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Balance de los cuatro años del gobierno aprista

BALANCE DE LOS CUATRO AÑOS DEL GOBIERNO APRISTA

op-balance28_cEl 28 de julio del 2006, el Presidente García inauguró su segundo gobierno, con el compromiso de hacer realidad, el “cambio responsable” que había prometido. Han transcurrido cuatro años y la inmensa mayoría de peruanos y peruanas tiene la percepción de un nuevo fracaso y de una nueva oportunidad pérdida.

Las cifras macroeconómicas, muestran que la economía ha crecido en todos estos años, con la única excepción del 2009 que cayó del 10 a menos del 1%, debido al mal manejo de la crisis mundial. Sin embargo ese crecimiento no se ha visto reflejado en el ingreso de las familias y en los sueldos, salarios y pensiones de los trabajadores.

A pesar que el gobierno despliega una millonaria campaña (350 millones de soles anuales) para vender la idea de un país próspero y de un gobierno eficiente, más del 70 % de la población desaprueba la gestión gubernamental. Asimismo, crece el descontento ciudadano y se incrementan los conflictos sociales tal como advierte la Defensoría del Pueblo.

Un balance del manejo económico y de las principales políticas públicas, explican esta situación. Veamos:

1.- POLÍTICA ECONÓMICA:

La línea rectora de la política económica del régimen actual ha sido la tesis del “Perro del Hortelano”, el nuevo ideario aprista, en el que se sustenta su modelo económico basado en tres pilares fundamentales: 1) La promoción de las inversiones, sobre todo del capital trasnacional 2) La apertura comercial, sobre la base de los tratados de libre comercio y el estímulo a las exportaciones y 3) La reducción o eliminación de los derechos de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales.

En base a lo primero se abrieron las puertas al capital foráneo en condiciones sumamente lesivas al interés nacional. Se propició la penetración y dominio del capital trasnacional y con ello la desnacionalización de nuestra economía. Se otorgaron privilegios tributarios a los inversionistas y dictaron medidas para reducir los costos laborales, además de flexibilizarse las normas de protección del medio ambiente con consecuencias nefastas para la preservación del sistema ecológico y los derechos ancestrales de los pueblos.

En un país con tantas carencias, esa política ha permitido que las trasnacionales aporten migajas para el desarrollo nacional, mientras transfieren a sus países de origen enormes utilidades El derecho soberano del Estado para recaudar 3000 millones de dólares por impuesto a las sobre ganancias fue canjeado por un óbolo voluntario de 500 millones es una muestra de esa política al servicio del gran capital.

A esto se suma, la negativa del gobierno de corregir la política tributaria que se sustenta básicamente en las exportaciones de materias primas. Esta política ha demostrado su inconsistencia frente a las fluctuaciones de los precios de las materias primas sin valor agregado. Pero es más, la falta de una reforma tributaria es la que no ha permitido que en la época de bonanza económica no nos hayamos acercado al 18% del PBI de recaudación que se había propuesto el Acuerdo Nacional y hoy seguimos fluctuando en una recaudación de 12 a 13 %. Es decir no ha crecido la tributación en los años de bonanza ni hemos cambiado su estructura

En materia económica, la realidad vuelve a desmentir el discurso gubernamental. Lo cierto es que la economía ha recuperado los niveles de crecimiento del 2008, sin embargo, cuando se ve el acumulado del año, este es solo 2.28%, manteniéndose la crisis redistributiva que está a la base de los conflictos sociales Lo real es que todos los meses se elevan los precios de los alimentos y de los servicios y no sólo por razones estacionales sino por razones estructurales como es el abandono de los productores agrarios para favorecer a los oligopolios importadores y la reconcentración de la tierra para la producción de biocombustibles. La falta de una política de seguridad alimentaria, el empleo precario y los bajos ingresos de la población han sido una constante durante estos años, ello no solo reproduce la pobreza sino que aumenta la desigualdad y se constituye en la principal fuente de conflictos.

