Este número de LRA aparece cuando se cumple un año de gobierno de Ollanta Humala. Uno de los rasgos más saltantes en este periodo ha sido los cambios en las orientaciones políticas del presidente, desde los planteamientos reformistas de La Gran Transformación, pasando por una morigerada Hoja de Ruta, para culminar finalmente en lo que parece ser hasta el momento ceder a la tentación del continuismo. En el camino, se ha ido vaciando de contenido la «inclusión social». Así, si esta se limita a una mejor y más eficiente aplicación de políticas redistributivas a través de los programas sociales, no se diferenciará de lo que los gobiernos anteriores han hecho. En cambio, si por inclusión social se entiende, sobre todo, una extensión de las oportunidades de sectores más amplios de la población, el gobierno tiene que demostrarlo. Algunos ejemplos.

Una mala señal en cuanto a la inclusión social es que el gobierno se ha abstenido de tomar medidas para democratizar el acceso a las tierras de la irrigación de Olmos, las que han terminado en manos de un reducido número de corporaciones, y parece que la misma política continuará con la reciente aprobación de la irrigación de Chinecas.

Una buena señal fue la promulgación de la Ley de Consulta previa, aunque el reglamento deja que desear. Un punto crucial es el de quiénes son considerados indígenas. En esta edición de LRA se discute el concepto restrictivo de indígena adoptado por el reglamento de la ley, pero además se muestran las complicaciones del reconocimiento de los derechos colectivos de las poblaciones indígenas en el marco de una Constitución liberal individualista. Este es un terreno en el que el gobierno tiene la opción de ser más o menos democrático.

Una señal que puede ser buena es la relativa al Banco Agrario. Desde LRA hemos reclamado reiteradamente la necesidad de la creación de condiciones favorables al desarrollo de la pequeña agricultura, mayoritaria en el país y principal responsable de la producción de alimentos. Uno de los instrumentos indispensables para ello es ampliar el acceso del financiamiento para las actividades agrícolas. Como se sabe, la agricultura familiar está marginada del crédito formal. La actual gestión de Agrobanco ha manifestado su voluntad de convertirlo en una institución gravitante para el desarrollo de la agricultura, según declaración de su presidente en este número de LRA. Si se lleva a cabo, será un importante cambio respecto al gobierno anterior.

Un cuarto tema sobre el que no hay señales es el de la atención a la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria no debería limitarse a los programas de asistencia alimentaria a sectores sociales de bajos ingresos. Hay una gran preocupación en el mundo sobre las tendencias a la  subida de precios de alimentos, sobre los impactos negativos del cambio climático en la producción agrícola y pesquera, y sobre la utilización creciente de tierras agrícolas para la producción de biocombustibles. Todo esto está ocurriendo en el Perú, y el gobierno no toma iniciativas para enfrentar lo que es un problema tanto de corto plazo desnutrición infantil extendida, principalmente en áreas rurales como, sobre todo, de mediano y largo plazo. Como se muestra en esta edición de LRA, este es también un importante déficit en las políticas gubernamentales.

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