Con la mitigación se persigue reducir la emisión de los combustibles fósiles: los hidrocarburos (petróleo y gas natural) y carbón. Quienes tienen que hacer la mayor parte de la tarea aquí son los grandes países industrializados (EEUU, la Unión Europea y Japón), son responsables de más del 85% del stock de gases emitidos desde la Revolución Industrial en el siglo 18.

Pero también tienen responsabilidad los “países emergentes” más avanzados, entre ellos China, India, los “tigres asiáticos, Brasil y Sudáfrica, principalmente. En efecto, según la Agencia Internacional de la Energía de la OCDE, en el 2009,  EEUU y China son responsables, a partes iguales, del 40% del total mundial de emisiones. Y, al 2015, se proyecta que los “emergentes” (con sus altas tasas de crecimiento) serán responsables de más del 50% del total de la emisión de estos gases. Para América Latina, la responsabilidad es menor, pues sus emisiones solo son superiores a las de África (aunque en términos de emisiones per cápita estamos por delante de Asia y África).

Esto, sin embargo, no debería alegrarnos demasiado porque el panorama es poco alentador: entre 1973 y 2005 el consumo de combustibles fósiles de la Región aumentó su participación del 3.5 al 5% en el consumo final mundial de energía primaria. A su vez, el transporte fue responsable de la mayor parte del aumento del consumo de petróleo entre 1971 y el 2005. Así, hay que mejorar la “eficiencia energética”, aumentando la producción por cada unidad de energía consumida. Ese es nuestro mayor reto “mitigador”.

Pero hay otro ámbito en que tenemos responsabilidad: “la gran contribución a las emisiones por las pérdidas en la cubierta forestal debido a la expansión de la frontera agropecuaria. Son pocos los casos en los que las medidas de adaptación y mitigación coinciden y este es uno de ellos” (1). Disminuir la deforestación es, entonces, otro reto central. Y la cosa no es fácil porque muchos países permiten la deforestación, abierta o solapadamente, para aumentar sus áreas agrícolas.

El otro objetivo central es “cómo nos adaptamos” a los cambios climáticos  en marcha. Dice la CEPAL que “la política de adaptación implica absorber las pérdidas esperables en el sector primario y en los ingresos públicos y anticipar los gastos que deberá efectuar el sector público para enfrentar las consecuencias negativas y posiblemente concurrentes del cambio climático: sequías, inundaciones, epidemias, olas de calor, pérdidas de infraestructura y otras consecuencias directas”.

Señores, estamos hablando de mucho dinero (¿cuánto cuestan las lluvias en el Cusco?). Por eso, ese tema fue uno de los desacuerdos más grandes de Copenhague en diciembre. Dicen los países “en vías de desarrollo”: el cambio climático ha sido causado por los “países grandes”. ¿Por qué tendríamos que asumir ese costo, cuando no tenemos esos recursos y tendríamos, incluso, que endeudarnos para ello?

A pesar de los avances, el “Perú oficial” no les otorga mucha importancia a los temas ambientales. Se les considera como “externalidades” difíciles de contabilizar, a pesar de que el Banco Mundial dice que las pérdidas ambientales equivalen, ya, al 3.8% del PBI (2).

Además, eso choca con la prolongación del “modelo de desarrollo” basado en las industrias extractivas (minería e hidrocarburos), que necesitan de la teoría del “perro del hortelano”. Por eso se permite a Doe Run postergar su PAMA y se quiere aprobar, lo más rápido posible la inversión en Majaz, Tía María, Inambari y se promulgan los decretos legislativos inconsultos e ilegales para “entrar” a la amazonía (Bagua). Si tenemos que mitigar y adaptarnos hay, todavía, mucho por hacer.

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