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Discriminación: Gestos y normas: SI, Políticas Públicas: NO

Revista - N° 18 DESC

Discriminación:

Gestos y normas: SI,

Políticas Públicas: NO

18-02-01

El actual gobierno ha dado pasos importantes con los afroperuanos, sin embargo, a la población indígena, andina y amazónica la ha calificado de seres primitivos, violentos, opuestos al desarrollo del país. Persiste la desigualdad asociada a factores étnicos y raciales. Una tarea pendiente para acabar con la discriminación estructural es una Ley Nacional contra la Discriminación.

Escribe Wilfredo Ardito

No puede negarse que el gobierno actual ha realizado diversos gestos contra la discriminación, algunos de ellos sin precedentes. Alan García es el primer mandatario que menciona, en el discurso presidencial de 28 de julio, al racismo como uno de los graves problemas del país. Igualmente, con motivo de Fiestas Patrias, ha acudido a una ceremonia religiosa en una iglesia evangélica como signo de acercamiento hacia las personas que no son católicas. Asimismo, se ha prohibido la discriminación por sexo en los clubes privados como el Regatas Limas, que debió modificar sus estatutos e incorporar a mujeres como socias.

A través de una Resolución Suprema de noviembre de 2009, el gobierno, pidió “perdón al pueblo afroperuano por los abusos, exclusión y discriminación  cometidos en su agravio desde la época colonial hasta la actualidad. García mismo reiteró esta petición ante numerosos representantes de la comunidad
afroperuana. Meses antes se creó el Museo Afroperuano por el Congreso de la República y se declaró el 4 de Junio como Día de la Cultura Afroperuana.
El acercamiento a los afroperuanos, sin embargo, contrasta marcadamente con el trato dado a la población indígena, andina y amazónica, que los voceros del gobierno y el propio Presidente han presentado como seres primitivos, violentos, opuestos al desarrollo del país y manipulada por intereses políticos.
Otro ejemplo de contraste es que se prohíbe obligar a las trabajadoras del hogar llevar uniforme en lugares públicos, pero no se supervisa las condiciones en que estas trabajadoras laboran.

No tenemos una política coherente y articulada

Frente a estos gestos, aún se carece de una política nacional, articulada y coherente contra la discriminación, especialmente contra la discriminación estructural responsable de la extrema pobreza en que vive la población indígena. En salud y educación el propio Estado proporciona a los campesinos y nativos servicios de la peor calidad y considera los lugares donde aquellos viven como “zonas de castigo” a donde traslada a los funcionarios que han cometido alguna falta.

Los problemas estructurales generan consecuencias permanentes: en el caso de los indígenas, por ejemplo, determinantes sociales, como la desnutrición y el bajo nivel educativo de los padres, contribuyen a la dificultad de los estudiantes a tener adecuados logros educativos. Así, si bien existe una casi total cobertura en la educación primaria, los indígenas disminuyen mucho su permanencia en la educación secundaria.

Al respecto el Decreto Supremo 027-PCM-2007 estableció como una de las políticas de cumplimiento obligatorio para el sector público atender especialmente a las poblaciones indígena, afroperuana y asiático-peruana. Hasta la fecha, empero, las instituciones estatales no han cumplido con informar a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre sus avances en la materia.

Es discutible, además, la referencia a los asiáticos-peruanos, que si bien son un colectivo importante, no viven un grado de exclusión o discriminación similar al que padecen los indígenas o los afroperuanos.

Los mayores esfuerzos han sido realizados por gobiernos regionales y locales

18-02-02Suman más de 50 las  Ordenanzas Municipales contra la discriminación, las primeras solamente enfrentaban temas de derechos de los consumidores, pero las siguientes plantean políticas públicas para enfrentar la discriminación, sancionar las prácticas discriminatorias de sus funcionarios y hacer cumplir la Ley de Atención Preferente a favor de las personas con rasgos indígenas.

Muchas plantean medidas de acción afirmativa para promover la igualdad real entre la población, lo cual implica enfrentar las condiciones de desigualdad existentes. Existen además seis Ordenanzas Regionales que trazan políticas públicas en educación, salud y empleo. Destaca la Ordenanza 017-2008 del Gobierno Regional de Apurímac, considerada la norma más completa aprobada contra la discriminación en el Perú.

En el ámbito laboral, el Decreto Supremo 019-2006-TR, reglamento de la ley 28806, Ley General de Inspección de Trabajo, prohíbe las conductas discriminatorias en toda etapa de la relación laboral, calificándolas de “infracción muy grave”. Sanciona tanto la discriminación directa como la indirecta, aunque no esté probada la intención de discriminar, pero sí las consecuencias desproporcionadas sobre un grupo social. Ordenanzas Regionales de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Madre de Dios prohíben, además, incluir como requisito para la contratación la presentación de una fotografía reciente o “buena presencia”. Así, y por las acciones de la sociedad civil, los avisos discriminatorios se han reducido notablemente. Recientes sanciones por discriminación laboral, en Lima y otras regiones, demuestran mayor voluntad política para enfrentar el problema.

En cuanto a la discriminación lingüística, merecen resaltarse los avances de los Gobiernos Regionales de Cusco, Apurímac, Ayacucho y Huancavelica para atender al público en idioma quechua. También las municipalidades de Abancay, Andahuaylas, Huamanga, San Juan Bautista y Jesús Nazareno están prestando atención a esta problemática.

En cuanto a los idiomas amazónicos, Ayacucho ha reconocido que el asháninka se habla en algunos distritos y Junín al kakinte, el asháninka y el yanesha. La Municipalidad de Chanchamayo estableció la obligación de conocer el asháninka por sus funcionarios y la de Imaza-Chiriaco (Amazonas) hizo lo mismo en relación al awajún.

