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¿Navidad sin reparaciones?

¿Navidad sin reparaciones?

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Por Jairo Rivas Belloso - NoticiasSer

Al momento que escribo estas líneas la entidad a cargo de implementar el Plan Integral de Reparaciones se encuentra descabezada. Su Secretaria Ejecutiva, Isabel Coral, presentó su renuncia luego de conocerse la salida del anterior Presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner. A la fecha no se ha nombrado a su reemplazante, tampoco se ha definido una encargatura. En consecuencia, desde el viernes 16 de diciembre, la CMAN no tiene quien asuma la Secretaría Ejecutiva.

La ausencia de un titular impide a la CMAN adoptar decisiones para la continuidad del proceso de reparaciones a las víctimas de la violencia. Y hay varios asuntos que están pendientes, incluyendo la entrega de reparaciones económicas a un nuevo grupo de víctimas individuales, así como reparaciones colectivas a centros poblados afectados por la violencia.

Pero además de este aspecto, la incertidumbre crece en la medida que se desconoce si se continuará con la línea trazada por la anterior titular, la cual implica un importante cambio respecto a la forma de implementar la política de reparaciones durante el gobierno aprista. La preocupación surge teniendo en cuenta un tema central: la propuesta de modificación del Decreto Supremo Nº 051-2011-PCM.

Este dispositivo fue aprobado al final del gobierno anterior y con él se dio inicio al programa de reparaciones económicas a las víctimas de la violencia. En esta norma se estableció el monto de la reparación (10 mil nuevos soles), una regla de distribución en caso hubiera concurrencia de beneficiarios (para las víctimas fallecidas o desaparecidas los beneficiarios son sus familiares directos), criterios de priorización y un plazo (31 de diciembre de 2011) para concluir la determinación de beneficiarios del programa de reparaciones económicas.

Prácticamente todos los actores involucrados en el proceso de reparaciones cuestionaron este Decreto: las organizaciones de afectados, la Defensoría del Pueblo, el Consejo de Reparaciones, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Por ello, con buen criterio, la nueva gestión de la CMAN propuso la modificación de este Decreto, incluyendo un incremente sustantivo en el monto de la reparación (10 UIT), una nueva propuesta de distribución de este monto entre los familiares, y eliminando el plazo establecido para la labor del Registro Único de Víctimas.

La modificación no ha sido aprobada aún por el Presidente del Consejo de Ministros. No se sabe si se lograrán los cambios propuestos. La duda surge porque un importante funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas expresó hace algunas semanas su desacuerdo con los nuevos términos; y hoy, dicho funcionario es el actual Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo.

Sin titular designado y sin certeza respecto a la dirección futura del proceso de reparaciones nos acercamos a las fiestas navideñas preguntándonos si las víctimas de la violencia recibirán alguna buena nueva respecto al gesto largamente esperado de reconocimiento de parte de un Estado que no ha sido diligente para atender sus demandas de verdad, justicia y reparación.

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