En relación a la política de apertura comercial, el gobierno ha suscrito más de 25 Tratados de Libre comercio con distintos países, con resultados negativos para la economía nacional. Por ejemplo el TLC con los EE. UU que lleva 17 meses de aplicación arroja un balance desfavorable para nuestra economía. Los Estados Unidos incrementó sus exportaciones al Perú en un 50%, mientras sus importaciones sólo crecieron el 10%, las exportaciones textiles del país cayeron en 28%; en cambio creció la importación de hilos y con ello se redujeron de 44 mil a 30 mil las hectáreas cultivadas de algodón perdiéndose miles de puestos de trabajo. El millón de empleos que generaría el tratado no se ve por ninguna parte y el precio de los medicamentos importados no ha bajado como se ofreció y por el contrario el Estado perdió más de 500 mil dólares en el cobro de impuestos debido a la reducción de aranceles. No han mejorado las condiciones ambientales y por el contrario el capítulo de inversiones del tratado posibilita a las trasnacionales

2.- POLÍTICA SOCIAL:

A inicios del gobierno de García el presupuesto público ascendía a casi 50,000 millones de nuevos soles y al 2009 la cifra es de 72,350 millones. Es decir el gobierno está gastando más de 22 mil millones de soles de lo que tenía a comienzos de su gestión. Sin embargo, la inversión social en el Perú es significativamente menor que el promedio regional de América Latina, medido tanto por el porcentaje del gasto social respecto al PBI (8% versus 15%), como por el gasto social por habitante (170 dólares versus 610 dólares) según informa la UNICEF.

En cambio, el pago de la deuda pública anual asciende a 4,300 millones de soles (datos de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, CIAS). Esto es el doble de lo que se gasta en salud y también el doble de lo que dedica a los programas de alivio a la pobreza.

Las remesas que vienen del exterior son cuatro veces más que todo el presupuesto dedicado a la lucha contra la contra la pobreza y sobrepasan a todo lo que el Estado gasta en salud pública. Es así como las remesas, el empleo de baja calidad y los programas asistenciales explican cómo subsiste gran parte de la población peruana. A ello se añade los ingresos provenientes de actividades ilícitas como el tráfico de drogas y la delincuencia común que han crecido enormemente durante los 4 años de gobierno aprista.

El gobierno no ha sido capaz de articular una política social coherente, ni un plan integral de lucha contra la pobreza. El Acuerdo Nacional pasó a segundo plano hasta desaparecer en la práctica. Las Mesas de Concertación de Lucha contra la Pobreza han sido prácticamente desactivadas por falta de presupuesto y el esfuerzos por articular los programas sociales y reducirlos de 82 a 26 fracasó al crearse simultáneamente multitud de subprogramas que complican todavía más la administración de los fondos sociales. Ha ello se suma el manejo ineficiente y la corrupción.

En educación se han acentuado las abismales diferencias existentes entre un sector de la educación privada y la educación pública y entre la educación urbana y la rural. El gobierno ha tratado de imponer por al fuerza la evaluación y calificación de los maestros, en medio de una campaña de ataques insultantes y amenazas al magisterio y su organización sindical, el SUTEP.

Los viejos y graves problemas de deserción escolar, carencia de centro de educación inicial en las áreas rurales, la corrupción en parte de la burocracia, la desnutrición de los alumnos, el desaliento de los maestros, el estado ruinoso de los locales y otros, se mantienen sin ser enfrentados. A ello se añade, las iniciativas privatizadoras de la educación como es la municipalización que ha resultado un fracaso mientras el Programa Nacional de Alfabetización no ha obtenido resultados significativos, más allá de la campaña propagandística del gobierno

Las Universidades Públicas languidecen por falta de presupuesto, sin embargo este año se les recortó 75 millones de soles de sus asignaciones. A los profesores se les niega la homologación de haberes y los trabajadores sobreviven con sueldos de hambre, mientras la reforma integral de la ley universitaria duerme el sueño de los justos y el proyecto de ley 4129, aprobado por el Congreso que establece elecciones universales, directas y secretas de las autoridades, por los profesores y estudiantes en vías de erradicar las mafias y argollas que han venido manipulando su elección, se mantiene entrampada en el ejecutivo por presión de algunas autoridades universitarias que ven amenazados sus privilegios.

