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Tribunal constitucional versus gobiernos regionales

Tribunal constitucional versus gobiernos regionales

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Por Emma Gómez Moreno

Mientras toda la atención ha estado enfocada en Cajamarca por la entrega de los resultados del peritaje, el Tribunal Constitucional (TC) emitió, en tiempo récord, la sentencia del pleno, que recae sobre la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Fiscal de la Nación contra la Ordenanza Regional de Cajamarca Nº 036-2011-GR-CAJ-CR. Como se sabe la ordenanza regional declaraba inviable la ejecución del proyecto Conga.

El Tribunal Constitucional enfocó su sentencia en evaluar el conflicto de competencias que habría ocasionado la dación de la referida ordenanza, que establece: i) la intangibilidad de las cabeceras de cuenca de toda la región de Cajamarca; ii) la inviabilidad del proyecto Conga y; iii) la necesidad que el Presidente del Gobierno Regional realice las acciones técnico legales a fin de canalizar ante el Congreso los procesos de investigación sobre las circunstancias en las que se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Conga.

La sentencia concluye que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) es el organismo encargado de determinar la intangibilidad de las cabeceras de cuenca y que el Gobierno Regional de Cajamarca no tiene competencias normativas para declarar la inviabilidad de la ejecución de un proyecto de gran minería, como es el caso de Conga.

Esta sentencia ha sido calificada como un precedente importante, tal y como lo ha señalado el Fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, que indicó que este fallo frenará eventuales medidas unilaterales contra la inversión minera.

Recordemos que ya el Tribunal Constitucional ha tenido que pronunciarse sobre un caso similar: el Gobierno Regional de Cusco emitió una Ordenanza Regional que prohibía el otorgamiento de nuevas concesiones mineras en la región y que priorizaba el desarrollo de otras actividades, como el turismo.

¿Qué implicancias tiene este tipo de sentencias? El hecho que el Tribunal Constitucional tenga que pronunciarse sobre estos temas da cuenta de una realidad que no se puede negar: los gobiernos regionales vienen buscando ejercer competencias relacionadas con la gestión del territorio y de sus recursos naturales, debido a que las decisiones se toman de manera vertical desde el gobierno nacional sin tener en cuenta los planes de desarrollo local y regional.

De esta manera se excluyen de los procesos de toma de decisión a uno de los principales actores. Los gobiernos regionales vienen buscando implementar medidas de protección y gestión de su territorio, así como mecanismos de protección de recursos estratégicos. Estas iniciativas son un claro reflejo de la necesidad que tienen de participar directamente en la gestión de los recursos naturales que albergan sus territorios. Por ello, la reflexión no puede limitarse a una visión centralista de este tipo de competencias pues la realidad demanda una gestión articulada y descentralizada del territorio y los recursos naturales y los marcos legales deben comenzar a adaptarse a ella.

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