Durante los años 90, Alberto Fujimori sacó a remate las empresas estatales. En minería no quedó nada en manos del Estado, mientras que PetroPerú quedó encargado solamente de refinar la mitad de la gasolina que se consume en el Perú y de comercializarla en los mercados menos rentables, los que no interesan tanto al sector privado. La “política” fue la de atraer la inversión privada rematando los activos del Estado, en estricto cumplimiento de los preceptos del Consenso de Washington.
Desde entonces a la fecha, el Consenso de Washington es cosa del pasado en casi todas partes del mundo, pero no en el Perú. Como ya casi no hay activos que privatizar, de lo que se trata ahora es de entregar a los inversionistas privados concesiones para que descubran y extraigan la mayor cantidad de gas, petróleo y minerales. Casi todo se ha entregado a trasnacionales, no faltando algunas empresas estatales de otros países.
¿Crean empleo estas inversiones? No, pues son intensivas en capital y tecnología. ¿Crean valor agregado? No, pues somos primario exportadores. ¿Generan procesos locales de acumulación de capital?. No, pues no hay ninguna política que asegure que se abastezcan de bienes y servicios en sus localidades y en sus regiones. ¿Dejan mucha renta al Estado? Bastante en los años recientes, pero podrían dejar mucho más si no tuvieran tantas ventajas tributarias y si hubiesen pagado impuestos a las sobreganancias. ¿Se han manejado de manera transparente? No, como lo atestiguan los petroaudios.
No hay pues una política estatal que responda a un interés público, sino más bien una política que busca asegurar las mejores condiciones a los inversionistas privados. El ejemplo más claro ha sido el cambio en los contratos del gas de Camisea para favorecer los intereses de un consorcio empresarial (vender gas barato a precios altos) en perjuicio del interés público (cambiar la matriz energética nacional de una dominada por petróleos sucios y caros a una sustentada en gas limpio y barato).
Toda la política de concesiones indiscriminadas es expresión de lo mismo: Si le conviene a la empresa, está bien. Si se perjudican las poblaciones nativas amazónicas, el medio ambiente y la biodiversidad, no importa. Si se perjudican las comunidades andinas, la pequeña y mediana agricultura y la ganadería, o si se pone en peligro el abastecimiento de agua para las ciudades, tampoco importa. Si la mitad de todos los conflictos en el país son actos sociales de resistencia frente a los impactos negativos de las grandes inversiones petroleras, gasíferas y mineras, se les reprime. Si quedamos a merced de la evolución de mercados que son altamente volátiles y fuera de nuestro control, así es la vida pues.
Ni el gobierno ni el sector empresarial han aprovechado la crisis internacional (caída en los volúmenes y el valor de las ventas del petróleo y la mayor parte de los minerales y también la parálisis temporal de varios proyectos mineros) y la crisis social (huelgas amazónicas y andinas en defensa de sus territorios) para reflexionar sobre el rol de las industrias extractivas en el desarrollo y para diseñar una política diferente. Lamentablemente, vamos derecho a un nuevo ciclo de crecimiento económico atado a los vaivenes de un sector extractivo que no genera mucho empleo, ni genera dinámicas locales de acumulación, ni paga los impuestos que debiera, y que es la fuente de muchos conf lictos en la medida en que se impone contra la voluntad de las poblaciones locales pues afecta negativamente sus aguas y sus tierras.
¿CUALES PODRÍAN SER LOS ELEMENTOS DE UNA POLÍTICA ALTERNATIVA?
En el sector hidrocarburos hay que pensar en una política energética, estimando cuál es la demanda de acá a 30 o 50 años y decidiendo cómo se va a suministrar esa energía. Es claro que conviene reemplazar la mayor cantidad de petróleo –más sucio y más caro- por la mayor cantidad de gas e hidroenergía –más limpio y más barato-. Ello supone, al mismo tiempo:
| La mitad de los conflictos se deben a los impactos negativos de las grandes inversiones petroleras, gasíferas y mineras. |
i. La definición de los más elevados estándares ambientales y sociales para las concesiones. Aunque al país le interesa que las empresas paguen sus tributos, hay que garantizar que no haya daños ambientales y sociales significativos. Hay que proteger los derechos de las poblaciones locales y preservar la Amazonía por su biodiversidad y por los servicios ambientales que presta a la humanidad.
ii. No se puede lanzar un nuevo programa de exploración y extracción de gas en la selva sur peruana o de centrales hidroeléctricas si no se hace sobre la base del consentimiento previo, libre e informado de las poblaciones locales. Las comunidades nativas, las poblaciones y las autoridades locales y regionales deben ser empoderadas para una buena negociación.
iii. La asignación de competencias y el desarrollo de capacidades en el Ministerio del Ambiente y en los gobiernos regionales y locales para una estricta fiscalización del cumplimiento de los estándares ambientales y sociales por parte de las empresas; y la capacitación a los organizaciones sociales locales y regionales para que cumplan actividades de control social en este mismo terreno.
Como se seguirá necesitando petróleo, hay que concentrar su búsqueda en la plataforma costera occidental, en donde no hay densidad poblacional y está demostrado que se puede hacer una extracción limpia, si se es estricto en la protección ambiental. De esta manera se podría “despetrolizar” el resto de la Amazonía, paralizando la entrega de nuevas concesiones, exigiendo altos estándares ambientales y sociales en zonas que están en exploración, y cancelando aquellas concesiones que ya están en operación y que han probado ser una fuente permanente de contaminación de los ríos, con impactos negativos sobre la salud y la vida de las poblaciones locales.
Por el lado de la minería, hay que parar el otorgamiento de nuevas concesiones y el paso de la exploración a la extracción, hasta que:
i. Se haga una adecuada zonificación ecológica y económica de las zonas con potencial minero, y se establezca –mediante planes de ordenamiento territorial- en qué zonas si se puede y en qué zonas no se puede extraer minerales. Este ordenamiento debe ser participativo, para que tenga no solo valor técnico sino también legitimidad social.
ii. Se respete estrictamente el principio del consentimiento previo y el derecho a la consulta.
iii. Se defina una política de generación de mayor contenido local o mayor retorno económico, asegurando que las empresas adquirirán en el Perú y en las propias localidades y regiones donde trabajan una parte creciente de los bienes y servicios que demandan.
Tanto para la minería como para los hidrocarburos, hay que definir una nueva política de distribución de la renta, captando para el estado la mayor parte de esa riqueza natural que pertenece a todos los peruanos. La idea del impuestos a las sobreganancias debe recuperarse. Estos recursos deben repartirse de manera tal que no solo se compense a las regiones productoras (como lo hace ahora el canon), sino que también se beneficie a las regiones con mayor pobreza.
Todo esto puede hacerse. Es cuestión de que exista la voluntad política para tomar decisiones que respondan a intereses públicos, y no solamente a los intereses de los inversionistas y de los lobistas y funcionarios corruptos que parecen hacer de cada proyecto de inversión un gran faenón.
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