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El negacionismo como negación de la realidad

El negacionismo como negación de la realidad

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Por Ernesto De La Jara

El Movadef, movimiento vinculado a la organización terrorista Sendero Luminoso, ha logrado que miles de personas, generalmente jóvenes, acepten firmar a su favor. Y por primera vez no es a través de cartas de sujeción clandestinas, sino firmando planillones con sus documentos de identidad y sin ningún problema de dar la cara, y hasta irrumpiendo en actos públicos.

Que es un problema serio frente al que hay que reaccionar nadie lo niega. Pero creer que se solucionará amenazando a sus integrantes con meterlos a la cárcel –de 4 a 8 años– si públicamente niegan que hubo actos terroristas no solo es ingenuo sino que también revela que no se tiene ni la más mínima idea de cuál puede ser la estrategia. Los que hoy están en el gabinete saben perfectamente que es falso que a más cárcel, menos delito.

Se ha invocado a favor de una Ley de Negacionismo (una palabra fea que suena a dictadura y represión), declaraciones de la ONU y leyes nacionales, pero que en realidad se refieren a genocidios, delitos que internacionalmente reciben un tratamiento jurídico especial. También es cierto que cabe el debate sobre si una ley así viola o no el derecho de libre expresión. Y no cabe duda de que será una fuente de abusos, y no solo respecto a quienes podrían estar vinculados a SL. Todo lo cual abre el camino para que los senderistas puedan ganar importantes batallas políticas y jurídicas.

Rocío Silva Santisteban tiene razón cuando plantea que no se trata de exigir que se extienda el negacionismo a violaciones de DDHH, al narcotráfico, a la corrupción, a los golpes de Estado y a cuanto fenómeno peligroso se nos ocurra, ya que sería incurrir en la misma lógica del “o cierras la boca o a la reja”.

De acuerdo al proyecto de ley, el nuevo delito del negacionismo podrá ser aplicado según lo establezca una sentencia judicial  o –viene la letra chica– “una comisión especial creada para dicho efecto para investigar los hechos de violencia atribuidos a las organizaciones terroristas…”. Ahora resulta que las comisiones especiales pueden aplicar sanciones penales, una función que, según el principio de la exclusividad jurisdiccional, solo le corresponde al Poder Judicial. ¿Se está anunciando por lo bajo el nombramiento de una nueva Comisión de la Verdad que recoja los actos de terrorismo, como si no lo hubiese hecho la verdadera CVR? Acá tienen razón quienes sostienen que el motivo de esta ley es también comenzar la reconstrucción de la memoria según los patrones del fujimorismo y sus aliados en cuanto a concepción (dicho sea de paso, el espacio de la memoria debe apurarse, ya que, como diría Kenji, puede venir una nueva guerra contra SL sin que se haya concluido ese proyecto).

Movadef debe estar saltando en una pata, ya que se le ha puesto unos reflectores que no merece y se le ha dado una bandera para luchar en contra, con algunos puntos a su favor. Es inevitable que los senderistas sigan hablando de presos políticos, guerra popular, pensamiento Gonzalo o solución política. Y aun si no lo hicieran, el problema seguiría estando allí. No sacamos nada con negarlo.

Cómo se derrota a todas las manifestaciones del terrorismo, ya más o menos lo sabemos: un buen diagnóstico que se base no en la nomenclatura sino en la realidad, ganar a la gente que está en disputa, inteligencia y tratar de evitar la utilización política de las brechas económicas, sociales y  culturales.

Otros temas. Excelentes las cartas de los jesuitas y de Bambarén poniendo en su sitio a Cipriani. Corre el rumor –ojo, por confirmar– de que el rector que le gustaría a Cipriani es Francisco Tudela, excandidato a la vicepresidencia en las elecciones fraudulentas de la ‘rereelección’ de Fujimori. Se viene la audiencia de la Corte Interamericana sobre el seguimiento del cumplimiento de la sentencia Barrios Altos, diligencia vinculada a lo de Villa Stein. ¿Alguien puede creer que Nadine Heredia viajó acompañando a la ministra Trivelli en el viaje a Brasil? Está bien que tenga una participación política, pero no puede cogobernar y menos reemplazar a quien fue elegido.

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