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Terrorismo de Estado y Negacionismo

Terrorismo de Estado y Negacionismo

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Por Antonio Luna Neyra

El Estado capitalista,  que se formó en el Perú en el siglo pasado para defender los intereses de los grandes capitalistas nacionales y extranjeros, es  por naturaleza autoritario y violento porque precisa imponer y  preservar el injusto sistema de explotación, la antidemocracia y la podredumbre moral con su fuerza irracional.

Su espíritu servil y represivo hasta el punto de  asesinar a sus propios compatriotas por defender grandes intereses empresariales, está presente de manera decisiva en nuestra vida nacional desde inicios de la República, más aún durante los “buenos tiempos” del  guano y el salitre del siglo XIX, del caucho a principios del siglo XX y de la pesca, la minería y la agroindustria de los últimos años.

No es casual que las  épocas de mayor crecimiento económico del país sean también las de mayor represión. Entre 1900 y 1911 por ejemplo, durante los gobiernos de López de la Romaña, José Pardo y Barreda y Augusto B Leguía, 30 mil nativos fueron muertos para que los barones del caucho  puedan producir 4 mil TM de este producto en el Putumayo (J. Basadre).

La respuesta   de millones de oprimidos  a ese viejo y violento Estado  que produce hambre, miseria y desocupación tiene diferentes expresiones cargadas también de violencia que van desde los actos delictivos e ilegales de gente lumpen y las  acciones terroristas de grupos aventureros y fanáticos hasta las actividades de las masas que luchan diariamente por sus derechos y aspiran a un nuevo Estado, una nueva democracia y una nueva sociedad.

El terrorismo como “forma de lucha” de grupos extremistas, siempre ha sido utilizado por el Estado  como pretexto para justificar la destrucción de las organizaciones sociales y políticas democráticas y populares y para postergar sus reivindicaciones. La izquierda legal y democrática es uno de sus blancos principales. Esta parece ser ahora la misma estrategia que persigue el proyecto de Ley de Negacionismo, que busca sancionar a los que no comulguen con el punto de vista del Estado que se victimiza frente a los 12 años de terror.

Se olvidan que durante la dictadura Fujimontesinista, 1990 - 2000, el Estado fue implacable con el pueblo que se rebelaba a su política fascistoide y su programa neoliberal, utilizando como excusa las acciones de los grupos terroristas. Que los crímenes de la Cantuta, los Barrios Altos, El Santa y de Huaura, el asesinato selectivo de Pedro Huillca, Pedro Yauri y otros, el arrasamiento de comunidades campesinas y desapariciones forzadas, torturas, encarcelamientos, persecución y todo tipo de violación de derechos humanos  por parte del Estado,  superan largamente las acciones criminales  de los grupos terroristas.

Los presidentes Belaunde (1980-85) y García  (1885-90) también emplearon una  enérgica violencia para gobernar. Nadie olvida la masacre a los 8 periodistas en Uchuracay 1981, los crímenes en el Cuartel los Cabitos 1982, los 20 degollados de Huanta 1983, los 150 asesinados de San Francisco 1984 y los 17 niños y jóvenes torturados y luego asesinados en CocaHuichun 1984, los 69 comuneros de Acomarca asesinados por el Ejército en 1985 y la matanza de  las cárceles en 1986.

Hace pocas semanas el Jefe de Estado Humala dijo muy suelto de huesos a los valientes huelguistas de Cajamarca que se oponían al proyecto minero Conga de la empresa estadounidense Yanacocha “que se atengan a las consecuencias” y a las 48 horas resultaron 5 pobladores muertos y luego en Jauja la policía causó la muerte de un huelguista, sumando en un solo  año 18 muertos en conflictos sociales.

En estas condiciones, una Ley del negacionismo donde se busca exonerar al Estado de su evidente responsabilidad  genocida en la lucha antiterrorista, equivale a absolver al Estado de su responsabilidad en la crisis económica, social, política y moral  que sufre el país. El cogollo estatal, los gobiernos de turno, el Congreso de la República y el Poder Judicial y no solo las FF.AA. son los principales responsables del accionar de este Estado podrido y caduco que reclama urgente transformación.

Finalmente, diremos que lo que necesita el Perú es un Estado democrático, soberano, transparente y con identidad nacional al servicio del pueblo peruano, de su progreso y su desarrollo y no un instrumento autoritario, atrasado y al servicio de los grupos monopólicos nacionales y foráneos.
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