LA JUSTICIA TRIUNFÓ

La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) expresa su satisfacción por el logro que implica la ejemplar sentencia emitida por la Primera Sala Especial que condena a los miembros del grupo Colina por su responsabilidad en el asesinato de 15 personas y otras 4 gravemente heridas en el caso Barrios Altos (1991), por la desaparición de 9 pobladores del valle de Santa en Ancash (1992) y por la desaparición del periodista Pedro Yauri (1992). La sentencia rechaza el uso perverso del poder y ratifica lo establecido en la condena a Alberto Fujimori: los hechos constituyen crímenes de lesa humanidad.

"Esta sentencia marca un triunfo para la justicia peruana, ya que confirma los hechos probados durante el proceso como la estructura del destacamento Colina, la forma de operar de este grupo, así como su relación con los altos mandos", señaló Gloria Cano, abogada de APRODEH quien patrocina legalmente a los familiares de las víctimas.

El fallo emitido por la Sala, presidida por la jueza Inés Villa Bonilla e integrada por las magistradas Hilda Piedra e Inés Tello, condenó el uso perverso del poder del aparato organizado en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Asimismo, reconoce la existencia del destacamento Colina como un aparato militar dentro de la estructura del ejército y además confirma la relación directa que tenía con el SIN y las órdenes que obedecía directamente de Vladimiro Montesinos Torres –a quien Fujimori encargó dirigir la lucha contra la subversión desde el SIN–, en coordinación con Julio Salazar Monroe –en tanto jefe del SIN–, quien daba cuenta de sus actos directamente al condenado por violaciones a los derechos humanos, Alberto Fujimori.

Para Francisco Soberón, director ejecutivo de APRODEH, la sentencia constituye una derrota para quienes han pretendido la impunidad en este y otros casos de violaciones a los derechos humanos como la reciente pretensión del Ejecutivo por promover el DL 1097, que buscaba una amnistía encubierta; y tiempo atrás, la ley de amnistía dada por el gobierno de Fujimori en 1995.

"La decisión de la Sala compensa el esfuerzo de los familiares quienes de manera perseverante han exigido justicia a lo largo de dieciocho años. Por ello, los peruanos y peruanas debemos defender esta sentencia de los ataques de algunos personajes que sólo quieren garantizar la impunidad tal como buscan los sectores aliados a la mafia fujimontesinista, como el vicepresidente Luis Giampietri, Rafael Rey y otros", sostuvo Soberón, quien también resaltó la labor desplegada por organizaciones como la Comisión de Justicia Social de Chimbote, que apoyaron a los familiares de los desaparecidos en Santa; y CODEH-Huacho, que también apoyó a los familiares del periodista Pedro Yauri.

La Sala recoge el clamor de los familiares en cuanto a la obligación que tiene el Estado de ubicar y entregar los restos de los desaparecidos en los casos Santa y Pedro Yauri. En tal sentido, la sentencia dispone continuar la investigación que permita dar con el paradero de los restos. Asimismo, la Sala deja constancia que las víctimas de los hechos investigados no han tenido relación alguna con Sendero Luminoso ni con alguna otra agrupación subversiva.

En materia de reparaciones, la sentencia establece que los casos Santa y Pedro Yauri sean asimilados a los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso Barrios Altos.

"Sin duda, para los familiares la sentencia es un aliciente. Sin embargo, en los casos Pedro Yauri y Santa, los familiares continuarán en su lucha hasta que aparezcan los cuerpos de sus seres queridos. Esperamos que el fallo sea ratificado por la Corte Suprema ante el recurso de nulidad presentado por los sentenciados", acotó la doctora Cano.

Los casos:

• Barrios Altos: La noche del 3 de noviembre de 1991, mientras se realizaba una actividad pro fondos en un solar ubicado en el Jr. Huanta 840, Barrios Altos, alrededor de una decena de sujetos fuertemente armados y con los rostros cubiertos con pasamontañas, irrumpió y disparó indiscriminadamente a los asistentes. Luego huyeron en vehículos con sirenas de tipo policial. Quince personas murieron asesinadas, entre ellas un niño de ocho años de edad y su padre. Otras cuatro quedaron gravemente heridas.
• Santa: En la madrugada del 2 de mayo de 1992, miembros de la Policía Nacional y de la Marina de Guerra del Perú, incursionaron en La Huaca, Javier Heraud y San Carlos, asentamientos humanos de la provincia de Santa (Ancash). Los efectivos, luego de allanar las casas, sacaron a nueve personas a quienes golpearon brutalmente y los obligaron a subir a los vehículos para conducirlos a un lugar hasta ahora desconocido. Antes de retirarse, los secuestradores amenazaron a las familias para que no denunciaran los hechos. Finalmente hicieron pintas senderistas.
• Pedro Yauri: Tras ser detenido por un grupo de uniformados, el periodista Pedro Yauri desapareció el 24 de junio de 1992. Semanas antes, desde su espacio radial, había abogado por la libertad de la familia Ventocilla, cuyos miembros habían sido secuestrados por elementos militares en mayo del mismo año.

Las condenas:

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