Por José de Echave
En los últimos conflictos sociales que se han registrado en el país, el tema de las concesiones mineras ha aparecido como uno de los puntos en las demandas de las poblaciones. Ha sido el caso de las movilizaciones en Canchis y Chumbivilcas en el Cusco, la de
Andahuaylas en Apurímac y también la de los awajún-wampís, en Bagua, Amazonas.
¿Qué ha estado pasando? Como se puede apreciar en el gráfico, las concesiones mineras han estado creciendo de manera sostenida y acelerada en los últimos años: entre el año 2002 y junio 2009 prácticamente se han multiplicado por 2.6.
CONCESIONES EN DISPUTA
¿El avance de las concesiones en un dato relevante a tomar en cuenta? Sin duda. No se puede entender lo que pasa en la minería peruana en la presente década si no se analizan, entre otros datos, la evolución de las concesiones.
La evolución de las concesiones permite identificar las tendencias de una etapa tan importante en la minería como es la exploración. El dato de las concesiones representa el momento en el que las empresas llegan, con derechos otorgados por el Estado. Esos derechos comienzan a competir con los títulos de propiedad de las comunidades y es la fase inicial de una relación que hemos comprobado es sumamente compleja.
Obtener una concesión requiere un trámite casi automático que se hace en Lima y que, por ejemplo, no tiene en cuenta si bajo la concesión hay una población. Además, no hay mecanismo de comunicación con el gobierno local de manera previa al otorgamiento de la concesión, pasando por alto si en el mismo territorio hay un plan de desarrollo previo y un proceso de ordenamiento territorial. Menos aún se coordina o informa a los propietarios individuales o colectivos de los terrenos.
Las comunidades y poblaciones locales cuestionan esta estrategia de hechos consumados, donde primero se entrega la concesión y después habrá que ver como se arreglan las partes en disputa. Exigen el derecho que tienen todos de estar oportunamente informados.
 Por su parte, las empresas señalan que la relación entre concesión minera y actividad efectivamente desarrollada, es mínima. Algunos hablan que de 100 proyectos de exploración solamente uno termina en mina. Por supuesto, se deben manejar los datos con responsabilidad: si bien no se puede afirmar que los 19 millones de hectáreas de derechos mineros vigentes otorgados se vayan a convertir en una gran mina, también es cierto que las empresas no esperan que los proyectos maduren para, por ejemplo, adquirir tierras y procurar acceso a recursos. En muchos casos lo hacen desde un inicio: allí está como ejemplo lo ocurrido en la zona de influencia de Yanacocha; también en
La Granja y Tintaya, y las consecuencias de las adquisiciones de tierras y reubicaciones. Así el proyecto no llegue a la etapa de mina, el impacto puede ser importante y debe ser manejado adecuadamente.
No se trata de crear pánico sino de informar. Es conveniente para el Estado, las empresas, las poblaciones y sus autoridades, que se acceda de manera oportuna a toda la información disponible. ¿Por qué no mejorar el actual procedimiento? Nadie debería inquietarse por ello y seguramente las relaciones en las zonas de influencia de actividades mineras y de hidrocarburos mejorarían.
CONFLICTOS Y MOVIMIENTOS SOCIALES
El conflicto en torno a industrias extractivas, como la minería y los hidrocarburos, ha ido estructurando un conjunto y variedad de actores en diferentes regiones del país. En algunos casos se han ido conformando nuevas estructuras organizativas y en otros, las que ya existían han ido asumiendo como parte de sus agendas, la atención a los conflictos alrededor de la minería y los hidrocarburos.
Es así como surgen y/o se renuevan frentes de defensa en varias localidades, regiones y macro regiones, federaciones y comunidades campesinas, organizaciones de rondas campesinas, movimientos ciudadanos diversos, asociaciones de agricultores, coordinadoras, etc. A nivel nacional, destacan los esfuerzos de articulación de organizaciones como la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI) y la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (AIDESEP).
Las estrategias seguidas por estos movimientos han sido variadas, aunque podríamos resumirlas en cuatro centrales:
- La de fortalecimiento organizativo, que ha buscado estructurar referentes y niveles de articulación mínimos para enfrentar un conflicto de dimensiones importantes;
- La de desarrollo de capacidades:
- La de alianzas (entre comunidades, con otras organizaciones como las no gubernamentales, el movimiento de derechos humanos, ambientalistas, etc.);
- La de incidencia orientada a hacer visible el conflicto y comenzar a cuestionar las reglas de juego vigentes.
Las organizaciones vinculadas a la lucha por los derechos de las comunidades, andinas y amazónicas, presentan experiencias importantes, en torno a casos emblemáticos, como los de Tambogrande, Tintaya, La Oroya, Majaz, la reciente
movilización amazónica, etc. Pero los conflictos, salvo algunas excepciones, todavía siguen girando en torno a agendas puntuales, locales y hasta regionales y donde los actores tienen dificultades para visualizar como sus luchas forman parte de procesos a una escala nacional y hasta global.
Todavía hace falta construir espacios y mecanismos operativos que permitan una actuación más efectiva, con propuestas más elaboradas y que se proyecten a espacios más amplios. Esto implica también consolidar y ampliar alianzas, como pueden ser con el sector académico, algunos organismos del sector público, otras redes nacionales e internacionales, etc.
Lo logrado por estas organizaciones y redes no es poca cosa. Un nuevo actor central se va consolidando poco a poco en el escenario nacional: las comunidades campesinas y nativas y sus organizaciones representativas comienzan a ser vistas con otros ojos por el país formal. ¿Alguien puede imaginar hoy en día un próximo proceso electoral en el que el tema indígena y el de la amazonía peruana, esté al margen del debate de los partidos políticos?
NUEVOS RETOS
En un escenario como el descrito se seguirán presentando situaciones de conflicto en los próximos años y será necesario hacer incidencia con instrumentos más efectivos y alianzas más amplias. Para las organizaciones de las comunidades y las redes que los apoyan, los principales logros hasta el momento han estado en el dominio de la resistencia y la defensa de derechos. Han mostrado una capacidad de respuesta y cuestionamiento de las reglas de juego.
El reto parece ser pasar a articulaciones y propuestas más amplias. No se debe perder de vista que pese a lo que nos quieren hacer creer algunos, lo que existe en el país como instrumentos e institucionalidad para gestionar los bienes de la naturaleza, siguen siendo insuficientes y de una precariedad extrema.
La carencia de verdaderas políticas públicas para preservar bienes comunes de valor estratégico para todos los peruanos, es uno de los temas de fondo que las comunidades andinas y amazónicas, han puesto en debate con su movilización. Por lo tanto, el objetivo debe ser desarrollar nuevas estrategias que respondan de manera efectiva a estos temas de fondo.
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