Respecto a la minería ilegal en estos últimos días se ha escuchado hasta la saciedad la frase: "hay que tomar el toro por las astas", sin embargo no es lo mismo tratar de domar a un toro que poner fuego en sus cuernos y dejarlo suelto como en las "fiestas de correbous" en España, y es precisamente lo que el gobierno hizo cuando de improviso metió en el mismo saco a la minería ilegal y a la artesanal, con un resultado imprevisible que por lo pronto pone en la cuenta del gobierno nacionalista 3 lamentables muertes.

Si analizamos los antecedentes tenemos que el bombardeo de las dragas en febrero del 2010 ya había posicionado a los mineros artesanales en contra del proceso y los había acercado a las posiciones de los mineros ilegales en el mismo paraguas de la FEDEMIN bajo similares reivindicaciones generando una respuesta colectiva en Madre de Dios. Sin embargo las acciones de este gobierno han adolecido, a nuestro juicio, de enfoques preventivos claves.

En primer lugar, no ha puesto la debida atención en el proceso, ha creído que con decretos legislativos y acciones de fuerza sería suficiente para resolver tamaño problema. Precisamente el enfoque legalista y el policiaco son las peores opciones para abordar los conflictos. Estos, tienen una dimensión cultural y psicológica que se traduce en percepciones, actitudes y emociones que son difíciles de revertir, especialmente si los pobladores consideran que su derecho al trabajo es vulnerado, independientemente si es legal o no. Es insuficiente relacionar la minería ilegal al narcotráfico o al terrorismo o al Chavismo como para cambiar el posicionamiento de los actores, eso solo sirve para la tribuna mediática.

En segundo lugar, el gobierno no ha desarrollado procesos de sensibilización e información en Madre de Dios, no ha construido un consenso público que acompañe medidas que afectan una cadena productiva en la que participan miles de familias. Cabe recordar que los programas de erradicación de la hoja de coca han desarrollado en la última década programas comunicativos que acompañan la erradicación y la conversión de los cultivos con relativo éxito especialmente en San Martín. En el caso de Madre de Dios una vez más la información y comunicación han estado ausentes.

En tercer lugar observamos una improvisación y falta de previsión absoluta sobre la capacidad de respuesta de la población ante la amenaza a perder el acceso a la satisfacción de sus necesidades básicas. Según lo observado en los conflictos de Ilave, Bagua o puente Montalvo, luego de las marchas siguen las protestas violentas, por ello la toma de locales y el aeropuerto era fácilmente predecible.

En cuarto lugar sorprende, el enfoque de criminalización que se le da al fenómeno de la minería ilegal, que al igual que la comercialización ilegal de la hoja de coca, se trata de un problema multicausal que no se resuelve persiguiendo a la población solamente, sino que es importante romper con la cadena de producción, con los proveedores de insumos, los facilitadores y con los compradores de oro. Pero ciertamente abordar esta dimensión es chocar con poderes locales de fuertes influencias en el sistema político y económico.

Por último, hay que subrayar que la minería ilegal, gracias a la inacción e indiferencia de los gobiernos anteriores, es una economía subterránea que moviliza a miles de familias, así detrás del problema legal existe un problema social de envergadura, producto del abandono del campo, la priorización de la costa y el enfoque en un modelo primario exportador que empuja la migración económica. Por tanto hay una pregunta que flota en el ambiente: ¿Cuál es la alternativa de subsistencia que el gobierno plantea para los mineros ilegales?

Mientras el gobierno no desarrolle estrategias y tácticas de gestión y prevención de conflictos, solo está poniendo candela a las astas del toro y por lo que vemos, este toro se le escapa de las manos una vez más y el gobierno pasa de torero a bombero.