Desde mi punto de vista, tienen razón, y así lo manifesté en esta columna. Y tienen razón, también, en criticar al TC y buscar los mecanismos jurídicos para que no se repita un fallo de esta naturaleza sobre competencias que están claramente establecidas.

Dicho esto, el fondo del asunto es la política comercial que sigue el actual gobierno que, como los anteriores, cree a pie juntillas que la rebaja unilateral de aranceles es la mejor para “una economía pequeña y abierta”. Para ellos, como dicen los Lineamientos de Política Arancelaria del MEF (1) hay que tener un arancel lo más bajo y plano que sea posible, lo cual ya han logrado pues el arancel efectivo está en 1.8%.

Eso lo dice la teoría ortodoxa, que es solo uno de los enfoques económicos existentes. Existen otros, que cuestionan esta premisa y plantean una política comercial que permita acompasar el crecimiento de la industria nacional con la apertura al exterior. Allí están, por ejemplo, los enfoques de Joseph Stiglitz, Paul Krugman y Dani Rodrik (este último aboga por una “nueva” política industrial). Pero para el dogma neoliberal solo existe “una” teoría económica y, por tanto, solo una política comercial.

Por eso, no toman en cuenta, por ejemplo, que en mercados oligopólicos, la rebaja de aranceles no se traslada al consumidor, pues se queda en los bolsillos del importador. Eso sucedió en el 2001, cuando se rebajaron los aranceles y el IGV a los medicamentos contra el sida y el cáncer, lo que está probado por el estudio del Ministerio de Salud del año 2005 (Efectos de los potenciales efectos del acceso a medicamentos del TLC con EEUU).

Lo mismo pasó con la rebaja de aranceles al cemento, donde el importador Cemex se quedó con el 12%, pues siguió vendiendo al mismo precio. No solo eso. Indecopi descubrió que ese cemento ingresaba a precio de dumping (antes, y después, de la rebaja de aranceles), con lo cual el pago del arancel al fisco era mínimo. ¿Qué se hizo? Nada.

Esta subvaluación de importaciones es práctica común, sobre todo en calzado y confecciones provenientes de países asiáticos, perjudicando a la industria nacional (Gamarra).

Pero en otros países, que también tienen políticas neoliberales, no sucede lo mismo. Es el caso de Colombia que, en el 2008 (cuando aquí se bajaban aranceles) promulgó los Decretos 3271 y 3272, elevando los aranceles para las confecciones y el calzado entre el 20 al 40% estableciendo, además, precios de referencia para estas mercancías (con lo cual se elimina de plazo la subvaluación). Pero proponer en el Perú que no se perjudique a la industria nacional, sería inmediatamente calificado de “antisistema”.

Tampoco se dice que la rebaja arancelaria del 2007 se dio, de un lado, cuando el país crecía a todo vapor y no se necesitaban rebajas (salvo para insumos y bienes de capital no producidos en el país) y, de otro, que la apreciación de la moneda nacional abarataba las importaciones en mayor proporción incluso que la rebaja arancelaria. Menos aún se menciona que la rebaja unilateral trabó la negociación del tratado comercial con México.

Finalmente, no se menciona que la rebaja significó una pérdida de recaudación de S/. 3,000 y 750 millones en el 2008 y el 2009, según la Sunat, que buena falta nos hacen ahora (lo que incluye S/. 40 millones por artículos de lujo).

Ciertamente, el Ejecutivo tiene la potestad de fijar los aranceles. La cuestión es cuál es la política comercial que se implementa. Es en ese rubro que estamos perdiendo.

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