En Salud es notoria la insuficiencia de recursos para salud, la misma que se torna dramática en materia de equipamiento de los hospitales y centros de salud. Las precarias condiciones en que trabajan los médicos, el maltrato a los pacientes y otros síntomas dan cuenta de una crisis terminal en esta materia. Con gran despliegue propagandístico se aprobó el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) y se creó la Superintendencia Nacional de Aseguramiento de Salud. Sin embargo debemos precisar que no se trata de un programa de seguridad social, es sólo un programa de calidad menor, masificado en forma irresponsable sin la asignación de recursos Es decir en vez de reorganizar y ampliar la seguridad social pagándole la deuda que le tiene el Estado, se ha creado demagógicamente el aseguramiento como una forma de engañar a la gente.

En materia de vivienda, el gobierno ha seguido la política de vivienda diseñadas por el gobierno anterior, sin embargo se ha debilitado la inversión pública en apoyo a la autoconstrucción de viviendas, en reemplazo de ello se implementó el programa Agua para todos y se continuó con el apoyo a la inversión privada en la construcción y venta de apartamentos en edificios y condominios para la clase media de manera apresurada y sin previa planificación urbana. En febrero de 2009 se promulgó la Ley de Expropiación y Titulación de Tierras para formalizar todas las invasiones de terrenos producidas antes de 2004. Sin embargo ha devenido en un foco de grandes negociados y de corrupción aprista.

En cuanto a la reducción de la pobreza el 2004 el INEI cambió su metodología de medición de la pobreza, siendo un hecho admitido por la mayoría de los especialistas que las cifras han sido manipuladas para disminuir la pobreza en las estadísticas cuando sigue creciendo en las calles. Como es sabido, el gobierno fijó en 30% la meta a la que deberá reducirse la pobreza en el 2011 y asegura que a la fecha está en 36%, cifra muy discutida por los especialistas

Debemos advertir que la estrategia del Banco Mundial y el BID es influir sobre el gobierno peruano, a través de estudios, propuestas y financiamiento, para que el Vaso de Leche y los Comedores Populares sean reemplazados progresivamente por la transferencia condicionada de dinero a las mujeres pobres por la vía de programas como Juntos. Eso permitirá al gobierno disolver las organizaciones de mujeres y hacer depender de fondos estatales a los miles de hogares que ahora están inscritos en el programa Juntos.

3.- POLÍTICA DE EMPLEO, REMUNERACIONES Y DERECHOS LABORALES

La situación del empleo, las remuneraciones y los derechos laborales se ha visto muy perjudicada durante el presente gobierno. Lejos de mejorar la situación del trabajador peruano, la política económica y el impacto de la crisis mundial han debilitado aún más al mercado laboral.

El crecimiento del empleo en el sector privado en el 2007, antes de la crisis se encontraba en 8,9% luego ha pasado a 1,4% en el 2009. La situación es más grave si nos fijamos en el sector industria donde el crecimiento del empleo ha pasado de 9,3% en el 2007 a una pérdida de -5,9% en el 2009. Un subsector más afectado por está pérdida de empleo es confecciones.

Otro sector donde se han registrado despidos y pérdida de empleo es el sector agrario. El número de trabajadores registrados en el régimen laboral agrario ha disminuido en -7.3% de enero de 2008 a noviembre de 2009.

El Perú tiene el segundo salario mínimo más bajo de América Latina después de Bolivia. Tiene las jornadas de trabajo más extendidas de toda América Latina. Tiene las tasas de rotación laboral, accidentes y enfermedades ocupacionales más elevadas de la región andina. En 2006 las utilidades de las empresas crecieron en 140% mientras los salarios de los obreros disminuyeron 3% y los sueldos crecieron sólo 1%.

A nivel remunerativo tenemos que el salario mínimo sigue siendo el más bajo con respecto a Chile, Brasil, Colombia, Argentina y Ecuador. Como sabemos la mejora del nivel adquisitivo del salario mínimo está entrampado en el país por decisión del gobierno. Un dato que muestra el atraso remunerativo es que entre el 2000 y el 2009 mientras el PBI per cápita creció en 43%, los ingresos reales mejoraron solamente en 6,7%.

El ministerio de Trabajo se ha convertido en una dependencia gubernamental al servicio de los empleadores El gobierno ha liquidado los mecanismos de diálogo y la negociación la negociación colectiva. Por ejemplo, a nivel nacional, durante el 2007 se realizaron 434 negociaciones colectivas en trato directo, en el 2008 sólo 364 y en el 2009 se siguió bajando a 233.

