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Derechos de los pueblos indígenas muchos retos pendientes

Derechos de los pueblos indígenas

MUCHOS RETOS PENDIENTES

18-07

Escribe Wilfredo Ardito Vega

Representantes del gobierno peruano ganaron reconocimiento internacional en el año 2007, por sus gestiones ante la Organización de Naciones Unidas a favor de la aprobación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Dos años más tarde, foros internacionales como la OIT y el Comité contra la Eliminación de la Discriminación Racial, critican severamente al Estado Peruano por el tratamiento dado a los pueblos indígenas.

El activismo de algunos diplomáticos no puede ocultar la opción del gobierno actual de otorgar concesiones a empresas para actividades mineras y de hidrocarburos sin ningún tipo de consulta a los habitantes de los territorios implicados.
 

Proyectos y concesiones inconsultas afectan sus derechos

Aunque podría decirse que García sólo continúa la política de Fujimori y Toledo, las concesiones bajo su gobierno han sido mucho más extensas y numerosas. Proyectos como la hidroeléctrica de Pakitzapango, que implica la inundación de catorce comunidades asháninkas, o la concesión a la minera Afrodita en territorio awajún, han provocado el decidido rechazo de la población. Ello no parece importarle mucho a Alan García, quien en sus artículos sobre “el perro del hortelano” expuso claramente su percepción respecto a los indígenas como seres primitivos e ideologizados que, al aferrarse a sus territorios, no permitirían el desarrollo del país.

Diversos proyectos de ley orientados a facilitar la disolución de las comunidades campesinas y nativas y la venta de sus tierras o la servidumbre forzosa fueron rechazados por el Congreso de la República, lo que indica que las consecuencias de tales propuestas preocupaban incluso a los congresistas del partido de gobierno, García, empero, decidió seguir adelante y logró se aprobaran sus propuestas mediante una serie de Decretos Legislativos que supuestamente eran necesarios para implementar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.

Respuestas de las organizaciones indígenas

Seguramente subestimó la reacción de la población indígena. Las protestas en la Amazonía no se hicieron esperar. Dos masivos levantamientos lograron transformar a los indígenas amazónicos en actores políticos y consiguieron la derogatoria por el Congreso de las normas más cuestionadas.

Si bien un balance objetivo de los sucesos en la llamada “masacre de Bagua” muestra que la mayor parte de los fallecidos fueron policías asesinados por los indígenas, en el imaginario colectivo se sigue identificando a García como el autor de la misma: ello se explicaría por el desprecio mostrado por éste hacia la
población amazónica.

Los mencionados levantamientos evidenciaron, además, un problema de representación: entre los parlamentarios no hay (ni lo ha habido nunca) un sólo representante de los pueblos amazónicos. Fue necesario recurrir a otros mecanismos, como las mesas de diálogo entre representantes del Estado y de los pueblos indígenas, para viabilizar la participación de la población indígena. Las negociaciones fueron lentas y tensas.

18-07-02Muchos indígenas expresaron un marcado escepticismo, pero finalmente las propuestas fueron alcanzadas al Congreso y así fue como meses después, en mayo del 2010, se logró la aprobación de Ley de Consulta en el Congreso de la República, con votos inclusive de la mayoría gubernamental:  Para muchos indígenas se abría un inesperado camino de esperanza: el mismo gobierno que tanto los había despreciado, terminaría promulgando una ley que les permitiría ejercer su ciudadanía

Son muchos ya los países donde la realización de las actividades extractivas en territorios indígenas requiere que éstos den su consentimiento previo, libre e informado, tal como lo establece la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas. La norma aprobada por el Congreso Peruano no llegaba a tanto, pues planteaba solamente procedimientos de consulta. Pese a ello, el Poder Ejecutivo decidió observar el proyecto de ley aprobado por el Congreso, apelando a argumentos débiles y poco consistentes, mostrando, nuevamente, que el sector más conservador y reacio a reconocer los derechos de los pueblos indígenas es el entorno cercano al Presidente de la República.

El gobierno señaló, entre otras cosas, que no debía darse derecho de veto a los indígenas, lo cual no está indicado en la norma aprobada.

Planteó además que la ONPE dirija las consultas, pero este organismo tiene formalidades muy difíciles de cumplir en relación a la población indígena, como la exigencia que los participantes en un proceso electoral tengan DNI vigente, lo cual impediría que muchos indígenas pudieran intervenir.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado enfáticamente que es el Estado quien debe respetar los procedimientos tradicionales de los indígenas en los procesos de consulta, y no al revés.

La observación más sorprendente del gobierno aprista fue que los millones de campesinos que tienen el quechua o el aymara como lengua materna no son indígenas. Es cierto que la mayoría de campesinos andinos no se percibe como indígenas, pero ello no quiere decir que no lo sean.

Avances y retos pendientes

Pese a todo, a comienzos de este año el Tribunal Constitucional reconoció el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados, indicando que aparece en el Convenio 169 de la OIT que el Perú suscribió en 1993 (sentencia sobre el expediente 0022-2009-PI/TC). La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado además que, aún en los países que no son partes del Convenio, la consulta a los pueblos indígenas es obligatoria en tanto ya se ha convertido en parte del derecho internacional.

Las observaciones del Poder Ejecutivo han generado fuertes debates en el Congreso acerca de la necesidad de insistir en el proyecto original.

A la par, el reciente derrame de petróleo en el río Marañón y la contaminación de varios ríos por la empresa Caudalosa en Huancavelica han confirmado los temores de muchos ciudadanos, incluidos los indígenas y campesinos, sobre la irresponsabilidad de las empresas extractivas en nuestro país.

El balance positivo es que, como reacción a las políticas y discursos de Alan García, los indígenas amazónicos han logrado una movilización sin precedentes.

Sería de mayor trascendencia que los indígenas andinos alcanzaran niveles organizativos similares y pudieran realizar planteamientos conjuntos con los amazónicos en la línea de las normas y sentencias a nivel internacional.

Para saber más:
www.ilo.org/public/spanish/...169/convenio.shtml

www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf

abyayala.nativeweb.org/peru/oit169

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