El TLC, el Estado peruano y su encrucijada

El TLC, el Estado peruano y su encrucijada

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Por Julia Cuadros Falla

En los años en los que se negociaba el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos (EE.UU.), CooperAcción advertía sobre su capítulo de inversiones y la compleja situación en la que podía verse envuelto el estado peruano. Actualmente, estamos frente a un proceso de arbitraje por US$ 800 millones de dólares, interpuesto por Doe Run Perú (DRP) contra el estado peruano.

Paralelo a este proceso también están: la demanda que un grupo de pobladores ha interpuesto en un Tribunal de Missouri, EE.UU. por daños a la salud contra DRP y su casa matriz Renco Group, y el proceso concursal ante el INDECOPI para reestructurar la empresa DRP y volver a operar el Complejo Metalúrgico de La Oroya.

Cada proceso se viene desarrollando en fueros distintos y se rige por sus propias reglas y lineamientos y debe seguir soluciones independientes. Pero habría que analizar cómo se vinculan los mismos y si las decisiones en el marco de determinado proceso pueden afectar lo que suceda en los demás. Es por ello que el hecho de que el Ministerio de energía y Minas haya sido reconocido como el mayor acreedor de DRP por el incumplimiento del PAMA, en el marco del proceso concursal ante el INDECOPI, cobra especial relevancia.

¿Qué implicancias tiene este reconocimiento para los demás procesos que están en curso? Una revisión de la demanda de arbitraje contra el estado peruano nos permite comprobar que uno de los principales argumentos que sostienen la demanda es “el hecho que el gobierno peruano pretenda ser reconocido como el mayor acreedor en la Junta de Acreedores ante el INDECOPI, debido al incumplimiento del PAMA, constituye en la práctica un intento de expropiación que vulnera el artículo 10.7 del TLC con EEUU (expropiación indirecta).”

Es decir que en este caso, un reconocimiento justo de una acreencia legítima del Estado por el incumplimiento del PAMA, puede terminar sirviéndole a DRP como argumento para que sustente su demanda.

Este contexto nos hace repensar en el cómo estamos negociando los TLC y la situación de vulnerabilidad en la que nos pone como país, al permitir que empresas que han incumplido sus compromisos ambientales puedan demandarnos. A menos que voluntad y política sumen esfuerzos y se dé una solución definitiva a estos largos años en los que se han postergado derechos fundamentales como son gozar de salud y vivir en un ambiente sano.