Ahora que se busca trasladar el eje de la discusión a los planes de gobierno únicamente, es necesario recordar que el problema es que la realidad excluyente en el país persiste y no ha sido abordada idóneamente.

Si bien los planes de gobierno deben ser analizados y criticados, hoy el asunto pasa por consideraciones políticas mayores y no por la polarización que la derecha pretende crear levantando el fantasma de la estatización. La cuestión es menos complicada, y radica en la recuperación de la lógica pública en la función del Estado y las acciones de gobierno. Ésta significa que el Estado asume claramente su responsabilidad frente al ejercicio de los derechos básicos de la población, sea desde su propia capacidad de organización y gestión o diseñando esquemas en los que la participación privada brinda los servicios, pero desde un marco regulatorio claro, buscándose así un equilibrio entre los derechos y los intereses privados.

Lamentablemente desde hace veinte años hemos tenido un Estado que ha dejado de lado la representación de los intereses básicos de la población, para derivar en casi un agente que facilita abiertamente los intereses de los inversionistas para abrir o proteger mercados ahí donde la ganancia está totalmente garantizada. Su lógica pública ha sido progresivamente abolida y para no hacer el asunto evidente, se la reemplazó por el asistencialismo aplicado desde una focalización que recorta sin duda los derechos básicos, ya que promueve que haya peruanos con un ejercicio mayor de derechos, frente a otros a los que se les reconoce derechos recortados, porque "eso es lo que el Estado está en capacidad de brindar".

Como se puede ver, la lógica pública está más allá de la falsa dicotomía planteada entre la siempre catastrófica estatización de algunos asuntos clave o la siempre provechosa privatización de los servicios. La lógica pública permite desde marcos regulatorios eficaces y eficientes, la participación de los actores privados en la oferta de servicios y de los actores estatales ahí donde sea necesario y estratégico. Hoy nuestras entidades regulatorias o que pueden dirimir entre el interés privado y el público, se han puesto claramente del lado del interés privado, y ejemplos de esa situación los comprobamos día a día en la desprotección del ciudadano frente a por ejemplo los bancos, las AFP, las farmacias, los seguros, etc.

Un caso que ejemplifica el adecuado funcionamiento de la lógica pública es el de los servicios de salud en Brasil. Hace veinticinco años Brasil estableció en su Constitución que la salud es un derecho (en el Perú nuestra Constitución no lo reconoce así), por lo que el Estado está en la obligación de garantizarlo. Para lograr ello ideó un esquema denominado "contrato público", desde el que el Estado establece las condiciones en que los actores sanitarios públicos o privados pueden participar para brindar servicios de salud a la población, determinando las tarifas por cada caso y las condiciones mínimas que se deben cumplir para brindar el servicio. Así, en Brasil casi el 65% de los prestadores de salud que participan brindando servicios que el Estado garantiza y paga, son privados, mientras que el otro 35% en su mayoría son centros de salud del Estado. El eje del asunto está en quién asume la responsabilidad de garantizar tal o cual derecho.

Cosa inversa ha sucedido en el Perú. En el mismo campo de la salud hay dos casos que evidencian lo afirmado. Los Hospitales de la Solidaridad por ejemplo mantienen acuerdos sobre la repartición de los ingresos producto de las consultas que en promedio significan un 70% para las empresas privadas y un 30% para el propio municipio. Ello sólo permite que el municipio cubra los gastos de funcionamiento y no que pueda implementar un fondo para ampliar los servicios a aquellos que no los pueden pagar o dedicarlos a otras acciones de salud.

Algo similar ha sucedido en EsSalud, donde las llamadas asociaciones público privadas (APP) hechas en los últimos años en promedio estarían permitiendo una utilidad de alrededor del 25% para la empresa que brinda servicios o administra un hospital. Si tenemos en cuenta que en España el promedio de utilidad para las empresas privadas que brindan servicios de salud en APP parecidas a las de EsSalud o a las de los Hospitales de la Solidaridad es de 8%, y existen muchas que están asociadas con el Estado, pues es claro que en el país hemos renunciado a la posibilidad de lograr más ingresos para la salud por la ausencia de una lógica pública.

Es necesario pues superar la falsa disyuntiva que algunos quieren crear hoy en relación a los planes de gobierno. El asunto es que en el país existe una realidad que las propuestas políticas buscan abordar. Esa realidad es la que debe ser modificada no desde interpretaciones extremas como la de la derecha que se niega sistemáticamente a los necesarios cambios constitucionales y funcionales en materia económica. Necesitamos entender que esa realidad compleja y diversa, que nuevamente se ha manifestado hoy sin atenuante, implica alejarnos del inmovilismo conceptual para abrir paso a una posibilidad de realizar los cambios que la población reclama a gritos.