De otro lado, el gobierno impide el ejercicio del derecho de huelga. En el 2008 se iniciaron 50 procedimientos de huelga laboral en Lima Metropolitana de los cuales solamente cuatro (4) fueron reconocidos por el Ministerio como “legales”. Todos los demás fueron considerados improcedente o ilegales.

4.- POLÍTICA PORTUARIA

El Gobierno aprista cambió la política nacional portuaria, por la estrategia de negocios privados mercantilistas y corruptos. Abdicó de la soberanía marítima portuaria de la nación, impulsó la privatización monopólica de los puertos públicos, propició la quiebra del sistema nacional portuario y se apresta a liquidar a la Empresa Nacional de Puertos.

Entregó a un monopolio pro chileno el Puerto de Paita y ha impuesto a los productores y exportadores de la zona tarifas abusivas afectando a las cadenas productivas de pequeños productores agropecuarios. Ha despedido a los trabajadores portuarios y ha empobrecido a la provincia de Paita y a la región.

De otro lado ha bloqueado el desarrollo de los puertos públicos de Salaverry, San Martín (Pisco), San Juan Marcona, Ilo, Iquitos, Yurimaguas y Pucallpa, debilitándolos para entregarlos a monopolios privados. Impidió que entre el 2006 y el 2010, ENAPU invierta sus propios recursos en ampliar las operaciones portuarias en el Callao, para imponer el monopolio de Dubai Ports. De este modo, pretende dejar al país sin garantía de soberanía en el principal Megapuerto Peruano en el Pacifico Sur. Asimismo prepara la liquidación de ENAPU, para reemplazarla por la empresa Chilena Tramarsa, grupo naviero portuario que junto al grupo Romero, controlan el 75 % de actividades y servicios portuarios.

Pese a esta arremetida neoliberal, el gobierno aprista no ha logrado culminar sus propósitos antinacionales, por la resistencia de los trabajadores portuarios la comunidad portuaria nacional y la ciudadanía de todo el país. En éste último año de gobierno, se prepara la gran batalla entre la desnacionalización privatista y la lucha por la soberanía portuaria.

5.- POLÍTICA ENERGÉTICA

El Gobierno aprista, en estos años ha acentuado la inseguridad y vulnerabilidad energética de la nación, mientras los países adoptan políticas para afirmar su soberanía energética y garantizar el suministro de energía barata, limpia y accesible. Este gobierno ha reemplazado el plan energético de la nación, por las estrategias de negocios de grandes transnacionales que dejan corruptelas a su paso en la pugna por apropiarse de los recursos estratégicos.

El Lote Z2B, en el zócalo continental, que es el principal productor de petróleo, fue adjudicado ilegalmente a Petrotech en 1993, el mismo que se dedicó a acumular áreas para especular y vender sus activos. Esta ilegalidad, en vez de ser corregida, se ha convertido en un botín en disputa. Primero quiso ser capturada por Discover Petroleum, asociada con amigos del gobierno, luego, al estallar el escándalo de los petroaudios, en lugar de que vuelva a PetroPerú fue ilegalmente asumida por las empresas estatales de Corea y Colombia, bajo el nombre de la empresa Savia.

En el mensaje Presidencial del 28 de julio del 2009, el Presidente Alan García señaló que se había cometido delito al usarse normas de menor jerarquía que la ley para dar curso a la exportación del gas sin que se cubra el mercado interno. Indicando además que esta grave situación sería denunciada ante las respectivas autoridades judiciales, lo que no se ha hecho y más bien, con estupor el Perú ha presenciado el inicio de la ignominiosa exportación del gas promovida entusiastamente por el Presidente García y su gobierno.

El 24 de junio se ha iniciado la exportación del gas natural licuefactado en base al contrato suscrito con Perú LNG para exportar hacia México 4,2 trillones de pies cúbicos (TCF) los próximos 18 años. Para justificar ese acto ignominioso el Presidente García y sus Ministros han mentido al país reiteradamente para mantener y reforzar el ilegal y defraudador contrato de Exportación Se ha pretendido señalar que las reservas probadas no son 8.8 TCF sino 11 y 14 TCF y sostenido oficialmente que no hay desabastecimiento de Gas, cuando en la realidad se disparan los precios frente a la escasez y se ordena licitaciones y subastas ante su carencia. Sin escuchar las voces de los expertos nacionales y del pueblo el gobierno ratifica e inicia la exportación del 47 % de las reservas probadas.

