Así empezaba un artículo de
Alberto Flores Galindo y
Joan Martínez Alier publicado
hace 20 años.El avance
del capitalismo ha relegado
al campesinado en todo el mundo como
sinónimo de subdesarrollo y atraso económico,
social y cultural. Nos han enseñado
a medir la modernidad de un país por el
descenso de su población rural. Trabajar
en el agro ha sido una actividad exigente, nada prestigiosa, infra remunerada, de la
que millones de personas han huido en
las últimas generaciones. Una actividad
perfectamente prescindible… si no fuera
porque todos y cada uno de nosotros necesitamos
comer diariamente… y no se ha
descubierto otra forma de producirlos alimentos que necesitamos.
El progreso ha estado asociado a las ciudades, que han ido creciendo incesante e insosteniblemente, algunas de ellas incluso monstruosamente, alimentándose de ese éxodo masivo de la gente del agro. La desvaloración del agro lleva asociada el desprecio por culturas y saber generados durante siglos de actividad humana. Particularmente cruel ha sido la guerra permanente del “progreso” contra las comunidades y culturas indígenas.
El capitalismo ha despreciado todo lo que no se pueda convertir en lucro privado. Por ejemplo, actividades tan fundamentales como la producción familiar y comunitaria de alimentos, el cuidado de las personas, el trabajo doméstico y la artesanía, han sido relegadas a los más bajos escalones del prestigio social y de la remuneración económica. Es por eso que las mujeres campesinas y las indígenas han sido las más menos visibles.
Sin embargo, la confluencia de crisis energética, alimentaria y cambio climático, que hoy no hacen más que mostrar sus primeros síntomas, obliga a repensar las bases del crecimiento económico y social de las últimas décadas, llamado “neoliberalismo”.
LAS ALTERNATIVAS
En este contexto los proyectos emancipadores acertarán si apuestan por políticas que garanticen la seguridad y la soberanía alimentaria para sus poblaciones, a través de la promoción del mundo rural. No se trata de una campaña para salvar una especie en peligro de extinción, se trata de buscar un futuro viable para el conjunto de la sociedad. Alberto Flores Galindo ya en 1986 planteaba la necesidad de este desarrollo alternativo: “… debería pensarse en la posibilidad de un modelo de desarrollo en el que los hombres andinos sigan teniendo un papel importante y decisivo en estas sociedades…”, “…en el que el campesinado juegue un papel vertebral, donde desarrollo no sea sinónimo de industrialización, de capitalismo y de modernización…”.
Se propone otra concepción diametralmente opuesta sobre lo que se ha venido considerando desarrollo rural. Éste ya no puede ser más sinónimo depredación de la economía campesina y de poner a las comunidades indígenas en manos de las transnacionales agroalimentarias y sus monocultivos exportadores. Implica también defender el carácter social de los recursos naturales imprescindibles: la tierra, el agua y la biodiversidad.
Sin embargo, esta necesidad de repensar el progreso, choca frontalmente hoy en Latinoamérica con lo que alguien ha denominado la “última conquista”. Efectivamente, asistimos en todo el subcontinente a una fiebre irrefrenable de los capitales (nacionales y transnacionales) por ocupar el territorio para la extracción de todo tipo de recursos naturales: minería, gas y petróleo, privatización del agua, piratería de la biodiversidad, plantaciones para agrocombustibles, etc.
Es necesario construir una modernidad alternativa, más justa, inclusiva de todas las culturas, que consiga reestablecer un nuevo equilibrio entre campo y ciudad, que sepa gestionar con inteligencia y respeto los recursos naturales, que reconozca el papel fundamental de las mujeres campesinas, que ofrezca horizontes a la juventud, que parta del desarrollo endógeno desde lo comunitario, lo local y lo regional. No será posible garantizar la seguridad alimentaria de un país, mientras trabajar y vivir en el agro sea como una condena. |
| ● Concentración de la propiedad agrícola |
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Recientemente dos empresas han adquirido del Estado en el valle de Chira,
en el depar-tamento de Piura, 10 mil y 3.6 mil hectáreas de tierras eriazas,
con sus respectivos derechos de agua, para plantaciones de caña de azúcar
destinadas a la producción de etanol para exportación. La arremetida de los
agrocombustibles también está propici-ando la concentración de la propiedad
sobre decenas de miles de hectáreas en la selva alta para la siembra de
palma aceitera, como insumo para la producción de biodiesel. Dada la falta
de titulación de muchos pequeños agricultores y comunidades, el despojo es
parte de los mecanismos utilizados para lograr la acumulación de terrenos.
Por otro lado, sobre todo en los valles de los departamentos de Piura,
Lambayeque, La Libertad e Ica, pequeños agricultores que se encuentran
en una precaria situación eco-nómica como resultado de largos años de bajos
precios agrícolas, se han visto obligados a vender o arrendar.
También ha habido grandes adquisiciones, como las del grupo Gloria,
que adquirió las ex cooperativas agroindustriales azucareras Casagrande y
Cartavio, lo que le permite hoy prácticamente dominar el valle de Chicama.
La concentración de la propiedad tiene varias consecuencias no deseables.
En primer lugar, tiende a profundizar las diferencias socioeconómicas
entre un reducido grupo de propietarios y la masa laboral. Esto es tanto más
cierto cuanto las condiciones laborales y los niveles salariales en el campo
son muy bajos, y las dificultades para formar sindicatos son con frecuencia
infranqueables.
En segundo lugar, tiende también a concentrar el poder político local,
otorgando a los grandes empresarios una gran influencia sobre los gobiernos
locales. Una ilustración: la empresa Maple, que opera en el valle del Chira,
entregará durante veinte años medio millón de dólares anuales al gobierno
regional. Difícilmente éste podrá sustraerse a dar un trato preferencial a
dicha empresa.
Finalmente, el tejido social en un valle dominado por la gran empresa será
mucho más débil que en uno en donde predomina la mediana y pequeña
propiedad, en el que los niveles de independencia de las familias para definir
la naturaleza de las relaciones con la sociedad local son mucho mayores. En
suma, el dominio territorial de la gran propiedad no favorece la democratización
social y política local.
Las concesiones son otro medio de transferir tierras en espacios rurales
a grandes empresas, sobre todo extractivas. En esto también el gobierno
mantiene una línea de continuidad con gobiernos anteriores. Según la ONG
Cooperacción, entre 2002 y mayo de 2007, la cantidad de terrenos autorizados
por el gobierno central para la actividad minera se disparó en 77.4%: de
7 millones 45 mil hectáreas a 13 millones 224 mil.
Los denuncios petroleros correspondientes a 27 empresas se extienden
sobre 44 millones de hectáreas en la cuenca amazónica. En 26 de ellos hay
tierras indígenas y en cuatro tierras de reservas territoriales para pueblos
indígenas en aislamiento, lo que viola el convenio 169 de la OIT. Por otro lado,
las concesiones forestales suman 7.6 millones de hectáreas. Ha habido iniciativas
del Poder Ejecutivo para que las concesiones puedan convertirse en
propiedad, haciendo más difícil de lo que ya es la sanción a las empresas que
incumplen las normas para una explotación sostenible del bosque. (FE) |
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