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El “Gabinete Castilla”

El "Gabinete Castilla"

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Por Javier Diez Canseco

Hoy va al Congreso, a menos de 13 meses de gestión, el tercer gabinete de Ollanta Humala. Llega magullado, aún antes de solicitar el voto de confianza del Legislativo, pues lo preceden la interpelación a la ministra de Educación, la que llevará al ministro de Vivienda al Parlamento por la liquidación del Banco de Materiales, así como los paros del sector Salud, la prolongada (ya dos meses) e irresuelta huelga de sectores magisteriales en el interior del país y los conflictos ambientales en Cajamarca y Cusco, entre otros. Un gabinete que además inicia la cuarta gestión en carteras tan sensibles como Interior y Defensa –¿improvisación gubernamental?–, afectadas por una cuestionada delegación de facultades legislativas y la reiterada pérdida de vidas en emboscadas en el Vraem.

Pero este gabinete no deja de expresar continuismo en un aspecto especialmente crítico: el control que ostenta el ministro de Economía y Finanzas, cuyo peso e influencia han sido crecientes en cada cambio producido. Ello se expresa, orgánicamente, en los ministerios manejados por su entorno (que tienen incidencia económica como Energía y Minas, Producción, Vivienda, Transportes, además de Trabajo). Y, políticamente, en la continuidad de una política económica neoliberal que ha contribuido decisivamente a reducir la dimensión de las políticas social y remunerativa, comprometidas en la Gran Transformación y la Hoja de Ruta, así como en la sistemática reducción del gasto público presupuestado (superávit de S/. 9.000 millones el 2011) y, más aún, en la ausencia de una necesaria y justa reforma tributaria para que los que ganan más paguen más y recaudar más allá del ridículo nivel que alcanza el Perú (menor al 20% del PBI que recauda Bolivia y cerca de la mitad del porcentaje del PBI que recaudan Argentina y Brasil), para atender los requerimientos del desarrollo social y nacional.

Es el factor Castilla el que está tras la ausencia de definiciones presupuestales adecuadas y suficientes para encarar serios problemas sociales que persisten (magisterio y Salud) o de la falta de recursos necesarios para Defensa e Interior, afectando no solo su capacidad operativa y su capacidad logística sino amenazando –y conflictuándolos– al querer cambiar su sistema de jubilación y eliminar la "cédula viva" que se mantiene en compensación a sus bajos niveles remunerativos. Este mismo factor opera –junto a un acuerdo con las transnacionales y sus socios– en el abandono del compromiso de sacar adelante la Ley de las Sobreganancias Mineras prometida, de mantener sin revisión la inconstitucional concesión del puerto del Callao y el sometimiento a los intereses de los poderosos grupos que operan en las industrias extractivas (especialmente mineras y gasíferas), energéticas y de servicios fundamentales como el caso de Telefónica, cuyo contrato de concesión está al borde de renovarse sin licitación alguna o de una propuesta de asociación público-privada para su gestión y regulación.

Muy grave es la decisión del gobierno –anunciada por el Presidente el 28 de julio en su discurso y proyecto de ley de ''Masificación del Consumo del Gas" y, luego, en el proyecto de ley presentado el pasado 10 de agosto– de abandonar el compromiso de sacar adelante el Poliducto (gas y líquidos) del Sur desde la zona de Camisea hasta la sierra y costa del Macro-Sur, junto al desarrollo de un polo petroquímico en esa área del país. Un proyecto estratégico para dotar de energía barata y limpia descentralizada y abrir un polo de desarrollo descentralista que ahora se esfuma para mantener las condiciones del monopolio gasífero que manejan los operadores extranjeros liderados por Hunt Oil, Repsol y Pluspetrol.

Es un asunto de vital significación para los gobiernos regionales, municipales y los pueblos de la macrorregión sur, recientemente distraídos en su atención en una burda maniobra publicitaria para dejar de lado asuntos estratégicos como este o el del conflicto ambiental por la ausencia de políticas y definiciones fundamentales respecto a la nueva política minera que el Perú reclama.

Finalmente, será clave vencer un manejo económico que ajusta el gasto público en un momento de crisis internacional que nos ha de golpear por la caída de precios y volúmenes de exportación a los países capitalistas desarrollados en crisis, desatiende la protección de nuestro mercado interno y el sudamericano, y apuesta a ajustes que ahondarán los impactos sobre el crecimiento económico nacional.

Estamos pues ante un debate de fondo para el país.

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