En general, nunca me han gustado los argumentos progresistas a favor de reglas pre-liberales. La prescripción es una institución que pone límites a la acción estatal, "sanciona" al Estado que no logra hacer justicia a tiempo (tiempo ya bastante largo en el Perú, dicho sea de paso). Es tan liberal como los derechos humanos. La excepción a esta regla se da en aquellos casos de crímenes abominables como la tortura o el genocidio. Si cualquier tema se vuelve imprescriptible, pues hacemos de la excepción la norma y horadamos este principio liberal.

Además, reflexionar sobre el tema en abstracto nos hace perder de vista el contexto en que se aplicará la norma. En manos de jueces débiles, que no se han caracterizado por su autonomía en nuestra historia, permitirle al Estado abrir causas décadas después de cometidos los supuestos delitos es una excelente forma de sacarse de encima rivales políticos.

Una tercera razón para discrepar de este tipo de medidas es que refuerzan una hipocresía legalista muy extendida en el país. Poner el acento en las normas legales para solucionar los problemas sociales no toma en cuenta los límites de la ley para cambiar la realidad y deja de lado las soluciones de fondo. Para enfrentar esos temas se requieren reformas mucho más profundas y un cambio sustantivo en la capacidad estatal (y a veces ni con eso).

El problema de fondo pasa por tener instituciones débiles, lentas, incapaces de enfrentar a criminales con amplios recursos. Los corruptos no dejarán de serlo porque se les promete una persecución vitalicia, ya que se zurran en plazos bastante largos. ¿Es que acaso hay menos corrupción en Bolivia, Ecuador y Venezuela porque se ha declarado la imprescriptibilidad de la corrupción? Por supuesto que no.

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