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El agua y la tierra en manos de unos pocos

Revista - N° 19 Agua

El agua y la tierra
en manos de unos pocos

El agua y la tierra en manos de unos pocos

Agua-tierra

Desde hace más de 90 años los comuneros del Valle Viejo y Santo Domingo de Olmos vieron postergarse con cada gobierno el anhelo de convertir sus terrenos eriazos en cultivables. Muchos años después, el proyecto de irrigación de Olmos relampagueaba como una esperanza. Ya Fujimori en 1998, les había  confiscado 111,000 hectáreas de tierras argumentando que no tenían título de propiedad. 

Desterrados, el anhelo de irrigar las más de cien mil hectáreas de tierras eriazas a fin de promover la pequeña y mediana empresa resulta más lejana, pues de las 38 mil hectáreas que serán irrigadas con el proyecto Olmos, 19,900 ya han sido compradas por grandes grupos empresariales en la primera parte de la subasta. 

Gloria S.A. fue la más favorecida con 15,600 hectáreas del total subastado, mientras las otras ocho empresas se adjudicaron 4,300 hectáreas, a pesar de que las reglas de subasta impedían que un solo inversionista o grupo económico acaparase todas las tierras.

Además el precio de cada hectárea se ha valorizado en 4,250 dólares. Dadas estas reglas de juego, es improbable que algún pequeño o mediano agricultor lambayecano cuente con casi 1 millón 100 mil dólares que vale el lote más pequeño de Olmos de 250 hectáreas. ¿Se fortalece la agricultura o se beneficia a las grandes empresas?

De esta forma y con el espaldarazo del Ejecutivo, en el Perú, en forma silenciosa, se promueve el regreso al latifundismo y la concentración de tierras agrícolas. 

Un poco de historia 

En junio del 2010, el Gobierno peruano firmó un contrato con la empresa Odebrecht para realizar las obras de irrigación de las pampas de Olmos. El proyecto trasvasa el agua del río Huancabamba (ubicado en la vertiente oriental de los Andes, Piura y Cajamarca) para irrigar las áridas tierras de Lambayeque. Comprende la irrigación de 38,000 hectáreas de tierras nuevas de propiedad del Gobierno Regional de Lambayeque y 5,500 hectáreas del Valle Viejo y la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos. 

“Se ha planteado que es de interés de la nación contar con mayores tierras para la agricultura y que el trasvase de aguas de la vertiente del Atlántico al Pacífico puede resultar en un mayor beneficio para el país, pero ¿se está sirviendo de la mejor manera al interés de la nación en Olmos?”, se pregunta el  investigador de CEPES,

Laureano del Castillo. “Resulta difícil encontrar una motivación social en las obras de irrigación que viene ejecutando el Estado. La opción es muy clara en el sentido de invertir fondos públicos para el beneficio de algunos sectores”, continúa. 

En los últimos 30 años el Estado ha invertido en proyectos hidráulicos. Los beneficios obtenidos por estas inversiones distan mucho de los esperados y hoy en día el Estado las orienta solo a la gran empresa privada a través de la venta de tierras y la concesión del servicio de agua.

Para Laureano del Castillo, la concentración de tierras va aparejada a la concentración del agua. “El control del agua es lo que permite garantizar la concentración de tierras”, señala. 

En el caso de Olmos, los funcionarios dijeron que los terrenos irrigados incentivarán la producción agrícola para la exportación. H2OLMOS tiene calculado vender a 0,659 céntimos de dólar el metro cúbico de agua, el triple de lo que les cuesta a los pequeños agricultores sacar agua de un pozo de la zona.

Agua-tierra

Lo cierto es que el problema de Olmos tiene que ver con la distribución del agua en el país y su aprovechamiento. La vertiente del Pacífico, donde se concentra el 70% de la población dispone de tan solo el 1.8% del agua dulce, en la vertiente del Atlántico se tiene el 97.7% de agua disponible y un 26% de la población; mientras que en la cuenca del Titicaca el 4% de la población cuenta con el 0.5% de la disponibilidad de agua.

Parte de la solución a los problemas de escasez de agua en la costa es el trasvase de grandes volúmenes de agua desde los Andes. Sin embargo, a pesar de los discursos oficiales, que hablan de desarrollo inclusivo, las autoridades, mediante el proyecto Olmos han comprometido fondos públicos para beneficiar a empresas que dedicarán su producción a cultivos de exportación, como: espárragos, uvas, agrocombustibles, entre otros. 

Laureano del Castillo se pregunta: “¿Por qué no se aceptó la propuesta de Miguel Caillaux -cuando era ministro de Agricultura-, que consistía en que el Estado comprase alrededor de 8 mil hectáreas en la subasta, para luego revenderlas en lotes de menor tamaño de 50 hectáreas o menores, por ejemplo, y fortalecer así la mediana y pequeña agricultura?, ¿Por qué se ha favorecido la venta de tierras a corporaciones que beneficia la formación de latifundios y que no da trabajo a los propios lambayecanos salvo como trabajadores de bajos salarios en los futuros nuevos latifundios?” 

Ha habido otros episodios en los que el Estado ha beneficiado a las grandes empresas para el aprovechamiento del agua dejando de lado a las comunidades campesinas e indígenas. Está el caso del río Chira, en Piura, donde se otorgaron irregularmente licencias de aguas para regar las más de 14 mil hectáreas de tierras eriazas de la empresa Maple para producir caña de azúcar para etanol. También está el caso del valle de Ica, al sur de Lima, donde Del Castillo menciona:

“La monopolización de los pozos y del agua subterránea en el valle de Ica y los consecuentes problemas de los pequeños productores para realizar la  actividad agrícola, propicia la venta de más tierras de cultivo hacia las grandes empresas. Se trata de un círculo vicioso, en el que la concentración de un recurso conlleva a la concentración del otro, quedando tierra y agua en manos de unos pocos”. 

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