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Nueva ley magisterial

Nueva ley magisterial

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Por Antonio Zapata Velasco

La Ley de la Carrera Pública Magisterial (LCPM) aprobada en el gobierno del presidente García tiene un defecto principal: impone una fuerte barrera de entrada, que bloquea la incorporación de la mayoría de maestros. No es una mala ley y sus propósitos son correctos, porque impone la meritocracia y busca un escalafón de la profesión. Pero, al ser tan restrictiva, pocos maestros han logrado incorporarse a sus términos.

En efecto, del total de profesores peruanos que trabajan para el Estado, sólo 55.000 están en la LCPM; alcanzando apenas el 25% del total. El resto, es decir, tres de cada cuatro, siguen adscritos a la antigua Ley del Profesorado (24029), promulgada por FBT en 1984. En la práctica, el gobierno aceptó que rigieran dos leyes distintas para el mismo sector. Como es fácil comprender, esta situación generó un desorden inverosímil, del cual busca salir el Ministerio de Educación, MINEDU, con una nueva ley que unifica las normas que rigen el trabajo docente.

La idea equivocada de la LCPM era una barrera de entrada demasiado exigente. En un afán de mostrar severidad, el gobierno aprista diseñó un examen hiperdifícil, que no tomaba en cuenta el nivel real de los maestros. Así, en cinco pruebas sólo aprobaron 25.000 profesores, apenas superando el 10% del total, el resto de profesores en la LCPM son los nuevos, que en número de 30.000 también han sido incorporados.

Por el contrario, la nueva ley considera el verdadero punto de partida y les ofrece a los maestros una carrera única, estableciendo el mismo proceso de evaluación permanente y ascenso meritocrático planteado en la LCPM. La diferencia se halla en que la nueva ley convoca al conjunto de profesores, brindándoles un sistema de capacitación y acompañamiento en el aula mejor pensado que en el caso anterior, donde las evaluaciones estaban centradas fundamentalmente en los conocimientos.

Esta preocupación por los maestros de carne y hueso es esencial en la labor pedagógica, puesto que son los verdaderos agentes de la educación. El problema de la educación peruana es la mala relación entre el Estado y los maestros. A lo largo de las últimas décadas, los conflictos entre el SUTEP y los sucesivos gobiernos han dificultado la buena marcha de la educación nacional.

El objetivo de la nueva ley es incorporar a todos los profesores que efectivamente están trabajando para el Estado, a través de un sistema definido de responsabilidades para el ascenso en su profesión. Es una norma equilibrada, que plantea deberes y derechos, tanto la promoción como la sanción son transparentes. Incluso queda preciso el mecanismo de salida de la carrera por deficiencia en el desempeño. Gracias a ello, desde el primer día concibe un solo escalafón magisterial, que impondrá la misma ley a todo el sector.
El ideal del escalafón único aún se halla lejano en el Estado peruano. Es una aspiración que constituye el piso básico de la modernización del Estado. Cuando los trabajadores saben a qué atenerse, aumenta la productividad laboral en forma sostenida. La incertidumbre y el conflicto permanente generan malestar y bajo rendimiento laboral.

Un punto clave a resolver es el económico. Una ley de este tipo implica considerable inversión y falta saber si el MEF está dispuesto a financiar el proceso en el corto y en el largo plazo. Luego, la nueva ley debe sortear la hostilidad del APRA y del fujimorismo, además de algunos parlamentarios del PPC. En esa línea se inscribe el pedido de interpelación de la ministra, que complica la aprobación de la ley en el Legislativo; su primera prueba será sobrepasarla.

A continuación, la cuestión de fondo, ¿servirá la nueva ley para mejorar las relaciones entre los maestros y el Estado? ¿Los agentes educativos aceptarán un marco legal que los obliga a la evaluación permanente? En ese momento, la capacidad política del equipo ministerial será clave, porque está en juego el rumbo de una actividad crucial, que hace muchas lunas atraviesa gruesas dificultades.

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