Estas declaraciones se realizan precisamente cuando el Presidente de la Corte, Diego García Sayán, así como la relatora para la Liberta de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, se encuentran en Lima asistiendo a diversos congresos sobre el tema de acceso a la información. Recordemos que ha sido el Ministerio de Defensa que, con una política del secreto que favorece a la impunidad de malos efectivos de las FFAA, ha negado en diversas oportunidades el acceso a la información de archivos con datos y catastros fundamentales para llevar adelante judicializaciones de casos de violación de derechos humanos. Lo repetimos nuevamente: la reconciliación nacional no podrá ser posible sino se actúa con justicia y con verdad sobre estos casos que, hasta el día de hoy, llevan incluso 30 años de impunidad. Hablamos de genocidios, asesinatos, violaciones, torturas y diversos actos contra la vida y la salud de peruanos que, en su mayoría, eran mucho más vulnerables por ser indígenas, mujeres, o hablantes de lenguas nativas.

En una declaración anterior, la CNDDHH consideraba que las opiniones del Ministro de Defensa eran atentatorias contra la reconciliación nacional, en la medida en que proponía veladamente una "punto final" a los juicios contra violadores de derechos humanos. Percibimos que estas últimas declaraciones son una reacción a este pronunciamiento que, no obstante, jamás dejó entrever ni mucho menos, una crítica a las Fuerzas Armadas como institución, sino a las poco pertinentes declaraciones del actual Ministro de Defensa.

Para un verdadero fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales es preciso y justo separar a los malos elementos que las desacreditan con acciones poco heroicas y cobardes que, de ninguna manera, deberían ser justificadas por los otros miembros de las mismas. Hace pocos días hemos sido testigos del actuar valeroso del capitán EP Jorge Matallana, ante una emboscada a su helicóptero en el VRAE, perdiendo la vida dos de sus compañeros. Junto con ellos son muchos los militares y policías que no dudan en ofrecer lo mejor de su accionar en defensa de sus otros compañeros y de los peruanos en general. Por eso mismo, es preciso que aquellos soldados y oficiales que no cumplieron con esta exigencia patriótica y actuaron de manera vil al torturar y asesinar a otros peruanos, puedan ser juzgados con todo el rigor de la ley.

En consecuencia le pedimos al Presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner Ghitis, que deslinde con las declaraciones del Ministro de Defensa porque ofenden nuestra trayectoria y a la memoria de los diversos defensores que han muerto preservando los derechos de los peruanos y peruanas.

Lima, 21 de setiembre de 2011