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Confundiendo industria con cultura

Confundiendo industria con cultura

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Por Hans Rothgiesser

Hay varios problemas con el proyecto de nueva ley de cine que ha presentado el Ministerio de Cultura en los últimos días para su discusión. Y en realidad no debería sorprender que esta propuesta tenga serias confusiones con respecto a qué es industria y qué es cultura, así como el equilibrio que se debe mantener entre el llamado cine comercial y el otro cine más artístico o de autor, considerando que para su elaboración se convocó solamente a una parte de los involucrados en el complejo circuito de la industria cinematográfica peruana.

Desde hace varios años hay un debate en este campo en el que ha habido dos lados relativamente definidos. El problema con el proyecto presentado por el Ministerio de Cultura es que se trata del producto de una mesa de trabajo a la que fue convocada solamente uno de esos lados. Se llamó a la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica, al Sindicato de Artistas e Intérpretes del Perú, a la Unión de Cineastas Peruanos, Asociación de Cineastas Regionales del Perú, a la Asociación de Productores Cinematográficos del Perú y a la Asociación de Documentalistas. No obstante, se excluyó a los exhibidores y a los distribuidores, que son los que tratan con la horrible realidad: A los peruanos nos interesa ver cada vez menos cine peruano.

Y eso no es casualidad. Los peruanos vamos cada vez menos a ver películas peruanas porque los que hacen películas han perdido contacto con lo que nos interesa. Esto, a su vez, es consecuencia de que los criterios que haya manejado el Estado con su organismo de promoción del cine, Conacine, haya favorecido por muchos años películas de apenas dos tipos: Las que muestran aspectos de la sociedad peruana en las que sufrimos, como La teta asustada, y las que muestran el supuesto vacío de las vidas de las clases sociales altas, como No se lo digas a nadie. Pareciera que los criterios de selección de Conacine han buscado promover proyectos que ganen premios, más no que generen empatía en el público. Evidencia de esto es que cualquier otro género, como el cine de terror incipiente que hubo en Ayacucho o el cine de acción artesanal que alguna vez hubo en Puno, nunca recibió ninguna clase de promoción o de atención por parte del Estado, a pesar de ser también maneras de plasmar las tensiones que existían en su momento en esas zonas del Perú.

Ahora nos presentan un proyecto de ley que regresa a las épocas de las cuotas de pantalla obligatorias, de tal manera que, como no queremos ir a ver el cine peruano que hacen los cineastas peruanos, nos obliguen a ir a verlo. También a las épocas de los subsidios cruzados, con la creación de dos fuentes de financiamientos para las actividades de promoción que presentan: un nuevo impuesto a la taquilla (a menos que la película sea peruana) y otro nuevo impuesto al servicio de televisión por cable. Todo esto porque se parte del supuesto de que el cine peruano no es sostenible por sí solo.

¿En serio no lo puede ser? Por supuesto que no se trata de dejar de promocionar el cine peruano. Eso está fuera de la discusión. Aquí de lo que se trata es de mantener un equilibrio y de no introducir más distorsiones que impidan que el cine peruano sea sostenible, como sí lo es el cine de otros países latinoamericanos. Eso no se va a alcanzar jamás excluyendo de la discusión a dos de las partes involucradas (tres, si contamos a los proveedores del servicio de televisión por cable, que ahora mágicamente serían stakeholders de la industria del cine peruano).

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