Entrevista al
FISCAL AVELLINO GUILLÉN JAUREGUI

Uno de los casos por los que se solicitó la extradición de Alberto Fujimori fue por el de los tractores chinos que el Estado Peruano adquirió entre 1994 y 1997, a través de tres operaciones de endeudamiento externo con el Banco de China.

El endeudamiento por este concepto superó los US$ 70 millones de dólares, habiéndose realizado sin evaluación económica, en operaciones de compra que estuvieron exoneradas de licitación pública con el pretexto de una inexistente urgencia, y donde no se especificaron requerimientos para la maquinaria adquirida.

De los tractores chinos se sabe que se compraron 4,100, los cuales fueron distribuidos única y exclusivamente por Fujimori durante la campaña para las elecciones del 2000. La calidad de estos tractores era tan mala, que para el año 2000 apenas uno de cada tres estaba operativo. Los restantes se habían convertido en chatarra o habían desaparecido.

DEUDA EXTERNA

A inicios del fujimorismo, la cotización de los papeles de la deuda pública del Perú apenas llegaba al 5% del valor nominal. Sin embargo, esta cotización comenzó a crecer de manera considerable, siendo que para 1993, la cotización de los papeles de la deuda llegaba a un 27% de su valor nominal. Para 1994 con el proceso de privatizaciones, el valor de los papeles se multiplicó hasta en un 58% de su valor nominal, beneficiando a los especuladores que habían comprado papeles a precios muy bajos y que vieron incrementadas sus capitales por ese motivo.

Entre octubre de 1994 y noviembre de 1996 se transfirieron siete empresas públicas a manos privadas, utilizándose US$ 344 millones de dólares en papeles de la deuda peruana como forma de pago al Estado.

El problema con este esquema es que diversos círculos de especuladores financieros con conexiones al régimen de Fujimori se beneficiaron con información privilegiada sobre las intenciones del gobierno de permitir el uso de papeles de la deuda en las privatizaciones, por lo que pudieron acopiar a bajo precio estos documentos para después revendérselos al Estado hasta en diez o doce veces el valor que habían pagado.

EXONERACIONES TRIBUTARIAS PARA LOS AMIGOTES

El Decreto Supremo 120-94 otorgó el beneficio de la doble depreciación, que consistía en permitir a empresas que fueran fusionadas o escindidas, revaluar activos que ya se encontraban depreciados para volver a depreciarlos por segunda vez, lo que reducía de manera considerable su pago de impuestos.

Así se dio un carnaval de fusiones ficticias, con la única finalidad de gozar de la ventaja de la doble depreciación y no pagar impuestos, afectando enormemente la recaudación del Estado. Así, por ejemplo, tan sólo las empresas distribuidoras de electricidad de Lima, Edelnor y Luz del Sur dejaron de pagar impuestos por S/. 314 millones de soles entre 1994 y 1999 a través de la aplicación del DS. 120-94.

Los Costos de la Corrupción Se ha estimado que el costo total de los latrocinios, abusos y negociados de diez años de gobierno de Fujimori y Montesinos supera los US$ siete mil millones. Esa cifra parece importante. ¿Pero a cuánto asciende realmente? ¿Tenemos una idea de lo que US$ 7 mil millones representan? Quizás sería mejor imaginarnos lo que podríamos haber hecho con ese dinero:     1 Entregar a cada familia peruana alrededor de US$ 1,500 dólares. 2 Construir 8,300 grandes centros educativos con primaria y secundaria completa y totalmente equipados. 3 Pagar pensiones de S/. 500 soles mensuales a medio millón de jubilados durante siete años. 4 Financiar durante 44 años al Seguro Integral de Salud, que atiende a millones de peruanos pobres. 5 Construir 200 mil departamentos del programa “Mi Vivienda”, dando techo a un millón de personas.

El Decreto Supremo 120-94, promulgado por Jorge Camet, y que otorgaba facilidades tributarias a las empresas, no siguió el procedimiento establecido para la formulación de dichas normas, pues careció de la opinión favorable de la SUNAT ni de las áreas técnicas del Ministerio de Economía y Finanzas.

Más grave aún es que en la elaboración de este Decreto intervinieron directamente abogados y asesores privados que representaban a las empresas beneficiarias, dándose incluso el envío de faxes al propio Ministerio de Economía y Finanzas con “comentarios” sobre lo que debería incluirse dentro de esta norma.

US$ 7 MIL MILLONES EN TOTAL

A sí, acorde a d iversas f uentes, durante el Gobierno de Fujimori se robaron al Estado alrededor de siete mil millones de dólares, lo que significa que el costo de la corrupción para los peruanos ascendió a no menos de US$ 1,500 por familia. La organización Transparencia International estimó que tan sólo Fujimori fue directo responsable de sustraer no menos US$ 600 millones de los recursos públicos, incluyéndolo entre los diez gobernantes más corruptos de las últimas décadas.

Sin duda, los diez años durante los cuales Alberto Fujimori Fujimori gobernó al Perú figuran entre los más sórdidos de nuestra historia, pues desde su llegada al poder en 1990 hasta su salida por la puerta falsa –con renuncia vía fax, incluida– Fujimori encabezó un régimen sustentado y alimentado por la corrupción y donde el manejo de los asuntos públicos se supedito a los manejos más oscuros y arbitrarios.

Tras la caída del régimen de Fujimori, se emprendió un esfuerzo sin precedentes en nuestra historia para investigar la multitud de denuncias por delitos económicos y financieros cometidos y procesar a los responsables. Con este fin, el Congreso de la República constituye la llamada Comisión Investigadora de los Delitos Económicos y Financieros cometidos entre 1990 y 2001 (CIDEF), así como la Comisión Investigadora de Casos de Corrupción Cometidos en la década 1990-2000 (CICCOR) las cuales tras un largo proceso de investigación y evaluación presentaron informes concluyentes sobre los principales casos de corrupción cometidos por el fujimorismo.

¿Qué tan eficaz fue este esfuerzo contra la corrupción? Cerca de 1,500 personas han sido procesadas por delitos económicos y financieros, y, en numerosos casos, ha sido posible lograr la condena de los responsables. Pero por otro lado la corrupción del régimen de Fujimori ha sido capaz de sobrevivir y reciclarse, haciéndose campo en base a alianzas y arreglos políticos, pretendiendo hoy en día echar tierra a su pasado y lograr la impunidad para Fujimori y sus cómplices.