En el mensaje a la Nación, el presidente Ollanta Humala, propuso al Congreso de la República un “Proyecto de Reforma Constitucional a fin de reconocer en la Constitución el Derecho fundamental al agua”. Algunos congresistas, desconociendo lo que sus representantes han aprobado en otros foros, dijeron algunos disparates y señalaron que también debía aprobarse, “el derecho a respirar” (Alcorta) o “derecho al lomo saltado” (Mulder).

El Presidente planteó un tema propuesto 20 años antes en la Conferencia Internacional sobre Agua y Desarrollo Sostenible de Dublín, que en su Principio 4 establece: “…es esencial reconocer ante todo el derecho fundamental de todo ser humano a tener acceso a un agua pura y al saneamiento…”.

Recientemente se aprobó en el Acuerdo Nacional (AN), la Política de Estado sobre Recursos Hídricos. Tras varios meses de discusión con expertos y representantes de partidos políticos y de la sociedad civil (CGTP, FENTAP, agrarios, regantes, SNI, CONFIEP, AMPE, Gobiernos regionales, etc.), se acordó considerar el agua como derecho fundamental de la persona humana, y este compromiso fue defendido y suscrito tanto por los acuerdistas del APRA, el PPC y el Fujimorismo. Por lo tanto, no debe ser difícil la reforma constitucional propuesta por el Presidente en la actual legislatura.

Los representantes de los trabajadores y de los agrarios en el AN, plantearon aprobar ese punto, tal como fue reconocido por la Asamblea de las Naciones Unidas el 28 de julio del 2010 en su Resolución 64/292: “El derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”. Ese mismo año, en setiembre, el Consejo de derechos humanos de la ONU afirmó que el derecho al agua y al saneamiento es parte de la actual ley internacional y confirma que este derecho es legalmente vinculante para los Estados.

Ya no hablamos del agua como un derecho fundamental como hace 20 años. Hoy se le reconoce como un Derecho Humano, tal como esta en la Constitución de diversos países del mundo. En el Perú, el 22 de marzo del 2005, organizaciones como la CGTP, FENTAP, CCP, AIDESEP, CONACAMI, REDVIDA-Perú, PNDDHH, Foro Ecológico, Vida-Conades, entre otras, firmaron la Declaración de Lima para que: El estado peruano reconozca constitucionalmente el acceso al agua como Derecho Humano.

En todos los foros nacionales e internacionales, dichas organizaciones vienen exigiendo este reconocimiento y han constituido la Coordinadora Nacional en Defensa del Agua y la Vida, a la que se han sumado otros gremios, organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, colectivos juveniles y ecologistas. Todos ellos realizan una campaña de recolección de firmas para presentar una iniciativa legislativa que declare el agua como un Derecho Humano y por la defensa de las Cabeceras de Cuenca.

PROYECTO DE LEY Nº 1293 DEBE SER RETIRADO
El 25 de junio del presente año, con las firmas del Presidente y del ex Premier Óscar Valdés, el gobierno presentó al Congreso de la República, el Proyecto de Ley Nº 1293 con el título de “Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento”. El análisis de este proyecto nos lleva a plantear al gobierno su inmediato retiro. Tiene una concepción centralista y claramente privatista dejando todo el manejo de las Empresas Prestadoras de Servicio (EPS) de agua y saneamiento al Ministro de Vivienda, René Cornejo, quien no oculta su afán de privatizarlas, buscando que pasen a depender de manera absoluta del poder central y estarán de espaldas a los gobiernos regionales y las municipalidades

Las actuales EPS están en manos de los municipios, la única que sigue en Vivienda es Sedapal, que abastece del servicio a Lima y Callao. Este modelo de gestión ha fracasado, fue diseñado durante el gobierno de Fujimori con el fin de poder vender por partes las empresas de agua.

