Nuestra principal riqueza exportable es la biodiversidad de estas zonas, el ecoturismo,
el manejo integral y sostenible de los bosques –no su tala y quema para productos de exportación –, la captura de carbono y los fondos disponibles para ello. Insistir en el Programa de Desarrollo Alternativo impulsado por USAID y ONUDD en los últimos 20 años, además de continuar “adictos al fracaso”, es impulsar la eclosión ecológica y un verdadero Plan de Destrucción de la Agricultura Amazónica (PDA) en reemplazo de los cultivos de hoja de coca.

El camino para la selva alta es otro:

1) catastro y empadronamiento para apoyar la organización gremial y empresarial de agricultores cocaleros y no cocaleros;

2) consulta con los agricultores y profesionales que conozcan los límites agropecuarios de selva alta;

3) estrategia orientada principalmente a mercados locales, regionales y nacionales;

4) sostenibilidad alimentaria, basada en biohuertos y minigranjas (aves menores y cuyes) junto con acuicultura (no tilapia, sino paco, gamitana, paiche y caracol) y zoocriaderos (picuro y ronsoco), para proteínas y nutrición familiar;

5) agro-forestería en pequeña producción con agricultura orgánica (biol y cobertizos) y siembra por contrato, crédito campesino supervisado y asistencia técnica en la chacra;

6) programa de desarrollo forestal con especies de corta y mediana maduración
y no maderables como castaña y caucho, asociado con acuicultura, apicultura y ovino de pelo (no vacas); y,

7) ecoturismo y turismo vivencial sustentable, articulado a cadenas de valor locales. (HCC)

EXIGIMOS:
7. Se proteja a las mayorías del alza de precios de los alimentos aplicándose una política de seguridad y soberanía alimentaria; promoviéndose la producción agropecuaria nacional en particular de los pequeños agricultores y campesinos y nativos, mediante riesgo tecnificado de bajo costo, crédito accesible, seguro agrario, apoyo a la comercialización para eliminar a los intermediarios abusivos, promoción de la agroecología y de técnicas adecuadas, derecho a la semilla, capacitación de campesino a campesino; y controlando a los oligopolios importadores y procesadores de alimentos para reducir sus abusivos márgenes de ganancia. A nivel internacional debe
suspenderse la política de los países europeos y de los EE.UU. de promover la siembra para agrocombustibles de manera indiscriminada.

8. Se respete y revalorice internacionalmente el consumo y producción de la hoja de coca, considerando que coca no es cocaína, que cultivador de coca no es traficante de drogas y que el consumidor de coca no es drogadependiente. No se debe criminalizar a cultivadores y consumidores de coca y debe cesar la erradicación forzosa, impulsando un verdadero desarrollo rural integral sostenible y humano en los valles en los que se cultiva coca. Rechazamos la invocación reciente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) para prohibir el uso tradicional de la hoja de coca.

Una de las razones fundamentales por las que el precio de la papa en Andahuaylas, en Ayacucho y en el resto del país es bajísimo, es que los obreros peruanos se encuentran empobrecidos. Lo mismo vale para la quinua, el choclo o el tomate.

Un obrero limeño gana, en promedio, 970 soles mensuales, lo que no alcanza para sacar de la pobreza a una familia de cinco personas. En los últimos diez años, los salarios prácticamente no han aumentado en términos reales; se han quedado en el deprimido nivel que los dejó la hiperinflación y el fujishock. El crecimiento definitivamente no ha “chorreado” a los trabajadores. La capacidad adquisitiva –la posibilidad de comprar– de los obreros y empleados peruanos, es mínima y no aumenta.

Pero, ¿qué tiene que ver esto con los paperos de Huánuco o Huancavelica? Pues que los que compran papas son sobretodo las millones de familias que viven estirando cada mes su salario para sobrevivir, incluyendo el pago de las cuentas de agua y luz, la compra de medicinas que el hospital público no le da gratis y los útiles y uniformes para mandar sus hijos al colegio. Como esas familias trabajadoras no tienen más ingresos y sí más presión por realizar otros gastos, no pueden comprar más alimentos.

Ante la escasez de compradores, el precio tiene que bajar. La falta de demanda de los trabajadores urbanos deprime el precio de la papa y demás alimentos nacionales. Además, en la última década los campesinos han sido exitosos en aumentar la productividad de sus chacras, con el paradójico efecto de deprimir aún más los precios, porque generan una mayor producción que no tienen donde colocar. Así, la pobreza urbana se trasmite al campo y frena su desarrollo. La solución radica en mejorar los salarios urbanos, reestableciendo condiciones de justicia en las relaciones laborales hoy caracterizadas por una completa dominación patronal.

La falta de demanda urbana, por cierto, no es la única razón por la que los paperos están arruinados. Los enormes subsidios que las grandes potencias económicas mundiales otorgan a su agricultura, abarataron los alimentos importados durante décadas, generando otro efecto que deprimió los precios de los productores agrarios. Un TLC mal negociado empeorará esta situación en las décadas siguientes, aunque en el corto plazo los altos precios internacionales los ayudan. Ojalá el programa de compensaciones anunciado sirva para paliar aunque sea parte de este efecto.

Otra razón de los bajos precios recibidos por los campesinos es la falta de carreteras hacia la sierra y los problemas en la comercialización, que hacen que la diferencia entre el precio que se paga en Lima y el precio que recibe el campesino sea grande. Claro, si el camino está cerrado varios meses por las lluvias, si cuando está abierto circular por él demora horas y desgasta con rapidez hasta los camiones más recios, el costo de transporte es alto y será menos lo que les paguen a los campesinos. El Estado debería invertir más en carreteras y caminos rurales, y hoy sólo apoya al 15% de los caminos rurales.

Si además nadie regula a los intermediarios abusivos, la cosa empeora. Ahora que están de moda las “cadenas productivas”, habrá que recordar que las cadenas pueden servir para que un vehículo fuerte arrastre a otros menores pero también puede servir para quitarle libertad a la gente y condenarla a la pobreza. Empresas modernas, agroindustriales o comercializadoras, pueden servir para promover mejoras tecnológicas pero también pueden abusar de su posición monopólica para imponer precios abusivos. La organización de los productores y una acción reguladora del Estado –a la que el actual Indecopi ha renunciado– deberían asegurar un mercado competitivo y justo.