La actividad económica de una empresa o un individuo puede generar beneficios, perjuicios o ser neutra a terceros. Cuando el impacto de esta acción es positivo se trata de una externalidad positiva, ya que el beneficiado no tuvo que realizar pago directo alguno a cambio de éste. Sin embargo, lo más usual es que las externalidades sean negativas, que implican impactos desfavorables en terceros. Hay muchos ejemplos al respecto: la empresa que tira sus desechos al río afectando a quienes se encuentra corriente abajo, los que sobreexplotan un recurso limitado como el agua o la biomasa en perjuicio del resto de los productores, los que contaminan el ambiente, entre otros.

En la mayoría de los países desarrollados, la construcción de infraestructura pública de transporte o la prestación de servicios públicos son actividades típicas de los diferentes niveles del Estado, que se financian con impuestos o la emisión de deuda interna. En el Perú, cada vez más intensamente, éstas se realizan por el sector privado mediante asociaciones público-privadas (APP) cuando la actividad es rentable (“autofinanciable”); o a través de la participación conjunta con el Estado cuando se requieren recursos adicionales para financiar su inversión y operación (“cofinanciada”). En el primero de los casos, la sociedad, las empresas y las personas tienen que realizar pagos por el uso de esa infraestructura y servicios; y en el segundo, éstos se complementan con aportaciones del gobierno.

La construcción y/o mejora en la infraestructura o en un servicio público generan, si son buenos proyectos realizados por el Estado, externalidades positivas para toda la Sociedad. En el caso de una carretera, hay menores tiempos y costos de transporte, menos accidentes, consumos de combustibles más bajos, mayor actividad económica y menor contaminación. Se recibe un beneficio sin contrapartida de pago directo alguno, aunque pudiera haber alguno indirecto a través de los impuestos y/o pagos futuros por realizar. Con las APP autofinanciables se paga directamente por la recepción del servicio, generalmente a precio de costo más su margen de ganancia y generalmente sin diferencias respecto del nivel de ingreso o riqueza de los usuarios.

No se afirma que todas las APP son negativas, pero este sistema tiende a reducir las externalidades positivas generadas al internalizar los cobros por su uso. También se avala la reducción del tamaño del Estado y se afecta su función redistributiva, tanto por la mayor incidencia de los cobros por el uso sobre los que tienen menores ingresos como por la necesidad de una menor recaudación por impuestos directos. No hay que olvidar los elevados niveles de desigualdad del país, ni sobreentender que el valor presente de la inversión y los costos operativos de una obra realizada por el Estado es siempre superior a si ésta fuera hecha por el sector privado.