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La nueva estrategia de DEVIDA

La nueva estrategia de DEVIDA

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Por Jérôme Mangelinckx

Este mes, la Dirección de Lucha contra la Droga Estadounidense (DEA) nos dio una mala noticia. Dicha noticia cayó del cielo y muchos se sorprendieron: El Perú superó a Colombia como primer productor potencial de clorhidrato de cocaína, alcanzando 325 toneladas métricas, y ocupando el segundo lugar en cuanto a producción de hoja de coca (después de Colombia).

Estos datos confirman la ineficiencia de un modelo de lucha contra el narcotráfico impuesto por Estados Unidos y las Naciones Unidas y basado esencialmente en erradicación e interdicción. Por otro lado, la ausencia del Estado peruano en las zonas con mayor actividad ilícita relacionada al narcotráfico reforzó en gran medida la presencia de de cárteles mexicanos, entre otros, y de grupos terroristas, como Sendero Luminoso (que controla el 45% de la producción total de hoja de coca).

Por otro lado, las tendencias para el periodo 2012-2016 no auguran nada bueno. La producción de coca alcanzará 80,000 hectáreas y la producción de clorhidrato de cocaína 412 toneladas métricas. Pero era de esperarse... Devida se ha propuesto, a través de su estrategia quinquenal antidrogas, afrontar el problema del narcotráfico de una forma novedosa a fin de revertir dichas tendencias y luchar en distintos frentes.

A modo de ejemplo, el actual gobierno ha logrado incautar 3.3 toneladas de clorhidrato de cocaína, lo cual es más del doble incautado por el gobierno anterior en los últimos tres meses de su gestión. Por otro lado, el actual presidente adoptó una actitud política firme al despedir a los encargados de la estrategia antidrogas del país.

El problema de las drogas necesita una respuesta integral y multilateral. Así lo entendió el nuevo gobierno. No es un problema propio de cada país. Se trata de un fenómeno transfronterizo, es decir de carácter multilateral y cuya respuesta no se centra únicamente en negociaciones con Estados Unidos. En ese sentido, el actual gobierno busca espacios regionales, a través de la Comunidad Andina o Unasur, para tratar el problema. El presidente de la República anunció también que convocará a una cumbre hemisférica con distintos países entre los cuales Estados Unidos, Canadá y la Unión Europa, la cual apunta a promover una colaboración basada en la responsabilidad compartida entre países productores y países consumidores de drogas.

Así entonces, Devida buscará, en los cinco próximos años, un equilibrio entre la reducción de la oferta y la reducción de la demanda en el país. La erradicación y la interdicción están al orden del día junto con otras herramientas más eficientes y basadas en la lucha contra la pobreza y la inclusión social, sobre todo en las zonas cocaleras del país.

En lo referente a la reducción de la oferta, Devida se propone llegar al meollo del problema no sólo luchando contra el narcotráfico y el crimen organizado, controlando los flujos de insumos químicos o luchando contra el lavado de activos y la corrupción, sino también mejorando la labor de inteligencia y reforzando la llamada Ley de Pérdida de Dominio a través de la cual los bienes incautados al narcotráfico pasan a propiedad del Estado.

En otro campo, el Estado necesita concentrar sus esfuerzos en la cúspide de la pirámide a fin de encontrar una solución a la sobrepoblación carcelaria. En efecto, las cárceles albergan en su mayoría a micro comercializadores, "burriers" o campesinos quienes a fin de cuentas sólo representan la base de la pirámide. Así mismo, el endurecimiento de las leyes en materia de drogas representa un problema creciente que pone en riesgo el cumplimiento de derechos fundamentales como lo es la presunción de inocencia. La falta de beneficios o acceso a conmutaciones para muchos internos sentenciados por tráfico ilícito de drogas es otro factor de sobrepoblación carcelaria.

Es tiempo ya de buscar nuevas propuestas que contemplen e integren modelos vanguardistas de lucha contra el narcotráfico de forma eficiente a fin de garantizar la protección de los derechos humanos, de desahogar las cárceles y de promover el fortalecimiento económico de todos los peruanos a través de la inclusión social.

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