El asco es una emoción que surge cuando buscamos inconscientemente una manera de cuidarnos de algo contaminante. Es una emoción de doble entrada: puede ser muy negativa al convertirse en un elemento jerarquizador, pero puede ser muy productiva cuando permite cohesionar a un grupo en peligro de contaminación. La pregunta se refiere a la alta tolerancia a la corrupción que tenemos los peruanos y a nuestra permisibilidad frente a actos corruptos. Tal vez simplemente nos hemos acostumbrado a su pestilencia y nos hemos dejado embaucar por ese brillo de putrefacción. Porque el asco se deja de sentir cuando se traspasan los límites y los miasmas se instauran como un halo excrementicio que todo lo permea.

Nunca antes en la historia peruana se había instalado, desde los más altos niveles gubernamentales, una maquinaria de corrupción tan grande y a su vez tan efectiva como aquella que pusieron en marcha Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori. ¿Cómo fue posible que una red de dimensiones industriales pudiera controlar con tal perfección a tantas personas de tan diferente condición? Esta pregunta latente ha sido la clave para que, desde el mismo gobierno de transición del presidente Valentín Paniagua, en abril de 2001, se instituyera en el Perú una organización estatal para frenarla: la Comisión Nacional Anticorrupción, que forma parte del Plan Nacional Anticorrupción.

Luego de la caída de Montesinos, se han incriminado a 1,453 personas en 147 procesos por delitos de corrupción (gracias a las pruebas mediáticas: los “vladivideos”). Para entender la forma como fue montada esta maquinaria de corrupción es preciso tener en consideración que en el Perú la tolerancia a la corrupción es muy alta y el Índice de Percepción de Corrupción en el Perú es cada vez más bajo: según Transparencia Internacional, en el 2001 fue de 4,1 y en el 2008 de 3,6, siendo el puntaje de 10 el de mayor transparencia. Esto significa que la tolerancia a los actos de corrupción ha crecido desde la caída del fujimontesinismo y se ha convertido incluso en parte del sentido común, mentalidad inculturada profundamente en el imaginario criollo.

“Que robe, pero que haga” es una máxima de nuestra institucionalización de lo político, un ejercicio de la administración pública eficiente a cambio de que el corrupto pueda “ganarse alguito”. Estos son indicadores de una cultura que se organiza éticamente en torno a mediaciones y conciliaciones con todo tipo de actos inmorales e ilegales y cuyo origen, sin duda, deviene de una serie de hábitos jurídicos y cívicos que se iniciaron con el Virreinato y las dificultades para mantener en orden una administración colonial tan amplia y lejana.

Muchos autores han reflexionado, desde la ética y la política, sobre el funcionamiento de esta tolerancia a la corrupción y la cultura criolla, pero son pocos los que se han preguntado cómo funciona la estructura moral del trasgresor de la normatividades para poder organizar sus actos a partir de una razón de Estado mafiosa. Precisamente ese es el espacio donde se deben desarrollar más investigaciones para poder entender el modus operandi de nuestras significaciones sociales imaginarias y la forma como las transmitimos, ¡con cuánta eficiencia!, de generación en generación.