Pero también ha fracasado la concesión de la empresa de Agua de Tumbes (ATUSA). Siete años privatizada y es considerada por la SUNASS como la segunda peor empresa del sector. En un informe realizado por la SUNASS señala: ATUSA ha incurrido en la infracción tipificada en el numeral 3 del Anexo Único del Reglamento de infracciones y sanciones…al incumplir nueve (09) del total diez (10) de las metas establecidas en el contrato de concesión en el quinto año regulatorio. En el 2010 fue calificada como la peor gestionada, ¡y es privada, no pública!

Tampoco queremos pasar por la experiencia privatista Chilena, donde las tarifas de agua se dispararon de 0.70 de dólar por metro cúbico a cerca de 1.30 en Santiago y 2.60 dólares en Antofagasta. Allá el recibo más barato de agua equivale al 10% del salario mínimo. Hay que destacar que la cobertura casi total de agua y saneamiento se logró cuando las empresas de agua eras públicas.

PROPUESTA DE LOS TRABAJADORES Y LA SOCIEDAD CIVIL
Los trabajadores del agua potable son conscientes del fracaso de estos modelos. Ellos están en contra de este tipo de gestión empresarial, plantean la creación de una empresa nacional del agua y de empresas públicas regionales modernas y eficientes, con participación en sus directorios de especialistas, usuarios y trabajadores.

En el año 2010, la Federación Nacional de Trabajadores de Agua Potable y Alcantarillado, FENTAP, recibió un reconocimiento de la Internacional de los Servicios Públicos ISP, (20 millones de afiliados en todo el mundo), como MEJOR SINDICATO mundial, por su propuesta del Asocio Público Comunitario. Esto es, una empresa pública se asocia con otra en un proceso de apoyo y aprendizaje mutuo de intercambios de experiencias de gestión del agua. En el Perú ya se han firmado acuerdos de este tipo entre ellos el de SedaCusco con Obras Sanitarias del Estado (OSE) de Uruguay.

Uruguay mediante referéndum constitucionalizó el agua como Derecho Humano, en el 2004, hoy es uno de los países de América Latina con el mayor índice de cobertura en agua y saneamiento (casi el 100%). En una visita realizada este año por la experta de la ONU, Catarina de Alburqueque, destacó como una clara muestra de que el sector puede funcionar adecuadamente y es financieramente viable cuando el servicio es asegurado por una empresa pública.

DE INTERÉS NACIONAL
Fortalecer las EPS modernizándolas
Las experiencias de los distintos países donde se ha intentado entregar las empresas públicas de agua nos demuestran que no es la solución. La famosa Guerra del agua de Cochabamba en el 2000 fue motivada por la pretensión de la transnacional Bechtel en cobrar hasta el agua de la lluvia que juntaban los lugareños y por la disparada de los precios. En Argentina también fracasó el proceso de privatización y no existe una experiencia exitosa de privatización en América Latina donde se demuestre que gracias al sector privado y sus capitales se incremente la cobertura de saneamiento.

En París, cuna de las principales transnacionales de agua, el sector estuvo concesionado por 25 años. Terminó el contrato y se ha vuelto a remunicipalizar el servicio con bastante éxito.

Si el Presidente Humala quiere cumplir con su compromiso de dotar de agua y saneamiento a más peruanos, debe de fortalecer las empresas públicas, tal como lo planteó en su campaña electoral. Una medida urgente a realizar, es autorizar una ley expresa, para que las EPS puedan realizar “subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional”, tal como lo señala el Artículo 60° de la actual Constitución.

Ello permitirá a las EPS comercializar agua embotellada y tener mayores recursos para infraestructura. Actualmente en promedio una botella de agua de 600 mm cuesta un Nuevo Sol. El metro cúbico (mil litros de agua) que cobran las EPS, cuesta en promedio Un Sol cincuenta. Es decir con S/.1.50 embotellamos más de 1600 botellas de agua. ¿A quién beneficia toda esa ganancia, en un mercado cada vez más creciente?..