Por su parte, en junio del 2010 el Congreso de la República aprobó el proyecto de ley 806 para la Preservación y Uso de las Lenguas Originarias del Perú, quedando pendiente su promulgación por el Poder Ejecutivo. Respecto a la discriminación en locales abiertos al público, continúan las acciones de INDECOPI, pero la carga de la prueba corresponde a la persona discriminada, lo cual hace muy difícil alcanzar una sanción. También son disuasivos la tasa que deben pagar los denunciantes y el hecho que la multa se destine a INDECOPI y no a indemnizar a la víctima.

Frente a esta situación, han sido importantes todas las Ordenanzas Municipales que disponen la revocatoria de la licencia de funcionamiento o clausura definitiva de los locales discriminadores. Algunas exigen para otorgar licencia de funcionamiento, presentar una declaración jurada comprometiéndose a no llevar a cabo acciones discriminatorias1. Otras disponen que los establecimientos comerciales cuenten con un cartel que señale la prohibición de discriminar en su local y sancionan colocar frases como “Se Reserva el Derecho de Admisión” o “Excelente Presencia”.

La norma más importante durante estos años ha sido la Ley 28867, promulgada en los primeros días del actual gobierno, que modifica el artículo 323 del Código Penal, definiendo el delito de discriminación y ampliando el listado de causales incluyendo raza, género, religión, identidad étnica y cultural, idioma, indumentaria, opinión política o de cualquier otra índole, edad y discapacidad.

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Asimismo, incrementa las sanciones hasta tres años de prisión, los que pueden extenderse a cuatro si el autor fuese funcionario público o si empleó violencia.
No obstante, las propias instituciones que deberían auxiliar a los ciudadanos discriminados, como la Policía Nacional y el Poder Judicial, reproducen tales prácticas en su quehacer cotidiano. Las víctimas mayormente no denuncian por desconocimiento de las normas o por falta de acompañamiento.

 

Por otro lado, las posibilidades del Estado son limitadas: INDECOPI tiene oficinas solamente en diez ciudades del país y el Ministerio de Trabajo tiene muy pocos inspectores para intervenir en las prácticas discriminatorias. Es evidente también, en muchos casos, la ausencia de voluntad política: en las ofertas de empleo, por ejemplo, las infracciones son públicamente evidentes pero no se producen sanciones.

Recientemente, gracias al tesón de algunas personas con discapacidad, el Poder Judicial ha emitido algunas sentencias clave cuyo efecto puede ser importante para que se incrementen las denuncias por parte de la población y que la administración de justicia asuma con más seriedad la problemática. Aun no se producen denuncias penales por discriminación racial, empero, seguramente porque los peruanos seguimos negando la magnitud de este problema en nuestras vidas, sea como víctimas o como discriminadores. Así, seguimos tolerando los programas cómicos en televisión que hacen burla de personajes andinos o afroperuanos por sus rasgos físicos, como el caso del Negro Mama y La Paisana Jacinta, y que los medios de comunicación continúen asociando la belleza, el éxito y la felicidad solamente a los rasgos europeos

LAS PRIMERAS SENTENCIAS CONTRA LA DISCRIMINACION

El 12 de junio de 2009, la Corte Superior de Lima Norte emitió sentencia condenatoria por discriminación contra cuatro profesores que de un instituto superior, en Los Olivos, que discriminaron a una joven con discapacidad.

El 5 de febrero de 2010, la Corte Superior del Cusco declaró fundada la acción de amparo presentada por el abogado Edwin Béjar, a quien el Consejo Nacional de la Magistratura impidió postular para el cargo de fiscal, debido a su condición de invidente.

A cuatro años del gobierno de García, una Ley Nacional contra la Discriminación sigue siendo una tarea pendiente. También lo es el enfrentar sistemática y coherentemente las condiciones de desigualdad asociadas a factores étnicos y raciales.

Más allá de gestos, se trata de percibir a todas y todos los peruanos como ciudadanos y diseñar las políticas pensando en otorgar las mismas oportunidades para todos y todas los ciudadanos. 

Municipios contra la Discriminación
(con Ordenanzas)

 Apurímac
Abancay y Andahuaylas

Arequipa:
MP Arequipa, Camaná, Caylloma, Cayma, Cerro Colorado, Islay, José Luis Bustamante y Rivero, Majes, Mariano Melgar, Mejía, Miraflores, Sabandía, Samuel Pastor, Socabaya, Yanahuara

Ayacucho
Huamanga, San Juan Bautista y Jesús Nazareno

Callao
MP Callao

Cajamarca
MP Cajamarca

Cusco
Canchis y Urubamba

Huanuco
Marañón

Junín
Acobamba, Chanchamayo, Concepción, Huancayo, Jauja, Matahuasi, Tarma

Lambayeque
Chiclayo, Íllimo, Jayanca, MP Lambayeque, Olmos, Picsi, San José, Zaña

Lima
Jesús María, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, San Miguel, Villa El Salvador

Loreto
Belén

Piura
Catacaos y Sullana

Tacna
Alto del Alianza y Tacna

Ordenanzas Regionales
Apurímac
Lambayeque
Ayacucho
Huancavelica
Junín
Madre de Dios

------------------------------------------------------------------

1 San Miguel (Lima), Camaná, Caylloma, Cayma, Cerro Colorado, Majes, Mariano Melgar, Mejía y Miraflores (Arequipa), Sullana (Piura), Urubamba y Canchis (Cusco) Chanchamayo y Matahuasi (Junin) y Huamanga (Ayacucho)

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