¿Qué debemos hacer? Todos hablan de planes integrales, el asunto es que el VRAE tiene varios de ellos. Desde hace años se han hecho diagnósticos, evaluaciones, y se han propuesto estrategias y metas, pero lo que les falta a todas estas buenas intenciones es algo que el Ministerio de Economía y Finanzas siempre mezquina: presupuesto. Se requiere de real voluntad política para empezar a poner coto a esta miseria de peruanos y peruanas que, debido precisamente a los índices de pobreza de la zona, han sido permeados por el narcotráfico y por el terrorismo. Un niño gana un jornal de 3 soles por cosechar coca. Si una niña de 14 años, matziguenga, es intercambiada por algunos objetos valiosos y dada como "esposa" de cualquier individuo que puede comprar algunas latas de atún, entonces la posibilidad de que estos niños sean enrolados en el Militarizado Partido Comunista del Perú es, para sus padres, la urgencia de salvarles la vida.

Finalmente, los terroristas de esta zona tienen dinero y pagan bien por la comida y los enseres.

Carlos Tapia ha propuesta la creación de una Oficina del Alto Comisionado de Pacificación del VRAE, con cargo de ministro, presupuesto y asiento en el Consejo de Ministros, porque la situación lo requiere y lo exige. No podemos caer en el mismo error de los gobiernos de Fernando Belaunde y Alan García: dejar en manos de los militares la solución de esa zona atestada de narcotraficantes y sus guachimanes, zafando cuerpo cuando se requiere civiles para asumir las decisiones de gobierno. No repitamos la historia ayacuchana. El Ministerio de Inclusión Social tiene que tomar cartas en el asunto, porque solo con la esperanza de una inclusión real estos niños serán salvados. Y nos referimos a los secuestrados por SL pero también a los que trabajan con los cocaleros y a los niños indígenas que mueren de abandono.

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