no son gratuitas.

La confusión adrede viene desde el Estado y de sectores económicos que dependen de la extracción de los recursos naturales. El argumento del mestizaje y las diferentes denominaciones va a ser explotado una y otra vez, con tal de no reconocerles sus derechos. El reconocimiento de las comunidades campesinas como pueblos indígenas no debe admitir interpretaciones y dar, por consiguiente, motivo a dudas, incertidumbre o confusión.

Han pasado más de treinta días desde que se publicó la ley, y nos hemos detenido en exigir la reglamentación de la norma. En el camino, la jefa del Indepa fue reemplazada abruptamente, se piensa reducir los plazos para la aprobación de estudios de impacto ambiental para impulsar las grandes inversiones hidrocarburíferas y el premier ha anunciado que el reglamento de la consulta previa servirá como herramienta que promoverá aún más la actividad minera. Estas últimas medidas del gobierno nos deben poner en alerta: el camino hacia la inclusión requiere mayor firmeza y consecuencia.

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