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Criminalización de la protesta en tiempos del Dr. García

Revista - N° 18 DESC

CRIMINALIZACIÓN

de la protesta en tiempos del Dr. García

Se busca criminalizar la protesta. En este segundo gobierno de García han muerto 70 personas, existe un hostigamiento y agresión permanente hacia los dirigentes locales. La marginación y la protesta es el caldo de cultivo de los conflictos sociales.

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Escribe Miguel Jugo

Los conflictos sociales se han triplicado

Las acciones del movimiento social solicitando atención a sus principales derechos son calificadas hoy, en nuestro país, como conflictividad social. Los múltiples conflictos sucedidos en los últimos 4 años –medio ambiente, minería y comunidades, sindicales, de trabajadores estatales, de los productores cocaleros, tienen relación directa con el modelo económico, los vínculos de los intereses económicos privados con los poderes políticos tradicionales y las redes de corrupción. Y no se están resolviendo.

No se ha enfrentado las diversas formas de explotación laboral ni aceptado que los pueblos indígenas y campesinos puedan decidir si se realizan explotaciones mineras en sus tierras o no. En consecuencia, bajo la presidencia de García los conflictos sociales se han triplicado: de 70 a fines del 2006, a 250 en 2010.

La respuesta que se ha dado al movimiento social ha sido la Criminalización de la Protesta Social. un fenómeno mundial que ha echado sus reales en el Perú. Se trata de procesos políticos, legales y sociales que buscan convertir en un “crimen” a la protesta social, aislar a los líderes sociales y desmovilizar las organizaciones sociales opositoras al modelo económico.

Afirma la Defensoría del Pueblo: “En el Perú se ha aplicado esta expresión a las acciones gubernamentales percibidas como limitantes de las protestas y de las opiniones discrepantes en ciertos temas”. Son ilustrativas las reacciones gubernamentales frente al conflicto por el Gas en el Cusco, donde se acusó a los organizadores de la protesta llamándoles senderistas que quieren desestabilizar el sistema democrático.

La criminalización de la protesta no se inicia durante el gobierno aprista pero ha fue acicateada por las calificaciones que hizo el Presidente García al llamar “perros del hortelano” a las personas que no aceptan su propuesta de modelo de desarrollo. Dicha actitud ha llevado al país a una situación de alto riesgo y lamentablemente se pretende influir sobre el sentido común de la población para conseguir que el uso de la fuerza contra la conflictividad social tenga “licencia social”.

No se está respetando el principio primordial

18-04-02Muchas veces se ha tratado de justificar las acciones represivas del gobierno como defensa de los derechos de otros. Pero es un principio incuestionable que cuando existe colisión de derechos, debe primar el derecho a la vida, es decir, una acción de defensa de derechos no debe afectar los derechos de otros.

Ese principio no se está respetando hoy en nuestro país: hasta Julio del 2006, la represión policial en el contexto de conflictos sociales había producido 15 muertos, en lo que va de este año, ya suman 47 los muertos.

Igualmente aumenta el número de dirigentes sociales que sufren vejámenes y tratos inhumanos o degradantes, así como las personas que heridas de gravedad en el marco de protesta social.

El empleo de fuerza frente a personas que no están realizando actos de violencia, a modo de escarmiento público.

El uso indiscriminado de armas, incluso letales, en zonas de viviendas o en presencia de personas no involucradas en alteraciones del orden público ni movilizaciones. El empleo de la fuerza contra personas que huyen o se encuentran en imposibilidad de ofrecer resistencia alguna. El disparo de gases lacrimógenos hacia el cuerpo de las personas, causando lesiones e incluso la muerte o desde helicópteros, son situaciones que se han constatado en Ayacucho y Moquegua en 2008; en Ica, Iquitos, Piura y, el caso mas dramático, en Bagua, en 2009.

Tendencia a la impunidad fortalecida

Por no abordarse los conflictos de manera dialogada la Policía Nacional, que es la encargada de afrontar estas situaciones, ha sufrido desde Agosto del 2006 a la fecha, la muerte de 29 efectivos,. Pero hay una tendencia a la impunidad de los excesos policiales, que ha sido fortalecida mediante el Decreto Legislativo Nº 982. Éste modifica el artículo 20 del Código Penal y establece la inimputabilidad de los efectivos militares o policiales que ocasionen lesiones o muerte en el ejercicio de sus funciones.

Los Decretos legislativos 983, 988 y 989, a su vez, modifican delitos como la extorsión, que tiene una motivación fundamentalmente patrimonial, estableciendo como causa “cualquier motivación”, lo que da pie a que prácticas usuales del movimiento social sean calificadas como extorsivas. También se aumentaron
las penas hasta 25 años de prisión.

Estas normas han sido cuestionadas por la Defensoría del Pueblo. Más de 5,500 ciudadanos y un conjunto de organizaciones sociales como APRODEH, CGTP, CCP y CONACAMNI han presentado una demanda de inconstitucionalidad que lamentablemente no sido amparada

Defensoria del Pueblo:
cuándo se criminaliza una protesta

  • Renuncia al diálogo
  • Reforma legal que ilegaliza la protesta social
  • Judicialización de los conflictos sociales
  • Equiparación de luchadores sociales con delincuentes
  • Descalificación de los movimientos sociales al denominarlos elementos desestabilizadores que atentan contra la seguridad nacional

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Comments  

 
#1 Smithb865 2014-06-01 14:30
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