¡A la cabeza! ¡A la cabeza!

¡A la cabeza! ¡A la cabeza!

op-muertePor Wilfredo Ardito

En el 2009, un conocido mío fue asaltado en Trujillo, pero como llevaba un arma de fuego, le disparó en la pierna al delincuente. Mientras éste caía herido, los transeúntes gritaban:

-¡A la cabeza! ¡Dispárale a la cabeza!

Cuando llegaron los policías, le dijeron indignados al asaltado:

-¿Y por qué no lo mató? ¿No sabe que va a salir en libertad?

El viernes por la noche recordé este incidente, cuando supe que un francotirador había matado de un balazo en la cabeza al secuestrador que tenía a más de 30 rehenes en una agencia bancaria de Gamarra.

En Trujillo, desde hace varios años, la impunidad con que actúan varias bandas de extorsionadores y delincuentes generó en los ciudadanos la sensación de que la única forma de enfrentar este problema era matar a los delincuentes. De esta forma, cuando entre agosto del 2008 y octubre del 2009, el Escuadrón de Emergencias de la Policía asesinó a 46 personas, contó con la aprobación de la mayoría de trujillanos.

-Es el precio que hay que pagar para vivir en paz –me decía un profesor de la Universidad César Vallejo.

Los organismos de derechos humanos de la zona o la sede local de la Defensoría del Pueblo no protestaron, ni siquiera cuando sucesivamente aparecieron cadáveres de varias personas totalmente inocentes con huellas de tortura.

Cuando la televisión limeña y algunas publicaciones como Caretas difundieron reportajes al respecto, le planteé la necesidad de pronunciarse a una persona que solía hablar mucho de derechos humanos, y su respuesta me dejó perplejo:

-¿Estás loco? ¿Quieres que digan que defendemos delincuentes?

Afortunadamente, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos sí difundió lo sucedido en su último Informe Anual.

En mi opinión, la defensa de los derechos humanos no implica sopesar las cualidades morales de la víctima de tortura, violación o ejecución extrajudicial, si era un campesino que luchaba contra la contaminación o un delincuente, un estudiante comprometido o un político corrupto.

Muchas personas, sin embargo, no piensan así y creen que los malhechores pierden el derecho a la vida. En octubre, me preguntaba si en el Perú no habíamos tenido una muestra de orgullo y solidaridad nacional similar a la que rodeó el rescate de los mineros chilenos. Una persona me contestó que sí... cuando fueron liberados los rehenes de la residencia del embajador japonés. Se olvidaba que en esa ocasión, diecisiete peruanos fallecieron, catorce de ellos en medio de la indiferencia general (RP 143).

Una muestra de la insensibilidad a la que se puede llegar respecto a la vida humana se produjo en julio del 2006, cuando Wilson Paredes Quispe, murió asesinado a dentelladas por un perro feroz y se despertó una campaña de solidaridad... con el animal. (http://www.lainsignia.org/2006/agosto/ibe_033.htm). El gobierno de García terminó presentándolo en manifestaciones públicas como una especie de terrible "héroe cívico".

Precisamente, días después de esta muerte, Alan García declaró "En el Perú hay gente que no merece vivir", y promovió la reintroducción de la pena de muerte para terroristas o violadores de niños. Aunque él no logró hacerlo legalmente, en la práctica, la pena de muerte se ha aplicado una y otra vez. En tiempos de Toledo, once campesinos y cuatro estudiantes murieron asesinados por las fuerzas de seguridad. En los cuatro años y medio de este gobierno, las muertes se elevan a 120.

La práctica de disparar a la cabeza de los manifestantes ya tiene precedentes: el campesino Julio Rojas murió de esta forma el 18 de febrero del 2008, en Barranca y al día siguiente le ocurrió lo mismo en Ayacucho a Emiliano García y Rubén Pariona. Evidentemente, si policías diferentes, en regiones distantes siguen una misma modalidad, es porque cumplen órdenes determinadas, como ocurrió el viernes pasado en Gamarra. Es posible que haya contribuido a este último desenlace la presencia de Raúl Becerra, como flamante Jefe de la Policía Nacional. Becerra estaba a cargo de la policía de Trujillo y siempre respaldó a los policías acusados de las ejecuciones extrajudiciales.

Era evidente que Ruiz Ninasqui era una persona con graves problemas de salud mental, que exclamaba que tenía una bomba atómica y gritaba que no lo miraran porque era feo. En este contexto, dispararle a la cabeza difícilmente puede ser considerado un "operativo impecable", como lo catalogaron tantos medios de comunicación, los mismos que adrede emplean términos poco emotivos como "abatido" o "sujeto". No dicen nada tampoco que a Ninasqui le dispararon a las 8:45pm pero falleció a las 11pm, estando su cuerpo dos horas en el suelo del banco, sin que a nadie se le ocurriera prestar alguna ayuda.

Un aspecto interesante es que 117 de las 120 personas muertas por este gobierno pertenecían a los sectores populares... y es en esos sectores donde tiene más respaldo la pena de muerte. Muchas veces, sólo protestan cuando alguien de su propio grupo es asesinado.

El incidente de Gamarra termina siendo una prueba para todos los que creemos en la defensa de la vida, la justicia y la dignidad de la persona. Esperemos que los métodos que se emplearon en Trujillo para enfrentar a la delincuencia no se generalicen en nuestro país.