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Minería

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Por Eduardo Dargent

Los conflictos relacionados con las actividades extractivas en los países en desarrollo tienen en su base el delicado balance entre beneficios nacionales y costos locales. Estas actividades incrementan las arcas del Estado central, pero por lo general no producen directamente un desarrollo local significativo y tienen considerables costos ambientales. Para compensar a las zonas de extracción por estos costos, el Estado suele realizar transferencias especiales a los gobiernos locales o incluso pagos individuales a quienes viven en dichas zonas. Incontables ejemplos en el mundo muestran lo complicado que es balancear los intereses de centro y periferia.

Los sectores críticos de la minería votaron por Ollanta Humala porque representaba un quiebre con el estilo de sus predecesores frente al tema. No fueron todos sus votantes, pero sí una parte importante de los mismos. La ley de consulta previa, aun por reglamentar, responde a la promesa electoral de tener en cuenta la opinión local al tomar decisiones sobre estas actividades. Algunos de los sectores más críticos esperan que la norma sea un mecanismo vinculante para evitar toda actividad extractiva en su territorio, otros la ven como una forma de asegurar una mejor repartición de los beneficios.

Pero el Gobierno también ha generado expectativas en las empresas mineras. Para cumplir con sus promesas sociales el Gobierno sabe que depende de los recursos de la minería. El acuerdo recientemente alcanzado con las empresas incrementa los recursos recaudados para lograr ese objetivo, pero, como todo acuerdo, trae obligaciones tácitas también para el Gobierno. Hoy las mineras tienen mayor legitimidad para demandar una actitud más activa del Estado en la defensa de los derechos concedidos.

Las graves protestas que han explotado esta semana le recuerdan al Gobierno su principal reto: balancear estos intereses, siendo consciente de las expectativas que ha producido en todos los actores. Tiene una ventaja al encarar el tema: a diferencia de sus predecesores o de otros candidatos de la elección pasada, es difícil acusarlo de pro-empresarial. Así, tiene mayor legitimidad para adoptar criterios generales para resolver los conflictos, mediar entre las partes, señalar los límites de la protesta e incluso reprimir a quienes los sobrepasen. Algo así como Nixon en China.

Pero eso no reduce la magnitud del reto. El Gobierno carece de una organización política nacional con raíces locales que pueda mediar en los conflictos ni contrarrestar a grupos locales mejor organizados. Los equipos de negociación recién se están armando. Mejorar la capacidad y calidad de gasto de regiones y municipios es trabajo de largo plazo. Y las soluciones novedosas, como entregar pagos individuales a quienes viven en las zonas colindantes para hacerlos parte de los beneficios, también tienen problemas por los incentivos negativos que pueden generar. Se acabó la luna de miel y ahora toca hacer política.

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