Hace 10 años, por estas mismas fechas, de lo que se hablaba era de la Democracia Participativa. El Presidente Toledo impulsaba entonces un proceso de descentralización política y dio al respecto una serie de medidas, entre otras, el celebre Presupuesto Participativo. Mediante esta norma por lo menos el 15% de las inversiones de los gobiernos locales debía ser decidido por la población. Para ello se determinaron una serie de protocolos y normativas, se estableció un largo proceso de consultas y talleres de priorización que van ascendiendo desde el nivel comunal o barrial hasta el nivel distrital y provincial. La lógica que subyace a esta forma de ampliar o profundizar la democracia es que nadie mejor que los propios implicados puede saber cuales son sus problemas prioritarios y cual es la mejor manera de atenderlos (aunque los técnicos de los ministerios y autoridades municipales crean lo contrario). El Presupuesto Participativo ya tiene varios años, al igual que los CCL (consejos de coordinación local), el CCR ( ídem pero a nivel regional), los Comités de Vigilancia Ciudadana y una serie de otras instancias y mecanismos que supuestamente facilitan la participación de la ciudadanía organizada, en particular los mas pobres, en la gestión pública local. Cabe por ello preguntar ¿Cómo han sido los procesos de presupuesto participativos y que ha resultado de ellos? ¿Cuánto realmente es lo que se ejecuta bajo dicho tipo de priorización?

Pues resulta que una vez más las poblaciones pobres, mayormente rurales e indígenas, han sido despojadas de sus derechos. Preocupados por la supuesta incapacidad de éstas para decidir razonablemente, los guardianes del sistema (atrincherados en el MEF), generaron un serie de requisitos técnicos que los proyectos priorizados en los PP deben cumplir –dentro de un plazo determinado- para poder ingresar al Sistema Nacional de Inversiones (SNIP) y recibir el desembolso. Si no consiguen pasar la valla, los fondos asignados revierten. Alarmados por las bajísimas tasas de ejecución presupuestal resultantes, organizaciones internacionales y ONGs vienen auspiciando cursos y talleres para apoyar a los gobiernos locales descentralizados a desarrollar las capacidades requeridas, pero estos apoyos llegan a contados lugares y nadie garantiza que los funcionarios capacitados permanezcan en sus puestos cuando hay recambio de alcaldes. De otra parte, éstos –siguiendo el ejemplo de dado por Alan García y sus Decretos de Urgencia- también han aprendido a sacarle la vuelta al sistema.

Es conocido el caso de Ocros, donde el alcalde se empeñó en cerrar su gestión con broche de oro, inaugurando un nuevo palacio municipal. ¿Cómo asegurar la mayor cantidad de fondos? Pues fácil: devolviendo a las organizaciones de la población sus ideas o perfiles de proyecto, aprobadas en el PP, argumentando que les falta información o que no estén bien sustentados, y que deben ser mejorados. Y aquellos que logran pasar la primera valla –la del perfil- son rechazados en la segunda: la del expediente técnico. Así sucesivamente hasta que el plazo de su aprobación prescribe: ahora el alcalde puede echar mano a esos fondos y destinarlos al uso que más le conviene. Como antes.