De otro lado se oferta mediante Decreto Supremo y sin acuerdo contractual 1 trillón de pies cúbicos para el Gasoducto Macrosur, cuando en realidad se requiere 5 trillones para darle viabilidad a la inversión. Se anuncian oficiosamente reservas y compromisos de inversión para iniciar la construcción del gasoducto del sur en enero 2011, sin que la empresa Petrobras ni el Estado Brasileño se pronuncien oficialmente al respecto. De otro lad,o se anuncia que se va a “sincerar precios”, para equipar la brutal desigualdad entre la venta del gas para exportación con los del mercado nacional, pero en realidad se trata de otra estratagema para reforzar el Contrato Exportador, ilegal y defraudador, rechazado por la mayoría de peruanos.

Ha quedado evidenciado que el gas exportado tiene realmente otros destinos, al arbitrio de Repsol, y con precios mayores que no están afectados a impuestos ni regalías.

En realidad, el destino del gas peruano es Chile y Argentina por razones de precio (en México se vende a 4 dólares el millón de BTU, mientras en Chile y Argentina está a 10 y 14 dólares respectivamente). Según sea el precio final de venta por Repsol y Perú LNG, puede variar la defraudación al fisco entre 14 mil y 21 mil millones de dólares que dejaría de percibir el Estado Peruano, en los años que dure el cuestionado Contrato. En contraposición, todos los peruanos deberemos pagar 43 mil millones de dólares para importar la energía con la cual sustituir nuestra reserva estratégica que se estarían exportando. Es decir un colosal saqueo en contra de nuestra patria.

Mientras el precio de venta para exportación es menos de 1 dólar, es decir 0.53 centavos de dólar en el exterior se vende a 4.70 dólares el millón de BTU, es decir seis veces mas barato que el precio de venta en el mercado externo En vez de recuperar el Gas de Camisea, anulando la ilegal adenda de exportación del lote 88 y la nula adjudicación del infame contrato del lote 56, el Gobierno y el Monopolio Exportador, pretenden engañar al Perú con migajas.

Por todas ello, rechazamos la exportación del Gas de Camisea, destinando íntegramente las reservas de los lotes 88 y 56 para el consumo nacional. Demandamos la renegociación del contrato de exportación y la denuncia penal a los responsables de su suscripción. Asimismo, exigimos que se asegure el abastecimiento y la construcción del gaseoducto y el Complejo Petroquímico del Sur, además de demandar el establecimiento de un plan de desarrollo y una política energética soberana. Respaldamos las demandas de los pueblos de Puno, Cusco y Madre de Dios sobre la Hidroeléctrica de Inambari. Para desplegar esa lucha proponemos marchar a un evento nacional que de nacimiento a un FRENTE POR LA DEFENSA DEL GAS PARA LOS PERUANOS.

Finalmente, en materia Hidroenergética el gobierno ha descuidado las hidroeléctricas regionales, buscando la oportunidad para privatizar la Central del Mantaro, que no ha podido concretar. Su principal política ha consistido en entregar a Brasil nuestra fuente principal de energía hidroeléctrica y suscribir un convenio con el Brasil , para construir la represa de Inambari y otras. El Perú asumirá los costos sociales, ambientales y de pérdida de recursos, mientras el Brasil se quedará con más del 80 % de la energía generada bajo sus condiciones.

6.- PERSPECTIVAS

Las elecciones regionales y municipales marcaran en gran medida las preferencias electorales hacia el 2010 y serán un escenario propicio para deslindar con la política económica y social del gobierno. En ese contexto percibimos que los objetivos electorales del APRA, no son precisamente ganar las elecciones del 2011 con candidato propio sino asegurarse una importante bancada parlamentaria que blinde a García frente a las acusaciones de corrupción y le asegurar la reelección hacia el 2016.

En ese sentido el último año de su gobierno buscara consolidar su alianza con la derecha e impedir el ascenso de un gobierno contrario al modelo neoliberal como lo ha advertido. Enfrentar esa estrategia es el reto que tenemos los trabajadores junto al pueblo peruano.

Lima, 20 de julio del 2010

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