Diálogo para la solución de los conflictos sociales

Por Miguel Jugo

El conflicto del Valle del Tambo, no es nuevo, viene desde el año 2009. En esa oportunidad se realizaron consultas vecinales, donde más del 90% de la población se opuso a la presencia de la minería. A pesar de ello, el proyecto de la Southern continuó con sus operaciones.

El Ministerio de energía y Minas encargó un estudio de Impacto Ambiental (EIA), sobre el impacto que generaría el proyecto minero de Tía María en la zona, a la UNOPS, organismo de las Naciones Unidas. Dicho informe ha presentado 138 observaciones, entre componentes omitidos, datos insuficientes, errores conceptuales, gráficos y cartografías erróneas; además de otros cuestionamientos. Sin embargo, el Ministerio de energía y Minas ha anulado el contrato con este organismo de las Naciones Unidas y ahora el ejecutivo ha propuesto suspender el proyecto por 3 meses.

Las actuales movilizaciones en contra del proyecto minero, vienen enfrentando nuevas y peligrosas situaciones. Una de ellas, es la reciente RS 113-2011-, que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional para abordar la protesta social en el Valle del Tambo. La situación es preocupante, pues en este caso esta resolución está amparada por el peligroso Decreto Legislativo 1095.

El decreto 1095, señala en su art. 27 que las conductas ilícitas atribuibles al personal militar con ocasión de las acciones realizadas, en aplicación del presente Decreto Legislativo o en ejercicio de su función, son de jurisdicción y competencia del Fuero Militar Policial. Es decir, en caso de producirse violaciones a los derechos humanos, éstos quedarían impunes.

El gobierno lejos de respetar los compromisos y dialogar con la población recurre otra vez al uso de la fuerza, que nuevamente ha causado la muerte de una persona, la del joven agricultor Andrés Taipe Cuquipuma. Andrés se agrega a la triste lista de los 77 peruanos muertos ya en conflictos.

Esta respuesta estatal frente a la conflictividad social ha sido una constante por parte de este gobierno. ¿Será igual en el próximo gobierno? Debemos pues exigir a los candidatos a la presidencia un zanjamiento claro contra el uso de la violencia hacia la población; su promesa de derogar el DL -1095 y las otras normas que han ocasionado más de 1,200 heridos en situaciones de protesta social. Los candidatos presidenciales tienen la palabra.

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