El 5 de octubre del año pasado, se difundieron unos audios donde Alberto Químper (Ejecutivo de Perú Petro) y Rómulo León (ex ministro aprista) discutían sobre pagos para ayudar a la empresa noruega Discover Petroleum a ganar contratos petroleros en territorio peruano. La cuestión es que, efectivamente, la empresa noruega Discover logró una asociación con Petroperú, que le era indispensable para postular a la licitación de los lotes petroleros. Petroperú realizó esa asociación de manera poco transparente y solamente con esa empresa.

Finalmente, Discover ganó el contrato que quería para explotar nuestro petróleo. En una frase que lo revela todo, Rómulo León le dice a Químper que habían hecho un “faenón”. Este hecho originó la salida del premier Jorge del Castillo y de algunos otros ministros mencionados en los petroaudios.

Más adelante, se conocería que la empresa Business Track (BTR) era la compañía solventada para realizar las intervenciones telefónicas y se detendría a algunos de sus funcionarios, quienes sorpresivamente terminaron siendo cercanos al congresista y vicepresidente Luis Giampietri.

DEMORA Y EXCULPACIÓN

Petrotech: la historia continúa La venta de la empresa petrolera Petro-Tech a una alianza entre la estatal coreana KNOC y la estatal Ecopetrol de Colombia, se realizó en medio de acusaciones sobre su participación en la interceptación ilegal de los llamados “petroaudios”. Además, se generó un debate público en torno a que los impuestos de dicha transacción –que tiene a la base una concesión del Estado peruano– hayan sido pagados en Estados Unidos sin que el fisco peruano recibiese un sol. El Congreso formó una Comisión para investigar esta venta, superando las resistencias del presidente García quién afirmó que solo las irregularidades en la devolución de impuestos serían materia de la Comisión. Esta Comisión Investigadora acaba de dar a conocer su informe final, en el que se establece que dicha venta sí debe pagar impuestos en el Perú. Como la empresa se vendió por US$ 900 millones, el impuesto a la renta de 30% asciende a US$ 270 millones, cifra que los peruanos hemos dejado de recibir. Dice el informe de la Comisión que en la venta de Petro-Tech no se respetaron los derechos de Petroperú (después sustituida por Perupetro). Afirman que conforme al artículo V del Código Civil este acto jurídico carece de validez porque contraviene normas de orden público. Respecto al no pago de impuesto a la renta en el Perú, dice la Comisión: “resulta a todas luces infundado desde una perspectiva jurídica sostener que una transferencia indirecta del capital accionario con derecho a voto dentro del propio Contratista pueda ser el medio eficaz y eficiente para enervar o anular la potestad estatal de soberanía en el aprovechamiento de los recursos naturales”. La Comisión alude a las maniobras de Mr. Kallop, dueño de Petro-Tech, para lesionar los derechos del Estado peruano. Estamos a la espera de que la SUNAT cobre esos 270 millones de dólares que tanto bien le podrían hacer a nuestra salud pública o nuestra educación. El Informe también describe cómo Petro-Tech, durante varios años, utilizó el IGV –que le era reembolsado por Perupetro– como un crédito fiscal ante Sunat para disminuir el pago del impuesto a la renta. Esto cuesta al fisco nada menos que US$ 78 millones, lo que ha sido ya acotado por Sunat. También dice la Comisión que los montos que declara pagar Petro-Tech a Sunat por impuesto a la renta desde 1994 al 2007 “no cuadran” por lo que hay “una considerable suma registrada a favor de Petro-Tech”. Otros expertos y congresistas señalan que el propio contrato de concesión del lote petrolero a Petrotech, suscrito durante el gobierno de Fujimori en 1993, es nulo, debido a que nunca fue aprobado en el Consejo de Ministros, como lo demandaba la ley peruana. La Comisión también ha mostrado vínculos entre Petro-Tech y Business Track (viajes de Giselle Gianotti), todo lo cual tiene relación con el escándalo de los petroaudios, realidad que se quiere barrer bajo la alfombra.

A siete meses de ocurrido este caso, aún no se analiza el material incautado a la empresa BTR y esto “gracias” a las trabas de la parte judicial: la Corte Superior de Lima y la Fiscalía de la Nación.

Por otro lado, en el caso de los detenidos o involucrados por estar mencionados en los petroaudios (Rómulo León Alegría, Alberto Químper, Fortunato Canaán , Ernesto Arias Schreiber y Rómulo León Romero), se conoce que el 29 de abril fueron exculpados por el cargo de asociación ilícita para delinquir, el delito más grave por el que fueron acusados.

Si bien todos los exculpados seguirán siendo procesados por otros presuntos delitos, el cargo de asociación ilícita para delinquir tiene una pena que va entre 8 y 15 años de prisión. Sin embargo, la importancia de considerar este delito va más allá que la pena que podría imponerse a estos amigos imputados.

De considerarse el delito por asociación ilícita para delinquir se daría cuenta de que el caso del faenón petrolero no se trató de un hecho aislado, sino de un acto que formaba parte de una red de corrupción, pues se trataba de varios negocios que, si bien fueron frustrados, eran potenciales focos de corrupción. He ahí la importancia de considerar este delito. Sin embargo la Tercera Sala Anticorrupción, presidida por Iván Sequeiros, quien archivó también el caso de la falsificación de firmas de Perú 2000, exculpó a los personajes mencionados, apoyándose en lo resuelto en primera instancia por el juez anticorrupción Jorge Barreto.

EL TREMENDO JUEZ BARRETO

Barreto, sin embargo, es un juez a quien podemos recordar por casos controvertidos tales como el reemplazo de la orden de detención por la de libertad condicional para Vladimiro Montesinos y su testaferro Alberto Venero en el proceso por tenencia ilegal de armas, en abril del año 2002. Por otro lado, tanto la Oficina de Control Distrital de Magistrados (ODICMA) como la OCMA le abrieron investigaciones por liberar al Venero y adelantar opinión en el caso Luchetti respectivamente.

Pero además, no es la primera vez que el juez Barreto favorece a Rómulo León en el caso de los “petroaudios”. En octubre del año pasado decidió poner en la congeladora la investigación sobre el caso y los dos mil e-mails de la computadora del ex ministro aprista y, como si fuera poco, se negó a autorizar el descerraje de cinco propiedades en Lima en las cuales se presumía que Rómulo León podría estar escondiéndose de la justicia. ¿Coincidencias?

Resulta fundamental mantener la atención en el caso de corrupción más fuerte de este régimen pues hay aún, muchas aristas sin observar. No olvidemos que la exculpación de estos personajes abre la opción de que otros implicados sean exculpados y ello apunta a que este caso no toque al Presidente Alan García. ¿Permitiremos la impunidad para los corruptos?