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Legislación laboral y trabajo decente

LEGISLACIÓN LABORAL Y

TRABAJO DECENTE

18-09

El crecimiento experimentado por la economía no se ha traducido en una mejora del panorama laboral. En el Perú, los derechos de los trabajadores siguen en suspenso en áreas clave como la libertad sindical. Así, el sueño de un trabajo decente sigue lejos, muy lejos de las grandes mayorías.

Escribe E. Balbín

La noción de trabajo decente, lanzada en 1999, ha logrado notoriedad en el debate nacional sobre el trabajo y las políticas estatales.  Su concreción no parece cercana, a pesar que en enero de 2007 el Gobierno suscribió un memorando de entendimiento con la OIT en el que se comprometió a implementarlo. Un Plan Nacional de Trabajo Decente de base tripartita haría posible una visión integrada de la problemática del trabajo, que articule las oportunidades de empleo, la protección social, el diálogo social y el ejercicio efectivo de los derechos en el trabajo. }

Además, colocaría al trabajo en el centro de las políticas de Estado y su base tripartita permitiría un control social de las políticas económicas. La legislación no es el único factor para lograr el trabajo decente pero sí un elemento clave. Puede convertirse en un obstáculo para el trabajo decente si carece de la aptitud mínima para garantizar los estándares básicos necesarios para desarrollar los componentes del concepto; pero puede jugar un rol promocional si profundiza la efectividad de estos estándares, implementando medidas que vayan más allá de lo básico.

En el Perú todo parece indicar que la legislación vigente carece de aptitud para generar trabajo decente. Un factor es el origen de los dispositivos vigentes. Las normas vigentes más importantes en materia de relaciones individuales y colectivas tienen un origen autoritario (provienen de un entorno de rompimiento del orden constitucional) y no incluyeron ningún tipo de participación de los actores sociales, condición que legitima a la legislación social y garantiza su observancia.

¿Qué dicen los organismos internacionales?

Además, muchos dispositivos son incompatibles con los estándares básicos contenidos en los convenios de la OIT ratificados por el Perú. De ahí que el número de comentarios formulados por los órganos de control de la OIT a la legislación peruana sea elevado en comparación con otros países de la región con similar número de convenios ratificados.

Solo una tercera parte de los comentarios aluden directamente a incompatibilidades legislativas pero más de la mitad de ellos reiteran observaciones formuladas hace varios años y que no han merecido la atención de los gobiernos ni han sido materia de diálogo tripartito o discusión pública.

Por ejemplo: las observaciones relacionadas con las incompatibilidades legislativas subsistentes en la Ley de Relaciones Colectivas (en lo referido al derecho de huelga) con el convenio N° 87, que datan del año 1994 y no fueron levantadas con la reforma legislativa producida del año 2003, siendo reiteradas por la Comisión en cada oportunidad.

Algunos de estos comentarios no refieren directamente a cuestiones normativas, su atención supone acciones en este plano. Los comentarios relativos al cumplimiento del convenio N° 102 sobre seguridad social, que aluden a la inobservancia de los principios básicos enunciados en el convenio; entre ellos, el financiamiento colectivo de las pensiones, cuya atención demandaría modificar las normas que establecen que el aporte corresponde íntegramente al trabajador. Esta observación cuestiona aspectos centrales del sistema de seguridad social y su levantamiento es un elemento prioritario en el propósito de alcanzar estándares de trabajo decente en materia de protección social.

Otros comentarios se refieren a la ausencia de participación de las organizaciones de trabajadores y empleadores en la implementación, ejecución o supervisión de las acciones orientadas al cumplimiento de los convenios. Advierten sobre la necesidad de contar con un servicio de empleo que incluya la cooperación de los interlocutores sociales (convenio N° 88), la consulta a los pueblos indígenas (convenio N° 169), y la participación de los asegurados en la
supervisión de los sistema de seguridad social (convenio N° 102), evidenciando una orientación deficitaria en materia de diálogo social. Este déficit se asocia a las deficiencias que presentan la legislación y las prácticas nacionales en materia de libertad sindical, perfilando una área de incidencia prioritaria para un Plan
Nacional de Trabajo Decente.

Normas recientes: ¿aportan al trabajo decente?

