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Voces de Protestas y represión

Revista - N° 19 Agua

Voces de Protestas y represión

Las luchas contra
la explotación y
contaminación del
agua y los recursos
naturales, son el centro
de los conflictos sociales
en el país. Líderes
sociales, ambientalistas,
comuneros e indígenas
han visto bloqueados sus
derechos democráticos.
Así lo reflejan diversos
reportes de derechos
humanos. Solo en el
caso de Bagua (2009),
de las 248 personas
procesadas penalmente,
el 61% continúan siendo
procesadas tres años
después, y menos del
2% tienen una sentencia
condenatoria.
VOCES-PROTESTAS

Las luchas contrala explotación ycontaminación delagua y los recursosnaturales, son el centrode los conflictos socialesen el país. Líderessociales, ambientalistas,comuneros e indígenashan visto bloqueados susderechos democráticos.Así lo reflejan diversosreportes de derechoshumanos. Solo en elcaso de Bagua (2009),de las 248 personasprocesadas penalmente,el 61% continúan siendoprocesadas tres añosdespués, y menos del2% tienen una sentenciacondenatoria.

El incremento de los conflictos ha ido de la mano con las políticas de la represión a los manifestantes. El 2006, Toledo dejó de herencia al gobierno de García un promedio de 84 conflictos sociales por resolver. Al dejar el poder, el 2011, García le dejaba a Humala varias bombas de tiempo: 251 conflictos, entre ellos la protesta en torno al proyecto Conga en Cajamarca, que se tumbó a un gabinete a solo cinco meses de iniciado su gobierno.

Centenares de líderes, dirigentes sociales y ambientalistas se encuentran empapelados con denuncias policiales y fiscales. La política del “perro del hortelano” del gobierno de García parece haber marcado la línea del actual régimen para imponer las industrias extractivas en el país; aquél que ejerce la democracia en las calles es un “radical”, “extremista” y “antidesarrollo”. Esta política anti dialogante viene acompañado de la militarización, así lo constatan las calles de Cajamarca que han sido tomadas por centenares de militares, cuyo fin es amedrentar y generar temor.

El rechazo al proyecto Conga ha dejado una larga lista de heridos, entre ellos Elmer Campos, un campesino de Celendín que protestaba y que ha quedado parapléjico a raíz de un balazo que le perforó la parte baja de la espalda. Más de una veintena de personas fueron hospitalizadas, algunos incluso han pasado por la sala de operaciones por el impacto de las balas. Hasta la fecha son 94 las personas denunciadas.

Así, el gobierno de Humala ha reincidido en el método de sus antecesores: el de la represión para abordar las protestas sociales. En los nueve meses de gobierno, el nacionalismo carga sobre sus hombros 9 muertes y más de cien personas afectadas. En el mismo lapso de tiempo, el régimen de García tenía tres víctimas mortales, y durante todo el gobierno de Toledo quince. 

Wilfredo Ardito hace un recuento de las muertes que carga el actual gobierno: El 3 de diciembre, se produjo en Cañete la muerte de Pierre Gonzáles, quien participaba en una protesta contra la ampliación del penal de Cañete. La policía no dudó en disparar a quemarropa contra los manifestantes. El 14 de marzo, fallecieron Carlos Lanci, Julio Ticona y Francisco Areque durante las protestas de los mineros informales en Puerto Maldonado. Dos semanas después, murieron en Sechura, Piura, Christian Alvarado y Louis Bances, en un violento enfrentamiento, los que protestaban incendiaron la comisaría e hirieron de gravedad al comisario César Castro. La protesta llegó al límite cuando los pescadores exigieron la anulación del Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa Savia para la viabilidad de un proyecto de explotación de gas natural en la región. Y el 26 de abril, un fuerte enfrentamiento entre la policía y los manifestantes -quienes exigían un aumento en la cuota de captura de la merluza- dejó de saldo 2 personas muertas, 26 heridas, algunos en estado de gravedad.

Ante la intensificación de los conflictos la estrategia estatal contra las protestas ha sido la de criminalizarlas y responder con la intervención de las fuerzas armadas haciendo uso de armamento, acción respaldada por una serie de Decretos Legislativos: 982, 983, 988, 989 y 1095 de Alan García. Estos decretos,  convierten en ilegales las protestas que las organizaciones sociales y la ciudadanía asumen para defender y exigir el cumplimiento de sus derechos, y exigen una solución justa a sus demandas. 

La Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, señala que es evidente que estas normas generan una fuerte vulneración de los derechos humanos de la población, exponiéndolos a mayores posibilidades de abusos policiales, que pasan a ser legalmente impunes.

 

EN EL GOBIERNO DE GARCIA FALLECIERON 195 PERSONAS

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En el periodo del gobierno de García, la Defensoría del Pueblo ha registrado un total de 195 personas fallecidas (165 civiles y 30 policías) y 2,312 personas heridas (1799 civiles y 513 policías) en situaciones de violencia en los conflictos sociales. El porcentaje actual de casos en los que se ha presentado por lo menos, un episodio de violencia, es de 51% (Reporte 91, septiembre del 2011). El mayor número de hechos de violencia se reporta en los conflictos socioambientales. Los departamentos en los que se ha producido el mayor número de muertes son Amazonas, Puno, Cajamarca, Piura, Lima, Huancavelica.

Mientras que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos señala en su reporte que registraron 598 casos de personas que resultaron lesionadas por el actuar de las fuerzas del orden. De ellos, el 52% fueron lesionados por proyectiles de arma de fuego. 

Cerca del 7% de los casos corresponde a menores de edad. El 57% de las víctimas fueron afectadas en el contexto de conflictos socioambientales.

El 2007, en Casapalca, Julio Raymundo y Oscar Fernández, fueron asesinados cuando la policía pretendía abrir un bloqueo de la Carretera Central. Ellos actuaban en protesta por haber sido despedidos y denunciaban prácticas sumamente abusivas contra sus derechos laborales por parte de la empresa Casapalca.

En ese lugar, también murió el policía Carlos Mariluz y un paciente que era transportado por carretera a un hospital de Lima. 

Ese mismo año, 17 comuneros de Ancash fueron procesados por defender 80 ojos de agua existentes en el Cerro Condorhuain. Los líderes indígenas estaban acusados de graves delitos y sobre ellos pesaba la amenaza de hasta 30 años de cárcel. Los acusaron por participar de una movilización contra la minera Barrick Misquichilca que pretendía realizar 13 perforaciones de 350 metros de profundidad, empleando materiales químicos peligrosos que ponían en riesgo importantes fuentes de agua.

El 2008, en Barranca, el campesino Julio Rojas, murió a consecuencia de los disparos a la cabeza realizados por la policía en un paro agrario.

 

 

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