18-09-02

Durante 2009 y en lo que va del 2010 se ha expedido diversas normas que cabe analizar bajo la perspectiva del trabajo decente. En materia de empleo, destaca la creación del Programa Especial de Reconversión Laboral (Perlab - Revalora Perú), concebido inicialmente como un medida temporal de respuesta a la crisis financiera, pero convertido posteriormente en un programa permanente del Ministerio de Trabajo.

En cuanto a protección social, la Ley Marco del Aseguramiento Universal en Salud, según cifras oficiales, tendría como beneficiarios al primer año a más de 1 millón 600 mil personas en situación de pobreza.

La Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y la aprobación de la nueva Ley Procesal del Trabajo, por su parte, versan sobre los mecanismos y procedimientos de tutela de los derechos: La nueva estructura orgánica del Ministerio prevé un soporte orgánico específico para temas como migraciones y los derechos fundamentales, y un área de planeamiento para la inspección del trabajo, lo que amplia las oportunidades.

Lo mismo ocurre con el nuevo proceso laboral basado en la oralidad, que contempla plazos muy cortos y legitimación especial en caso de algunos derechos fundamentales así como facilidades probatorias.

Para evaluar el compromiso gubernamental cabe analizar la dotación presupuestal asignada para garantizar la aplicación de estos dispositivos. El presupuesto del Ministerio de Trabajo para el 2010 se ha incrementado en un 225% con relación al del año 2009, pero en comparación con otros ministerios sigue siendo
uno de los más reducidos (0.31% del presupuesto nacional). El salto de los “programas” a las “políticas”  articuladas de empleo puede depender del origen y la suficiencia de las asignaciones presupuestales, al igual que mejorar la cobertura y calidad de los servicios de salud o la implementación de nuevos procesos laborales puede acelerase con apoyo de la tecnología.

Otro aspecto clave es la correspondencia entre las medidas legislativas adoptadas en el 2009 y lo que va del 2010, con los déficit normativos detectados por los órganos de control de la OIT y que corresponden, a su vez, con algunos de los problemas más apremiantes de la realidad laboral. La actividad normativa no se habría preocupado de atender los cuestionamientos de los órganos de control de la OIT.

De hecho, pocas normas han sido expedidas procurando atender los comentario de los órganos de control, por el contrario, proyectos de ley como el de la consulta a los pueblos indígenas han motivado severos comentarios de la OIT por incumplir con el Convenio 169.

Atención urgente: libertad sindical, precariedad laboral

18-09-03Reclama atención urgente la libertad sindical, severamente afectada desde los 1990. En los últimos tres años se registra una baja en indicadores relevantes como la tasa de afiliación y la cobertura de la negociación colectiva. Según el propio Ministerio de Trabajo, el número de trabajadores sindicalizados tiende a la baja desde el año 2007, lo mismo que los trabajadores cubiertos por negociación colectiva. Las huelgas se incrementaron (de 63 en 2008 a 99 en 2009) y el porcentaje de huelgas ilegales sigue por encima del 94%. Muchas observaciones de los órganos de control refieren al derecho de huelga, específicamente se ha solicitado al gobierno que el control de legalidad de la huelga no lo realice el Ministerio de Trabajo.

Otro problema urgente son los altos niveles de precariedad. Según la Encuesta de Hogares siguen aumentando los contratos temporales, para 2009 éstos más que duplican a los trabajadores con contrato indefinido. Los trabajadores “sin contrato” se han incrementado incluso en la microempresa de hasta 10  trabajadores que ha sido objeto de medidas destinadas a la formalización del empleo mediante la rebaja del costo laboral. El diálogo social en el Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo permaneció paralizado durante todo el 2009: las centrales sindicales decidieron suspender su participación dada la negativa de proceder al aumento de la remuneración mínima en aplicación del procedimiento de reajuste acordado en forma tripartita. Hace poco las partes manifestaron su propósito de reanudar las conversaciones retomando el tema del incremento de la remuneración mínima y la implementación de un plan de trabajo decente. Reanudar el diálogo y lograr acuerdos es urgente puesto que el déficit de participación en la esfera sociopolítica debilita la construcción de un sistema democrático de relaciones laborales.

Como ya dijimos: la situación actual no puede ser abordada únicamente a través de acciones normativas, pero un Plan Nacional contribuiría a dar coherencia a éstas y a encaminarlas hacia la conformación de una plataforma de impulso del trabajo decente.

Para saber más: Ministerio de Trabajo, Anuario estadístico del 2009

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